Santiago de Chile, RD Herald. – Las autoridades chilenas investigan un delicado caso que involucra a niños, niñas y adolescentes de origen haitiano que ingresaron al país durante 2025 bajo procesos de reunificación familiar, muchos de ellos trasladados en vuelos chárter procedentes de Haití y acompañados por adultos cuya relación con los menores no habría sido comprobada de manera adecuada por los organismos migratorios.
El caso encendió las alarmas luego de que fiscalizaciones y reportes oficiales detectaran fallas graves en los controles de ingreso, registros incompletos y falta de verificación de datos sobre los adultos responsables de los menores. La situación derivó en una denuncia penal presentada por el Servicio Nacional de Migraciones de Chile ante el Ministerio Público, por un eventual delito de tráfico de menores.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, entre enero y octubre de 2025 llegaron a Chile vuelos chárter con menores haitianos en el marco de solicitudes de reunificación familiar. Sin embargo, las autoridades detectaron que algunos adultos habrían ingresado reiteradamente como responsables de grupos de varios niños y adolescentes, sin que existiera constancia suficiente de vínculos familiares o autorizaciones legales válidas.
La Contraloría General de la República de Chile también detectó incumplimientos relevantes en instituciones vinculadas al proceso, entre ellas el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez. Entre las observaciones figuran la falta de coordinación institucional, certificados vencidos o sin legalización, omisión de documentos obligatorios y ausencia de protocolos claros para verificar la situación de los menores.
Inicialmente, parte de los niños y adolescentes no pudo ser ubicada en los domicilios declarados, lo que provocó preocupación pública y activó una búsqueda por parte de las autoridades. Posteriormente, el Gobierno chileno informó que un primer grupo de 64 menores revisados por la Contraloría fue localizado, encontrándose bajo cuidado familiar y con situación migratoria regularizada, aunque el proceso de revisión general continúa abierto.
El caso ha generado fuerte debate en Chile, tanto por la posible vulneración de derechos de menores migrantes como por las fallas administrativas que habrían permitido el ingreso sin controles suficientes. La Fiscalía investiga si detrás de estos traslados existieron delitos como tráfico de personas, falsificación de documentos, soborno o participación de funcionarios públicos.
UNICEF pidió a las instituciones del Estado chileno actuar con máxima celeridad para aclarar el paradero y la situación de todos los niños, niñas y adolescentes involucrados, recordando que Chile cuenta con leyes específicas para proteger a menores migrantes y garantizar que todo proceso de ingreso se realice bajo estándares de seguridad, trazabilidad y protección integral.
Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones de la comunidad haitiana en Chile han expresado preocupación por la forma en que se ha manejado públicamente el caso, advirtiendo que muchas familias migrantes se sienten señaladas o tratadas como sospechosas, aun cuando no existen denuncias formales de familiares sobre desapariciones.
Las autoridades chilenas aseguran que continuarán revisando los expedientes de reunificación familiar, los vuelos autorizados y la actuación de las instituciones que intervinieron en el ingreso de los menores, con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan.