En Puerto Rico, expertos alertan que políticas migratorias de Trump afectarían a la Isla

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El futuro de los inmigrantes indocumentados en Puerto Rico está en peligro ante las nuevas directrices de control migratorio que implementó el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye acelerar el proceso de deportación de estos extranjeros en Estados Unidos, advirtieron varios expertos.
El antropólogo Jorge Duany dijo a El Nuevo Dia que en la Isla el campo de la inmigración está ocupado por la legislación, regulación y políticas del Gobierno federal; y como Puerto Rico no tiene una política migratoria, las repercusiones contra los indocumentados están latentes.

“Me parece que sí tendrá un efecto sustancial. La distinción entre el Gobierno federal y estatal es bastante marcada porque todo lo que tiene que ver con detención y deportación de indocumentados está a cargo del Gobierno federal”, destacó el académico.

Las nuevas directrices anunciadas ayer por el gobierno de Trump establecen que deportarán a indocumentados que han cometido cualquier tipo de delito, ya sea por haber cometido fraude en un trámite oficial, que sean considerados una amenaza para la seguridad pública o que han abusado de los beneficios sociales. Además, contratarán a 15,000 nuevos agentes migratorios para acelerar la salida del país de los inmigrantes ilegales.

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Con estas nuevas normas, unas 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos están en la mira.

En Puerto Rico, según la Oficina del Censo federal, viven legalmente unas 100,000 personas de origen extranjero, entre estos dominicanos, cubanos, venezolanos, europeos, entre otras nacionalidades. Esa cifra no incluye a los indocumentados, que, según expertos, puede ser un número bastante alto superando los 100,000.

Lizbelle Andino, abogada experta en inmigración, señaló que hay inmigrantes indocumentados en la Isla preocupados por estas nuevas directrices. Recordó que antes de que Trump llegara al poder, las deportaciones de los inmigrantes no prioritarios se habían detenido pero este panorama va a cambiar.

“El haber entrado a Puerto Rico por una necesidad, por buscar un futuro mejor, te hace ahora ser una prioridad (para la deportación)”, señaló la licenciada.

Preocupación legislativa

Ante este panorama, el senador popular Eduardo Bhatia radicó hoy tres proyectos de ley para hacer a Puerto Rico una especie de ciudad santuario para la comunidad inmigrante en la Isla.

Los Proyectos del Senado 335, 336 y 337 establecen dar un trato justo y equitativo a las personas extranjeras, no importa su estatus migratorio, que buscan obtener servicios de salud, educación y recibir ayuda legal en Puerto Rico.

“La motivación principal de esto es que la nueva política pública del presidente Trump, es una amenaza y hay ciudades como San Francisco y Nueva York que han dicho que se van a convertir en ciudades santuario para proteger a los inmigrantes. Yo quiero presentar legislación para que la política pública de Puerto Rico sea proteger a ese ser humano independientemente de su estatus migratorio”, sostuvo el expresidente del Senado por el Partido Popular Democrático.

El Proyecto del Senado 335 propone que no se discrimine ni se niegue brindar servicios de salud de emergencia a las personas inmigrantes por razón de su estatus migratorio. El proyecto prohibiría, además, que se niegue dar educación escolar a un estudiante que por su estatus migratorio no tiene su certificado de vacunación al día para.

La medida legislativa viabiliza que el Departamento de Educación gestione el cumplimiento.

Asimismo, el Proyecto del Senado 336 dispone crear un registro virtual compulsorio para exigir a todos los profesionales que ofrecen servicios legales sobre inmigración en la Isla, que se registren para, de esa manera, reducir o eliminar los timos y engaños que enfrentan muchos inmigrantes, algo que, según Bhatia, se han denunciado públicamente.

Mientras, la tercera medida (P. del S. 337) propone enmendar la Carta de Derechos de las Víctimas y testigos de delitos para que en el proceso de investigación de un crimen no se cuestione la nacionalidad ni el estatus migratorio de la víctima o el testigo de un crimen.

“Los tres proyectos prohíben que para dar servicios se le pregunte o investigue el estatus migratorio de una persona inmigrante”, indicó Bhatia, al destacar que parte de estos proyectos se habían considerado durante el cuatrenio pasado, pero ahora son más urgentes ante la amenaza real del gobierno de Trump.

“Hay terreno fértil entre los senadores y representantes para atenderlos por la necesidad que hay de proteger al inmigrante. La orden ejecutiva de Trump, injustamente, activa a las entidades de seguridad para ir tras aquellos que no tienen estatus migratorio y que pueden llevar décadas viviendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Puerto Rico puede hacer su parte y servir de ciudad santuario para los inmigrantes ilegales, de manera que puedan tener espacio para que puedan normalizar su estatus migratorio sin que sean deportados, arrestados, sin que se tenga que dividir familias”, concluyó el senador.

Tomado de El Nuevo Dia

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