Santo Domingo, RD Herald. – Al menos 37 personas han muerto durante septiembre en hechos que la Policía Nacional reporta como “intercambios de disparos” con sus agentes, una cifra que ha comenzado a provocar cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos.
El dato adquiere una dimensión todavía mayor al observar su concentración temporal: 23 de las 37 muertes ocurrieron entre el 18 y el 25 de septiembre, es decir, en apenas ocho días.
Santo Domingo encabeza la distribución con 11 fallecidos, seguido de Santiago con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos casos cada una, mientras otras provincias presentan al menos uno.
Según las versiones ofrecidas por la Policía sobre los diferentes episodios, muchas de las personas fallecidas eran buscadas por homicidios, robos, atracos u otros delitos y habrían disparado contra las patrullas cuando intentaban apresarlas.
Esas son versiones oficiales que deben ser verificadas individualmente mediante las investigaciones correspondientes.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha planteado una objeción fundamental: independientemente de los antecedentes de una persona, la privación de la vida no puede convertirse en sustituto de una condena judicial en un país donde no existe pena de muerte.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció además que llevará sus denuncias ante organismos internacionales.
La discusión ocurre a poco más de un mes de que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía Nacional.
La institución enfrenta una realidad compleja: debe proteger a la ciudadanía y responder a delincuentes armados, pero simultáneamente está obligada a utilizar la fuerza letal únicamente bajo los parámetros establecidos por la ley.
Por eso el debate no debería resolverse suponiendo que todos los agentes actuaron ilegalmente ni aceptando automáticamente cada versión inicial.
Treinta y siete muertes en un solo mes ameritan que cada caso pueda ser explicado, documentado e investigado.
