Procuraduría General dice trabaja en el caso «Súper Tucano» habrán varios acusados.

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Santo Domngo, RDHerald.- La Procuraduría General de la República dice que estan muy avanzadas las investigaciones en el caso «Tucano». Ahora se trabaja en la construcción del expediente para presentar acusación formal contra varias personas imputadas de recibir sobornos para la compra de los aviones Súper Tucano.

El Ministerio Público tiene de plazo hasta el jueves para presentar acusación en contra de un grupo de encartados, entre los que figuran el exsecretario de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez y el coronel Carlos Piccini Núñez.

El 17 de agosto del año pasado, el juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, declaró el caso complejo y le otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría General de la República para fines de investigación e instrumentación del expediente, y después le concedió cuatro meses más, que se vencen este jueves 17.

Leonel Fernandez, entonces presidente de la República ordeno la compra de los Tucanos y así los recibió
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Como imputados solo figuran hasta ahora el exsecretario de las Fuerzas Armadas Peña Antonio, a quien se le impuso medida de coerción consistente en presentación periódica por ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país; los empresarios Aquino Hernández y Aquino Méndez, a quienes se les ordenó colocación de grilletes localizadores, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que al coronel Piccini Núñez se le dictó tres meses de prisión preventiva, que se han prorrogado hasta la actualidad.

Con la colocación de los dispositivos a los empresarios se dispuso que solo podrán circular en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

En el caso de Peña Antonio, el Ministerio Público lo acusa de recibir un soborno de US$3.5 millones de la empresa Ebraer, pero según sus abogados, en el expediente acusatorio solo se muestra una supuesta prueba, que consiste en una factura por 100 mil dólares, recibidos por la compañía propiedad de Aquino Méndez y su hijo.

Se le sindica, además, como la persona que reintegró a las Fuerzas Armadas al coronel Carlos Piccini, quien es el ideólogo de la compra de las ocho aeronaves, según el expediente. Otro interrogatorio. Por el caso, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó también al sobrino del senador Luis René Canaán, cuya empresa habría recibido más de 800 mil dólares.

Samuel Pereyra Rojas es propietario de la empresa Saperofa, que supuestamente fue utilizada como un puente para proporcionar los sobornos entregados por la empresa Embraer. En esa ocasión, la directora de la Pepca, Laura Guerrero, dijo que “nosotros lo estamos investigando a él en la condición de sobrino del senador y propietario de una empresa off-shore que recibió una suma de dinero, 880 mil dólares, que aparentemente fueron parte del soborno”.
También en EU.

En septiembre del año 2013 autoridades de los Estados Unidos y de Brasil revelaron que investigaban un posible soborno de 3 millones 400 mil dólares que habría sido pagado por la empresa brasileña Embraer a un funcionario de República Dominicana a cambio de facilitar la compra de los aviones Super Tucano. Las aeronaves brasileñas fueron compradas por 92 millones de dólares, en el año 2010, para mejorar la vigilancia de los cielo y evitar que los narcotraficantes utilizaran el territorio dominicano como puente para sus exportaciones hacia Estados Unidos.

Según publicó en octubre de 2013 el periódico The Wall Street Journal, los estadounidenses habrían explicado a sus colegas brasileños que tenían registros bancarios en correos electrónicos que mostraban que ejecutivos de Embraer aprobaron el pago de un soborno de 3 millones 400 mil dólares.
El diario sostenía que la investigación apunta a que el coronel Carlos Piccini, quien en 2009 se desempeñaba como director de proyectos especiales del Ministerio de Defensa, solicitó a los ejecutivos de Embraer que dividieran los US$3.4 millones en cuentas bancarias mantenidas de tres empresas ficticias.

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