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miércoles, noviembre 5, 2025
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Senador Dioni Sanchez sugiere plebiscito sobre la penalización aborto

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El vicepresidente del Senado, Dioni Sánchez, propuso hoy la realización de un plebiscito para que sea el pueblo quien finalmente decida si está o no de acuerdo con la penalización del aborto.

Añadió que el plebiscito está contemplado en la Constitución y sería la vía más democrática para dirigir el conflicto que existe con relación al tema.

Vaticinó que por lo sensible y complicado del tema, lo más probable es que sea el Tribunal Constitucional quien finalmente decida lo relativo a la interrupción o no de los embarazos.

Consideró que sin importar la decisión de los legisladores en torno a las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al proyecto en los casos de violación, incesto o cuando la criatura viene con problemas congénitos, las partes enfrentadas acudirán al referido tribunal.

“El artículo 37 de la Constitución garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte, si los legisladores acogen las observaciones del presidente de la República, entonces el sector lo más probable es que busque que sea el Tribunal Constitucional quien decida el diferendo”, sostuvo.

Odebrecht financió campaña electoral de Humala con tres millones de dólares

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La constructora brasileña Odebrecht financió con tres millones de dólares la campaña electoral del expresidente peruano Ollanta Humala en las presidenciales de 2011 que ganó, según la confesión que hizo en enero el exdirector de esa empresa en Perú Jorge Barata, a fiscales peruanos y que se publicó hoy en la prensa.
Las donaciones se hicieron a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, y algunas fueron entregadas personalmente a la esposa de Humala, Nadine Heredia, según las declaraciones de Barata difundidas por el diario El Comercio y el semanario Caretas.

La Fiscalía peruana investiga a Humala y a Heredia, ambos líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), por lavado de activos al supuestamente haber gestionado una financiación ilegal de su formación política durante las campañas electorales para las presidenciales de 2006 y 2011.

Barata, quien se acogió en Brasil a la figura de la delación premiada para colaborar con las investigaciones a cambio de suavizar una futura condena, confesó a un grupo de fiscales peruanos que inicialmente entregó a Heredia un millón de dólares en una vivienda que Humala tiene en Lima.

Posteriormente la esposa de Humala lo llamó para pedirle más aportes, que se tramitaron mediante remesas procedentes de Brasil a las oficinas de Odebrecht en Lima, mientras que otras cantidades similares eran entregadas a los publicistas brasileños Luis Favre y Valdemir Garreta para que las llevaran hasta Perú.

Según Barata, las donaciones cesaron en el primer semestre del año 2011, una vez que Humala se proclamó como presidente electo del Perú.

Durante el período presidencial de Humala, el Gobierno peruano adjudicó a Odebrecht millonarias obras públicas como el Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión fue devuelta al Estado después de que la compañía no pudiera garantizar la financiación íntegra del proyecto ni tampoco vender sus acciones.

Sin embargo, en su declaración, Barata afirmó que ninguno de estos pagos fue para garantizar que Odebrecht obtuviera el citado gasoducto “ni hubo solicitud” de dinero en este sentido por funcionarios peruanos.

Además, también descartó que Odebrecht hubiera pagado dinero al Partido Nacionalista para su campaña electoral de 2006.

Odebrecht reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Toledo es la primera gran figura de la política peruana implicada en el caso de Odebrecht por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos, por lo que ahora se encuentra en busca y captura para que se ponga a disposición de la Fiscalía peruana.

Supuestos carretilleros protestan en Santiago nuevas medidas de la alcaldia

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Obreros que se ganan la vida en el hospedaje Yaque, transportando cargas en carretillas y que son impedidos de realizar esa labor por policías municipales, provocaron este jueves desórdenes en los alrededores, en reclamo de que la Alcaldía deje sin efecto la medida.

La quema de basura y neumáticos, así como la colocación de obstáculos en las vías públicas, provocaron el taponamiento de los vehículos que intentaron desplazarse por la avenida Circunvalación Sur y calles periféricas.

La situación motivó que interviniera un contingente de la Policía Nacional que, con bombas lacrimógenas, provocaron el despliegue de los protestantes.

Carretilleros queman gomas en protestas. Foto Roberto Reyes
Sin embargo, los gases se dejaron sentir en el colegio Santa Ana, ubicado en la calle 16 de Agosto y próximo al hospedaje Yaque, afectando a estudiantes, profesores y personal administrativo, por lo que hubo la necesidad de suspender la docencia.

Los carretilleros del principal centro de acopio agrícola del Cibao comenzaron a ser perseguidos el pasado martes por policías municipales, por razones que, de manera oficial, hasta la mañana de este jueves la Alcaldía no había dado a conocer.

Ante la persistencia de la medida, esos obreros, mayormente de nacionalidad haitiana, decidieron hoy crear un caos en el mercado Yaque y sus alrededores, con el objetivo de que la medida sea dejada sin efecto.

Cancelan concierto en México por glorificar el narcotráfico

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó este miércoles una norma proclamada por su antecesor, Barack Obama, y que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen.

Las autoridades del estado de Tamaulipas, en el norte de México, cancelaron un concierto del cantante Alfredo Ríos «El Komander» con el argumento de que su música podría estar glorificando a los narcotraficantes.

Ríos es parte de una nueva generación de cantantes conocidos como el «movimiento alterado», que interpretan baladas explícitas sobre las realidades del narcotráfico y la violencia descontrolada.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dijo que «no había las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo dicho evento y por tanto podría ponerse en riesgo a los asistentes». También hizo mención de una ley estatal que penaliza la apología o promoción del crimen.

Rodríguez no brindó detalles específicos, pero los promotores habían publicado anuncios sobre un espectáculo encabezado por El Komander, a realizarse el próximo sábado en Tampico.

Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados por las cruentas disputas territoriales entre grupos de narcotraficantes.

La comunidad LGTBIQ protesta, Trump les ha revocado norma que permitía usar baños sin genero

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Esta decisión sumerge al mandatario en una nueva batalla con numerosos congresistas del Partido Demócrata e importantes grupos de presión, como Human Rights Campaign, asociación que impulsó la legalización del matrimonio homosexual en EE.UU. y que consideró “vergonzosa” la decisión de Trump.

El Departamento de Justicia y el de Educación enviaron hoy una carta a las escuelas públicas del país para notificarles que el Gobierno había decidido suspender la anterior directiva debido a la confusión que había creado a nivel local por los diversos litigios que enfrentaba en diferentes cortes del país.

En su misiva, los dos departamentos consideran que “debe tenerse debidamente en cuenta el papel de los estados y los distritos escolares en el establecimiento de la política educativa”.

En ese sentido, el fiscal general, Jeff Sessions, argumentó en un comunicado que el acceso de los estudiantes transexuales a los baños y vestuarios que coinciden con su identidad de género es un asunto sobre el que deben decidir los distritos escolares y los gobiernos locales, no el Gobierno federal.

De esta forma, el Gobierno Trump se puso del lado de los estados gobernados por republicanos que aseguraban que Obama se excedió en su poder al proclamar una norma que, aunque no tenía rango de ley, amenazaba con arrebatar fondos federales a las escuelas que no permitieran a los alumnos usar los baños de su elección.

Sin la norma de Obama, ahora las entidades locales tendrán libertad para proclamar sus propias leyes y determinar si los estudiantes pueden o no usar los baños que deseen de acuerdo con el género con el que se identifiquen, en vez de en consonancia con el sexo de su certificado de nacimiento.

En su carta a las escuelas, el Departamento de Justicia y de Educación consideraron que el sistema educativo debe asegurarse de que todos los alumnos, incluidos aquellos que pertenecen a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT), pueden “aprender y prosperar en un ambiente seguro”.

La decisión de Trump no afecta a la parte de la norma de Obama que instruía a las escuelas a prevenir el caso escolar.

Poco después del anuncio, varios demócratas del Congreso, como la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador Dick Durbin, consideraron que la decisión de Trump acentuará la discriminación de los estudiantes transexuales en las escuelas de Estados Unidos.

“Retirar la histórica norma del Gobierno de Obama para proteger a los estudiantes transexuales es un duro golpe para un grupo de jóvenes ya vulnerable de por sí”, consideró Pelosi, quien argumentó que este es un asunto de “igualdad para todos” y no de la autonomía de los estados frente al poder del Gobierno federal.

El Gobierno de Trump ha defendido que su decisión sobre los transexuales obedece al respeto del mandatario por los derechos de los estados, pero organizaciones como Human Rights Campaign consideran que este “cruel ataque” a los niños muestra el desprecio del nuevo presidente a la comunidad LGTB.

Durante la campaña presidencial, Trump se desmarcó del rechazo del ala conservadora de su partido a la comunidad LGTB y mostró simpatía por este colectivo al oponerse a una polémica ley de Carolina del Norte que, entre otras cosas, obligaba a usar los baños públicos de acuerdo con el sexo original de cada persona.

En la práctica, el cambio de posición del Gobierno no tendrá un gran impacto, pues la medida de Obama fue bloqueada en agosto pasado por el juez federal de Texas Reed O’Connor a petición de 13 estados.

No obstante, el giro adoptado por Trump sí impactará en los litigios que están sin resolver y que incluyen un caso que tenía previsto atender el Tribunal Supremo en marzo.

Precisamente, el Gobierno comunicó este miércoles al Tribunal Supremo que retira su apoyo al joven de Virginia Gavin Grimm, que se identifica como hombre y denunció al Departamento de Educación porque su escuela le obligó a utilizar los baños que coincidían con su sexo biológico.

La proclamación de la medida por Obama en mayo del año pasado supuso un gran impulso para la comunidad transexual, que lucha para que el Tribunal Supremo reconozca sus derechos como ya hizo con los homosexuales al legalizar en junio de 2015 el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la llegada de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un duro golpe para la comunidad transexual, que hoy ha visto cómo se desvanecía una norma de gran valor simbólico. EFE

Dos mujeres resultaron heridas en un tiroteo en el mercado de pulgas en Santiago

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Al menos dos personas de nacionalidad haitiana, resultaron herida de balas, en un tiroteo, en el “mercados de pulgas”, que fue trasladado al residencial El Ejecutivo-Ingenio Arriba, el 12 de enero del 2017, por iniciativa de las autoridades municipales.

Las personas afectadas por el conflicto suscitado en las primeras horas de este miércoles 22 de febrero del 2017, en la víspera del desarrollo de las ventas de los jueves, denunciaron que el local fue irrumpido por miembros de la Policía y agente de seguridad a quienes responsabilizan de haber disparado en su contra.

Denunciaron también que perdieron las mercancías que llevaron para las ventas de este jueves 23 de febrero del 2017, debido que los paquetes fueron incautados por las autoridades que se presentaron al mercado de pulgas. Aun no se ha establecido de manera oficial la identificación de las dos personas, aunque algunos testigos aseguran que son dos mujeres las personas afectadas por los disparos.

Se lavan las manos.

Sobre la situación que se suscitó en el mercado de pulgas, lugar que se ha convertido en un centro de conflicto, cada semana, las autoridades del Ayuntamiento emitieron un comunicado en el cual se desligaron de los incidentes ocurridos.

“Queremos informar a la opinión pública, que un tiroteo que se produjo en un solar privado por el área del mercado de pulgas que funciona en El Ingenio, no forma parte del ámbito municipal bajo el control de este Ayuntamiento”, se lee en una nota enviada a penas minutos después de los incidentes.

El vocero de la Alcaldía, Grey Núñez, dijo que el conflicto, ocurrió en un lugar que alberga a vendedores, no autorizados por el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros.

“Las autoridades municipales, nada tienen que ver con ese lamentable suceso”, insistió Núñez.

En Puerto Rico, expertos alertan que políticas migratorias de Trump afectarían a la Isla

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El futuro de los inmigrantes indocumentados en Puerto Rico está en peligro ante las nuevas directrices de control migratorio que implementó el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye acelerar el proceso de deportación de estos extranjeros en Estados Unidos, advirtieron varios expertos.
El antropólogo Jorge Duany dijo a El Nuevo Dia que en la Isla el campo de la inmigración está ocupado por la legislación, regulación y políticas del Gobierno federal; y como Puerto Rico no tiene una política migratoria, las repercusiones contra los indocumentados están latentes.

“Me parece que sí tendrá un efecto sustancial. La distinción entre el Gobierno federal y estatal es bastante marcada porque todo lo que tiene que ver con detención y deportación de indocumentados está a cargo del Gobierno federal”, destacó el académico.

Las nuevas directrices anunciadas ayer por el gobierno de Trump establecen que deportarán a indocumentados que han cometido cualquier tipo de delito, ya sea por haber cometido fraude en un trámite oficial, que sean considerados una amenaza para la seguridad pública o que han abusado de los beneficios sociales. Además, contratarán a 15,000 nuevos agentes migratorios para acelerar la salida del país de los inmigrantes ilegales.

Con estas nuevas normas, unas 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos están en la mira.

En Puerto Rico, según la Oficina del Censo federal, viven legalmente unas 100,000 personas de origen extranjero, entre estos dominicanos, cubanos, venezolanos, europeos, entre otras nacionalidades. Esa cifra no incluye a los indocumentados, que, según expertos, puede ser un número bastante alto superando los 100,000.

Lizbelle Andino, abogada experta en inmigración, señaló que hay inmigrantes indocumentados en la Isla preocupados por estas nuevas directrices. Recordó que antes de que Trump llegara al poder, las deportaciones de los inmigrantes no prioritarios se habían detenido pero este panorama va a cambiar.

“El haber entrado a Puerto Rico por una necesidad, por buscar un futuro mejor, te hace ahora ser una prioridad (para la deportación)”, señaló la licenciada.

Preocupación legislativa

Ante este panorama, el senador popular Eduardo Bhatia radicó hoy tres proyectos de ley para hacer a Puerto Rico una especie de ciudad santuario para la comunidad inmigrante en la Isla.

Los Proyectos del Senado 335, 336 y 337 establecen dar un trato justo y equitativo a las personas extranjeras, no importa su estatus migratorio, que buscan obtener servicios de salud, educación y recibir ayuda legal en Puerto Rico.

“La motivación principal de esto es que la nueva política pública del presidente Trump, es una amenaza y hay ciudades como San Francisco y Nueva York que han dicho que se van a convertir en ciudades santuario para proteger a los inmigrantes. Yo quiero presentar legislación para que la política pública de Puerto Rico sea proteger a ese ser humano independientemente de su estatus migratorio”, sostuvo el expresidente del Senado por el Partido Popular Democrático.

El Proyecto del Senado 335 propone que no se discrimine ni se niegue brindar servicios de salud de emergencia a las personas inmigrantes por razón de su estatus migratorio. El proyecto prohibiría, además, que se niegue dar educación escolar a un estudiante que por su estatus migratorio no tiene su certificado de vacunación al día para.

La medida legislativa viabiliza que el Departamento de Educación gestione el cumplimiento.

Asimismo, el Proyecto del Senado 336 dispone crear un registro virtual compulsorio para exigir a todos los profesionales que ofrecen servicios legales sobre inmigración en la Isla, que se registren para, de esa manera, reducir o eliminar los timos y engaños que enfrentan muchos inmigrantes, algo que, según Bhatia, se han denunciado públicamente.

Mientras, la tercera medida (P. del S. 337) propone enmendar la Carta de Derechos de las Víctimas y testigos de delitos para que en el proceso de investigación de un crimen no se cuestione la nacionalidad ni el estatus migratorio de la víctima o el testigo de un crimen.

“Los tres proyectos prohíben que para dar servicios se le pregunte o investigue el estatus migratorio de una persona inmigrante”, indicó Bhatia, al destacar que parte de estos proyectos se habían considerado durante el cuatrenio pasado, pero ahora son más urgentes ante la amenaza real del gobierno de Trump.

“Hay terreno fértil entre los senadores y representantes para atenderlos por la necesidad que hay de proteger al inmigrante. La orden ejecutiva de Trump, injustamente, activa a las entidades de seguridad para ir tras aquellos que no tienen estatus migratorio y que pueden llevar décadas viviendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Puerto Rico puede hacer su parte y servir de ciudad santuario para los inmigrantes ilegales, de manera que puedan tener espacio para que puedan normalizar su estatus migratorio sin que sean deportados, arrestados, sin que se tenga que dividir familias”, concluyó el senador.

Tomado de El Nuevo Dia

Cinco oficiales PN son sometidos por muertes taxista y mecánico en Baní

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Cinco oficiales de la Policía fueron sometidos ayer a la justicia por la muerte de un mecánico y un taxista ocurrida el 11 de diciembre en este municipio. El sometimiento fue hecho ante la Oficina de Atención Permanente de la provincia Peravia por la comisión de fiscales que designó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para investigar las circunstancias en que murieron el taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y el mecánico Tirson Báez Mejía (Chepe), a manos de una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Los acusados son el mayor Robinson Antonio Ovalles, los tenientes Alejandro Encarnación, Franny Mercedes Mejía y Samuel Herrera Figuereo y el sargento Jesús Zarita Vázquez, a quienes la comisión encontró culpables de haber violado los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, por lo que les solicitó en su acusación que se les imponga como medida de coerción la establecida en el numeral 7 del articulo 226 del Código Procesal Dominicano, que establece prisión preventiva.
En el expediente, los miembros de la comisión de fiscales dicen que el intercambio de disparos en el que murieron el taxista y el mecánico ocurrió en el residencial José del Carmen, entre unos supuestos atracadores del Distrito Nacional y un equipo del Dicrim de del departamento de análisis de inteligencia de grandes casos criminales .
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que fue en esas circunstancias que el taxista Días Pimentel y el mecánico Báez Mejía recibieron los impactos de bala en sus cuerpos.
Según el expediente los integrantes de la patrulla llegaron a afirmar que del vehículo de Báez Mejía salieron dos hombres vestidos de negro y con chalecos antibalas, quienes huyeron por los matorrales y dispararon contra ellos.
Ese y otros detalles que la comisión presenta en su expediente, fueron desde ya desmentidos por el abogado Víctor Cordero Jiménez y los familiares de Báez Mejía, quienes afirman que en el lugar donde ocurrió el hecho no fue en el residencial José del Carmen, sino frente al matadero municipal.

312 mil firmas fueron depositadas en el Palacio Nacional en reclamo del “fin de la impunidad” en RD

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Representantes de entidades de la sociedad civil depositaron en el Palacio Nacional un denominado “Libro Verde”, con 312 mil 415 firmas de personas que reclaman “el fin de la impunidad” en la República Dominicana.
Unas 150 personas que forman parte del “Colectivo Marcha Verde” se aglomeraron frente a la casa de gobierno, del lado de la avenida Doctor Delgado, vociferando slogans y enarbolando pancartas contra la corrupción administrativa y la impunidad. Al cabo de un rato se permitió que un grupo de ellos entraran el recinto. Allí fueron recibidos por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

Entre otras cosas exigen al presidente de la República, Danilo Medina, que a más tardar el 27 de febrero designe una comisión de fiscales independientes para que, junto a miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue el caso Odebrecht desde el 2001 a la fecha.

En una carta pública opinan que dicha comisión debe estar integrada por fiscales que actualmente forman parte del Ministerio Público actuales así como por abogados sin afiliación partidaria, de conducta intachable, los cuales garanticen la transparencia en el proceso.

María Teresa Cabral y José Pimentel, quienes encabezaron el grupo, dijo que el hecho de que tantas personas hayan firmado el Libro Verde es una señal de que la ciudadanía desea el fin de la impunidad y que el Gobierno no ignore las demandas y reclamos populares.

Otro cadáver ha sido recuperado de los que murieron en el naufragio en Miches

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La Armada Dominicana y la Defensa Civil rescataron en la mañana de hoy de las aguas del mar Caribe el cadáver de un hombre que pereció ahogado y que formaba parte de una embarcación que zozobro ayer en la zona de Miches, cuando transportada a 17 personas ilegales hacia Puerto Rico.

El cuerpo de Reynaldo Mejia, conocido en la zona de Miches como El Pollo, fue rescatado por una unidad naval de la Armada Dominicana en la playa Esmeralda, de donde partió el grupo hacia Puerto Rico, accidentándose minutos después la yola, que había llegado precisamente desde esa isla a buscar los ilegales.
Es el segundo cuerpo encontrado por los organismos. El primer cadáver rescatado se trató de la señora Josefina Inoa Mendoza, de 30 años de edad, de quien se dijo era la esposa de David Bonilla, otro de los integrantes del frustrado viaje y el que se encuentra detenido junto a otras dos personas.

Se informó que el cadáver de Reynaldo Mejia fue entregado de inmediato a sus familiares y se dijo que recibió de una vez cristiana sepultura. Ayer tarde fue sepultado el cuerpo de Josefina Inoa Mendoza, de quien se dijo, había intentado en otras ocasiones viajar ilegalmente a Puerto Rico.

Asimismo, la Armada Dominicana informó, por medio de su vocero capitán de navío Augusto Lizardo, que a las 6:00 de la mañana de hoy, reanudó la búsqueda de los demás ocupantes de la embarcación, aunque sus compañeros de viaje, informaron que ellos habían salido al nado una vez se hundió la embarcación.

En poder de la Dirección de Inteligencia Naval M-2, se encuentran David Bonilla, Fernando Espiritusanto y Noemí Álvarez, quienes han facilitado todas las informaciones a los oficiales investigadores, con relación al viaje ilegal y el accidente de la embarcación en la que navegaban.

Dijeron que todos los ocupantes de la embarcación, que llegó precisamente desde Puerto Rico a Miches a buscarlos, son nativos de la zona, pero rehusaron revelar el monto que pagaron al organizador de la trasvería al que identificaron con el apoyo de Yagula, quien está siendo buscado por los agentes de inteligencia M-2.

La Armada Dominicana dice que la modalidad de venir embarcaciones desde Puerto Rico a buscar personas ilegales al país con el propósito de llevarlos a la isla, es fruto de los golpes que ha dado a los traficantes de ilegales a quienes en menos de seis meses, ha incautado mas de cien embarcaciones.

Se informó que el comandante general de la Armada, vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, instruyó para que se mantenga la búsqueda el tiempo que sea necesario a fin de establecer si hubo más víctimas del naufragio, pese a los informes de que doce de los ocupantes de la embarcación, salieron nadando y huyeron de la zona.

En tanto, desde el M-2 se informó que los tres detenidos del frustrado viaje, están siendo ampliamente investigados sobre quien o quienes fueron los responsables de organizar la travesía en la embarcación que zozobro minutos después de haber salido de la playa Esmeralda, Miches.