Washington, D.C., RD Herald. — En un hecho que refleja las crecientes tensiones migratorias entre Estados Unidos y varios países del mundo, el gobierno estadounidense, bajo la administración del expresidente Donald Trump, deportó a dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales graves a un país del cuerno de África, luego de que el régimen de La Habana se negara sistemáticamente a recibirlos.
Los ciudadanos cubanos Enrique Arias-Hierro, de 46 años, y José Manuel Rodríguez-Quiñones fueron incluidos en un vuelo de deportación que partió desde Texas junto a otros inmigrantes con historiales delictivos severos. Ambos habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 2 y el 30 de abril, respectivamente.
Según un comunicado oficial del ICE, Arias-Hierro poseía un extenso prontuario penal, incluyendo homicidio, robo a mano armada, falsificación de identidad oficial, secuestro y robo con violencia. Rodríguez-Quiñones, por su parte, había sido condenado por tentativa de asesinato en primer grado con arma de fuego, tráfico de personas, agresión agravada, hurto y posesión ilegal de perros peligrosos.
Ambos habían residido durante años en el estado de Florida, particularmente en el condado de Miami-Dade, donde incluso llegaron a usar múltiples identidades para evadir a las autoridades.
Un destino inusual
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado oficialmente el destino del vuelo, se sabe que este realizó una escala en Yibuti, África oriental, y que los deportados fueron trasladados a Sudán del Sur, uno de los países africanos que ha cooperado con EE.UU. en este tipo de casos excepcionales.
El DHS describió a los deportados como “extremadamente violentos y bárbaros”, subrayando que su permanencia en territorio estadounidense representaba una amenaza significativa para la seguridad pública. Asimismo, indicó que ningún país quería aceptarlos debido a la gravedad de sus crímenes, obligando a las autoridades estadounidenses a buscar destinos alternativos.
Cuba se niega a cumplir acuerdo migratorio
El gobierno cubano se negó a recibir a Arias-Hierro y Rodríguez-Quiñones a pesar de un acuerdo migratorio vigente desde 2017 —firmado durante la administración Obama— que obliga a Cuba a aceptar el retorno de ciudadanos que ingresaron a EE.UU. después de enero de ese año.
Sin embargo, en la práctica, La Habana ha limitado sus aceptaciones a migrantes con perfiles «reintegrables», como jóvenes profesionales sin antecedentes criminales. El Ministerio del Interior (Minint) revisa caso por caso los expedientes enviados por ICE y decide quién puede ser repatriado.
En este sentido, el régimen castrista argumentó que ambos hombres abandonaron la isla siendo muy jóvenes y que no mantienen lazos actuales con la sociedad cubana, por lo que su repatriación no es viable. Esta postura ha sido criticada por funcionarios estadounidenses, quienes acusan al régimen de obstaculizar la aplicación de las leyes migratorias.
Una tendencia global: países “recalcitrantes”
Este caso es parte de una problemática más amplia. Según cifras del DHS, más de 23 países, incluyendo Cuba, China, India, Haití, Afganistán y Venezuela, han sido catalogados como “recalcitrantes” por su negativa a aceptar ciudadanos deportados. Frente a esta resistencia, EE.UU. ha intensificado el uso de deportaciones a terceros países mediante acuerdos diplomáticos puntuales o rutas especiales.
La deportación de Arias-Hierro y Rodríguez-Quiñones es un ejemplo extremo de esta política: individuos altamente peligrosos enviados a una nación sin vínculo alguno con su nacionalidad, debido al vacío legal y político generado por el rechazo de su país de origen.
Críticas y preocupaciones
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación ante estas prácticas. La ACLU y Human Rights Watch han pedido mayor transparencia en los procedimientos y han cuestionado la legalidad de deportar individuos a naciones con las que no tienen relación histórica o familiar. También han exigido garantías de que estas personas no serán víctimas de abusos o abandono en los países de destino.
No obstante, el gobierno estadounidense sostiene que estas decisiones son necesarias para salvaguardar a la sociedad norteamericana y asegurar la efectividad del sistema migratorio frente a la inacción de ciertos regímenes extranjeros.
