Puerto Príncipe, RD Herald. – A cuatro años del asesinato del expresidente Jovenel Moïse (7 de julio de 2021), Haití continúa sumido en una crisis profunda. Aunque la investigación sigue en curso, el hueco de poder que dejó ha permitido que bandas armadas se apoderen del país, mientras surgen vigilantes en un entorno dominado por la violencia, el desplazamiento y la incertidumbre.
Estado de la investigación: paralizada y violenta
La causa penal contra más de 50 implicados –entre exsoldados colombianos, militares haitianos y funcionarios– permanece estancada. Unos pocos fueron extraditados a EE. UU., hemisferio donde enfrentan procesos legales, pero en Haití el juicio ha sido interrumpido por amenazas de pandillas, obstáculos judiciales y fuga de algunos acusados.
En febrero 2024, Martine y el ex‑premier Claude Joseph fueron imputados por complicidad. Desde entonces, seis jueces trabajan bajo protección limitada y sin garantías, incluso obligados a trasladarse fuera de Puerto Príncipe debido al control de las bandas.
Inseguridad total: bandas tienen casi el control de la capital
Se estima que más del 90 % de Puerto Príncipe está bajo dominio de pandillas como G9‑Barbecue y G‑Pep, que actúan como un Estado paralelo aplicando impuestos, regulaciones e incluso justicia a su manera.
El gobierno interino, liderado por un consejo, mantiene solo áreas residenciales como Pétion‑Ville. Sólo el 10 % de la capital está libre. Se han desplazado más de 1 millón de personas y la violencia se extiende a otros departamentos.
Surgimiento de vigilantes: ¿solución o nueva amenaza?
Desde 2020, emergieron grupos como bwa kale, inicialmente para contrarrestar pandillas, pero que luego han asumido prácticas similares: ejecuciones, torturas y violencia indiscriminada.
Algunos grupos se han rearmado y han empezado a coludirse con las bandas o atentar contra la población civil, confundiendo aún más el escenario de seguridad .
Intervención internacional: drones, misiones y dudas
Desde junio 2024, Haití cuenta con una misión apoyada por la ONU y liderada por Kenia, aunque insuficientemente financiada. EE. UU. se ha mostrado reticente a enviar tropas.
En los últimos meses se han usado drones armados —probablemente operados por empresas privadas— que habrían matado a unas 300 personas y herido a casi 400, principalmente en territorios controlados por pandillas, con resultados mixtos.
¿Bandas o dictadura? ¿Se necesita un Duvalier moderno?
Haití ha conocido regímenes autoritarios como los Duvalier (1957–1986), que centralizaban el poder con mano dura. Hoy, las pandillas reproducen ese estilo en sus territorios.
Algunos proponen negociar con líderes como Jimmy “Barbecue” Chérizier, jefe del G9, quien controla importantes zonas y reclama participación política. Pero su historial de masacres, secuestros y violaciones de derechos humanos condena cualquier plan de legitimizarlos.
La pregunta “¿un gobierno dictatorial sería más efectivo?” enfrenta un dilema histórico: autoritarismos tradicionales provocaron represión extrema y corrupción, mientras que las pandillas promueven una anarquía brutal, sin estado de derecho.
¿Cuál es la salida?
Fortalecer instituciones judiciales y dar apoyo internacional sostenido para que la Misión liderada por Kenia/ONU se estabilice.
Disuadir a las pandillas con acciones coordinadas y mantener procesos judiciales independientes en el caso Moïse.
Evitar la tentación de negociar con criminales sin garantías reales de paz y justicia.
En resumen, el asesinato de Moïse no solo desestabilizó el poder político: cristalizó la presencia criminal en Haití, mientras las bandas llenaron el vacío institucional. Hoy enfrentan un desafío crucial: ¿reconstruir un Estado civil, o resignarse a vivir bajo dictaduras de facto, sean oficiales o criminales?
