Santo Domingo, RD Herald. – El expediente SeNaSa 2.0 entró este lunes en una nueva etapa judicial después de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera prisión preventiva a ocho de los 26 imputados y declarara el proceso de tramitación compleja.
La decisión fue conocida cerca de las 10:00 de la noche del domingo, después de varios días de audiencia y extensas exposiciones del Ministerio Público y los abogados defensores.
Cuatro hombres —Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación— cumplirán 18 meses de prisión preventiva en el CCR Las Parras.
Las imputadas Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas a Najayo Mujeres.
Otros 15 imputados recibieron arresto domiciliario, aunque varios deberán cumplir adicionalmente garantías económicas e impedimento de salida del país.
Tres médicos —José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré— recibieron garantía económica de RD$1 millón, presentación periódica e impedimento de salida.
El Ministerio Público atribuye al grupo presuntos delitos relacionados con asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología y lavado de activos, dentro de un supuesto mecanismo que habría permitido facturar servicios médicos que no fueron realizados.
Una de las líneas de investigación sitúa el perjuicio preliminar de esta fase en alrededor de RD$40 millones.
Pero probablemente la declaración más importante después de la decisión judicial vino del director general de Persecución, Wilson Camacho.
El magistrado sostuvo que la investigación no termina con esta fase y advirtió a los profesionales médicos sobre las consecuencias de facilitar sus códigos a terceras personas.
Eso mantiene abierta la posibilidad de nuevas imputaciones.
RD Herald recuerda que las medidas de coerción no constituyen condenas y que los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras el proceso continúa.
