Santiago.-Murió la tarde de este martes un prestamista que había sido baleado al mediodía por dos desconocidos cuando entraba a su casa, en la calle Colón número 80 en Moca.
La víctima es el señor Marcos Antonio Monegro Guaba, quien falleció en el Hospital Metropolitano de Santiago (Homs).
Los dos hombres viajaban en una motocicleta y se desconoce el motivo por el que dispararon contra el prestamista, ya que no lo despojaron de ninguna pertenencia.
Al menos tres personas muertas y varias heridas fue el saldo de un tiroteo que se produjo la tarde de este martes en el sector Ponce, de Los Guarícanos, supuestamente un problema de una herencia.
Los muertos fueron identificados como Arisnes Medina y su hijo Gerardo Medina y la esposa de éste Yinet Payano, y los motivos aparente fue por una litis judicial de una vivienda.
Los tres fueron asesinados por un hombre llamado Luis, quien se encuentra prófugo y que supuestamente había perdido la litis.
hecho ocurrió en una parada de guaguas del mencionado sector a eso de las 2 de la tarde.
El periódico brasileño Veja.com informó que el testimonio dado este lunes (ayer) por Hilberto Silva, ejecutivo de Odebrecht, a la Corte Electoral, confirma que esa empresa constructora financió campañas electorales en cinco países, entre los cuales se incluye a la República Dominicana.
La transferencia de dinero se llevó a cabo, según Hilberto Silva, a través de la empresa de Joao Santana, quien trabajó en campañas electorales en República Dominicana, El Salvador, Angola, Venezuela y Panamá, todas financiadas por Odebrecht.
Joao Santana, siempre de acuerdo con la publicación, habría recibido recursos en efectivo y fue uno de los cinco mayores receptores de recursos provenientes de Odebrecht, mediante la oficina que dirigía el propio Hilberto Silva.
Aunque la publicación no entra en detalles, en la República Dominicana el experto en propaganda Joao Santana trabajó al servicio del presidente Danilo Medina, tanto para la campaña de 2012 como para la de 2016 cuando logró la reelección.
Desde República Dominicana, Joao Santana y su esposa Mónica Moura fueron requeridos por las autoridades de Brasil, las cuales los acusaron de estar vinculado al caso de corrupción Lava Jato, escándalo en que también está involucrada la empresa Odebrecht. Ambos, Santana y Moura, fueron condenados.
El portal de filtraciones WikiLeaks difundió hoy detalles de un programa encubierto de «hacking» de la CIA estadounidense, como parte de una serie en siete entregas que define como «la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia».
WikiLeaks, dirigido por Julian Assange, había planeado una rueda de prensa a través de internet para presentar su proyecto «Vault 7», pero posteriormente anunció en Twitter que sus plataformas habían sido atacadas y que intentará comunicarse más tarde.
En un comunicado, el australiano, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, dijo que la filtración de hoy es «excepcional desde una perspectiva legal, política y forense».
Denunció además que «hay un gran riesgo de proliferación en el desarrollo de armas cibernéticas», que resulta de la incapacidad de las agencias de seguridad para controlarlas una vez las han creado y su «alto valor de mercado».
Según explica WikiLeaks, esta primera entrega, llamada «Year Zero» y en la que se exponen los sistemas de «hacking», software malicioso y armas cibernéticas empleadas por la agencia de espionaje estadounidense, comprende 8.761 documentos y archivos, procedentes de «una red aislada y de alta seguridad situada en el Centro de Inteligencia Cibernética de la CIA en Langley, Virginia».
El portal de filtraciones señala que obtuvo los documentos de una persona que tuvo acceso a ellos cuando la CIA perdió el control informático sobre los mismos.
WikiLeaks explica que recientemente «la CIA perdió el control sobre la mayor parte de su arsenal de ‘hacking’, incluido software malicioso, virus, troyanos, ataques de día cero, sistemas de control remoto de software malicioso y documentos asociados».
Esta colección de «varios cientos de millones de códigos» dan a su poseedor «la capacidad de ‘hacking’ íntegra de la CIA», asegura en su comunicado.
Según explica el portal, la colección llegó a manos de antiguos «hackers» del Gobierno y otros agentes de manera «no autorizada», y uno de ellos «proporcionó a WikiLeaks porciones del archivo».
Añade que «Year Zero» expone el alcance y la dirección del programa de ‘hacking’ encubierto de la CIA, lo que incluye arsenal malicioso y docenas de posibles ataques de día cero -a través de fallos de software- contra varios productos.
Estos productos incluyen, de acuerdo con el portal de Assange, el iPhone de Apple, el Android de Google, Windows de Microsoft y televisiones Samsung, que pueden transformarse en «micrófonos encubiertos».
WikiLeaks señala que la CIA ha ido aumentando sus capacidades en la lucha cibernética hasta rivalizar, «con incluso menos transparencia» con la NSA, la otra agencia de seguridad estadounidense.
El portal también revela que, además de su centro en Langley, la CIA utiliza el consulado de Estados Unidos en Fráncfort «como una base encubierta para sus ‘hackers’ en Europa, Oriente Medio y África».
WikiLeaks dice que, al difundir toda esta documentación, ha tomado cuidado de no distribuir «armas cibernéticas cargadas» hasta que «emerja un consenso sobre la naturaleza política y técnica del programa de la CIA y de cómo tales ‘armas’ deben ser analizadas, desactivadas y publicadas».
Julian Assange dirigió la difusión de «Vault 7» desde su residencia en la embajada de Ecuador, donde se refugió el 19 de junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que le reclama para interrogarle sobre un delito sexual que él niega.
Durante el pasado año 2016, la Junta de Aviación Civil realizó gasto de alrededor de 16 millones de pesos, solamente en comidas y bebidas entre funcionarios y empleados de ese organismo, revela la Ejecución Presupuestaria publicada en la página web de la institución, monto este considerado como alarmante por personas ligadas al movimiento aeroportuario.
La cifra de dinero del estado gastado en comidas y bebidas en la JAC, durante la presente gestión del dirigente perredeísta, Luis Ernesto Camilo y de la anterior administración que encabezó, el capitán Roger Jover es considerada como alarmante, ya que la misma tiene una nómina por debajo de los 200 empleados.
Además, la Junta de Aviación Civil ejecutó gastos por 6 millones en viáticos fuera del país y unos 5 millones de pesos en dietas en el país, en el mismo periodo de enero 2016 a enero de 2017, datos consignados en su ejecución presupuestaria del año anterior.
Asimismo, la JAC tuvo gastos de más de 5 millones en combustibles, lo que resulta elevado si se toma en cuenta que es un organismo que no tiene ese movimiento de actividades diarias.
Estas erogaciones que resalta la Página Web de esa institución se ejecutaron durante la gestión del capitán Roger Jover y la actual administración del dirigente perredeísta de Luis Ernesto Camilo, todas en el año 2016.
La última nómina de la gestión del Capitán Roger Jover en la JAC, cerró en septiembre del año pasado con 121 empleados.
Sin embargo, en octubre del 2016, luego de la designación de Camilo en la Presidencia de la JAC, se produce una espiral en la nómina de empleados, y ya en enero del 2017 se eleva el número de empleado en esa institución a 182 empleados.
La Junta de Aviación Civil (JAC), es una dependencia del Poder Ejecutivo, organismo creado mediante la Ley No. 491-06, en el año 2006, con la finalidad de dictar las políticas aerocomerciales, regular los aspectos económicos del transporte aéreo y la importante misión, como entidad dependiente del Ejecutivo, de Asesorar al Presidente de la República en todo lo relacionado con la Aviación Comercial de la República Dominicana.
Por Ray Castro para el Nuevo Diairo
La productora y conductora del programa televisivo Nuria Investigación Periodística presentó más elementos que demuestran que sí hubo irregularidades en una contratación pública en Pro Competencia, entidad estatal presidida por Yolanda Martínez.
Nuria Piera respondiendo a los alegatos presentados por Yolanda Martinez de que ella se habia inhibido de participar en los procesos de licitación para hacer trabajos a ProCompetencia dijo tener documentos que de plano refutan esas alegaciones.
Nuria tabien invitó a la presidenta de ProCompetencia a divulgar por completo la entrevista que el programa le realizó al empleado que ésta delegó para responder preguntas que sólo Martínez podría aclarar.
Tambien Nuria reafirmo que La empresa favorecida con el contrato es Producciones Tiki Taka. Dicha entidad comercial cuenta con dos socios, la sociedad K10 Group, una compañía organizada con las leyes de Panamá, es decir una sociedad offshore, representada por Fernando Alonso Fernández y registrada en Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por Muriel Alexandra Alfonseca Montes de Oca, hermana de Mike Alfonseca, quien es la pareja sentimental de la directora de Pro Competencia, Yolanda Martínez.
Yolanda Martinez presidenta de ProCompetencia presento ayer distintos alegatos justificando la elección de la entidad representada por su compañero sentimental para el re diseño del logo de ProCompetencia en franca violación a la Ley de Compras y Contrataciones y la Constitución de la República.
Los empleados de la firma Seguros Constitución no podrán cobrar sus prestaciones hasta que el Tribunal Superior Administrativo no emita un fallo, ya que sus ejecutivos elevaron un recurso de amparo ante el Tribunal.
El doctor Euclides Gutiérrez Félix emitió una nota aclaratoria en la que precisa que “en relación a la preocupación y justa demanda externada en algunos medios de comunicación por los exempleados de la suspendida empresa Seguros Constitución, esta Superintendencia de Seguros aclara, que debido al recurso de amparo interpuesto por los principales ejecutivos de esa empresa ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la ley no nos permite utilizar ningún recurso activo o pasivo”, sin que antes ese tribunal emita un fallo al respecto de la acción incoada por la revocada empresa”.
Expresó que “como ha sido la norma en todo proceso de liquidación de las compañías de seguros, las cuales hemos manejado su proceso de manera transparente, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, siempre se toma en cuenta, primero el debido resarcimiento o liquidación de los empleados, por lo que, lamentamos la situación en que por circunstancias ajenas a nuestros deseos, están involucrados el capital humano de Seguros Constitución”.
Pidió paciencia a los antiguos empleados de la entidad en liquidación.
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que acudió hoy a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una “maniobra político-judicial” contra ella.
La exmandataria, acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio.
Aunque no declaró ni contestó preguntas, la exmandataria presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa. “Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza”, remarcó Fernández en el texto divulgado a través de sus cuentas en las redes sociales.
En el extenso escrito, titulado “De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner reitera que se siente objeto “de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes” en el país. “Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última”, dice Fernández, imputada en varias causas y procesada judicialmente en dos- una que investiga operaciones del Banco Central bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
El expediente por el que fue citada hoy investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias. “Los contratos de alquiler (…) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa”, asevera la ex jefa de Estado.
“Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario”, subraya Fernández, quien reclama tener “derecho a ser juzgada” por “un juez imparcial”.
En su opinión, se trata de una circunstancia “que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio”. “Sólo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces (…) han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado”, sentencia en el escrito presentado a Bonadio. “A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas- contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública.
Un verdadero escándalo jurídico y político”, reprocha Fernández. Por último, advierte de que por la persecución a la que se ve sometida podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales de justicia. EFE
41 paquetes de marihuana le fueron encontrado a un Teniente Coronel de la Policía Nacional cuyo nombre no ha sido revelado aun por esa institución.
El oficial transportaba la droga junto a otros cuatro hombres también sin identificar hasta el momento. El hecho ocurrió en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.
Tal y como lo habia anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump de que sutituiria el plan Obamacare con una nueva formula, el liderato republicano de la Cámara de Representantes divulgó esta noche las dos medidas con las que persiguen desmantelar la ley Obamacare y reformar el programa de Medicaid.
Las primeras lecturas que se han hecho sobre las medidas no parecen incluir lenguaje sobre Puerto Rico, que se enfrenta a un abismo fiscal de cerca de $1,200 millones anuales debido al agotamiento quizá a finales de año de los fondos de Medicaid asignados por Obamacare.
“Esa legislación va a cambiar”, dijo esta noche el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader.
La legislación republicana busca derogar Obamacare y sustituir los subsidios que otorga ese estatuto para los que adquieren un plan médico por créditos contributivos.
Una de las medidas también persigue reformar Medicaid, convirtiéndolo en un programa de asignaciones en bloque y con un tope, como ocurre en Puerto Rico.
Pero, los expertos vinculados a Puerto Rico que han leído esta noche las dos medidas no han encontrado algún lenguaje que indique que los líderes republicanos de los comités de Medios y Arbitrios, y Energía y Comercio de la Cámara baja ofrecen con sus iniciativas alguna respuesta al abismo fiscal en el sistema de salud de la Isla.
Cuando se aprobó Obamacare, recordó un cabildero demócrata, tampoco hubo inicialmente ninguna iniciativa para Puerto Rico. En aquel entonces, hubo que legislar aparte las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico, como una medida que suplementó Obamacare.
El plan del liderato del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes es llevar a votación el miércoles el proyecto que deroga y reemplaza Obamacare. Lo mismo prevé hacer el Comité de Energía y Comercio con su legislación, que es la que establece los cambios a Medicaid.
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