Santiago, RD Herald. – El Ministerio Público de República Dominicana investiga a por lo menos diez personas por su presunta participación en un plan para atentar contra la vida del presidente Luis Abinader, según consta en una solicitud de medida de coerción presentada ante las autoridades judiciales.
El expediente, compuesto por 57 páginas, sostiene que los investigados habrían utilizado diferentes plataformas de comunicación para intercambiar información, organizar actividades y coordinar un supuesto ataque que, según la acusación, estaba previsto para el viernes 6 de noviembre.
La información constituye una acusación formal bajo investigación. No existe una sentencia judicial que establezca la culpabilidad de las personas señaladas.
DIEZ PERSONAS BAJO INVESTIGACIÓN
Las autoridades identifican a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como uno de los principales investigados.
Según la solicitud de coerción, De la Cruz Sosa habría administrado un grupo de comunicación denominado «Trinitarios Élite».
La Fiscalía atribuye a diferentes integrantes de la supuesta estructura funciones relacionadas con coordinación, reclutamiento y organización.
El expediente menciona a por lo menos diez personas.
Sin embargo, la inclusión de un nombre en una investigación no demuestra por sí misma responsabilidad penal.
Corresponde a los tribunales evaluar las pruebas presentadas y determinar las responsabilidades individuales.
EL SUPUESTO ATAQUE DEL 6 DE NOVIEMBRE
De acuerdo con el Ministerio Público, el atentado habría sido planificado para coincidir con actividades relacionadas con el Día de la Constitución.
La acusación señala como posible escenario las instalaciones del Congreso Nacional.
No obstante, la fecha y el lugar forman parte de la hipótesis investigativa.
No se ha demostrado judicialmente que existiera un plan operativo listo para ejecutarse.
Tampoco se ha confirmado que el presidente estuviera presente en el lugar señalado durante la fecha indicada.
LAS COMUNICACIONES DIGITALES
Los investigadores sostienen que los implicados habrían utilizado servicios de mensajería y redes sociales para mantener contacto.
La Fiscalía examina esas comunicaciones como parte de las evidencias del caso.
Sin embargo, la utilización de plataformas digitales no constituye por sí sola una actividad delictiva.
La relevancia judicial dependerá del contenido de los mensajes, su autenticidad, el contexto y la vinculación individual de cada investigado con los hechos denunciados.
DOS PERSONAS DETENIDAS
Las informaciones disponibles indican que dos personas fueron detenidas o quedaron bajo custodia de las autoridades en relación con el expediente.
Para De la Cruz Sosa, el Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva.
Otro investigado, identificado como Leomar Antonio Brens Brito, se entregó voluntariamente a las autoridades.
Al momento de la información consultada, su situación procesal todavía requería definición judicial.
La solicitud de prisión preventiva no equivale a una condena.
LOS DELITOS IMPUTADOS
El Ministerio Público atribuye provisionalmente delitos relacionados con asociación de malhechores y tentativa de actos de terrorismo.
La calificación jurídica deberá ser examinada por los tribunales.
Para establecer responsabilidades, las autoridades tendrán que demostrar los elementos exigidos por la legislación penal.
La defensa de los investigados también tendrá derecho a cuestionar las pruebas y presentar sus argumentos.
UN CASO DE ALTA SENSIBILIDAD INSTITUCIONAL
La gravedad de las acusaciones exige una investigación rigurosa.
También requiere evitar conclusiones anticipadas que puedan afectar el debido proceso.
La protección de las autoridades públicas constituye una responsabilidad del Estado, pero las investigaciones deben desarrollarse dentro del marco legal.
LOS PRÓXIMOS PASOS
El procedimiento judicial deberá determinar las medidas de coerción correspondientes y evaluar las evidencias presentadas.
También será necesario establecer si existen otros investigados y precisar las circunstancias de la supuesta planificación.
