San Juan, RD Herald. – Puerto Rico enfrenta una creciente controversia sobre la seguridad de los menores colocados bajo protección gubernamental, luego de confirmarse este lunes que 39 menores y jóvenes permanecen evadidos de hogares o instituciones mientras continúan formalmente bajo custodia del Estado.
La cifra fue confirmada en momentos en que 2,175 menores se encuentran actualmente bajo custodia estatal. La gobernadora Jenniffer González-Colón reconoció este lunes 14 de septiembre que, aunque los casos han disminuido significativamente respecto de años anteriores, 39 continúa siendo un número elevado que requiere atención.
Es importante precisar que no se trata de 39 niños que desaparecieron juntos ni de un supuesto secuestro colectivo. Son casos acumulados de menores y jóvenes que abandonaron hogares sustitutos, albergues u otras instalaciones de protección y cuyo paradero continúa sin ser establecido por las autoridades.
La situación cobró una dimensión mucho más grave tras el asesinato de Yadiel Torrales Lazú, de 16 años, quien había abandonado el Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce, el pasado 27 de agosto junto con otros adolescentes.
El cuerpo del joven fue localizado el miércoles 9 de septiembre en los terrenos de la antigua Central Lafayette, en Arroyo. Presentaba múltiples heridas de bala y la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias y el móvil del crimen.
SALTARON LA VERJA Y SE MARCHARON
Según la información suministrada a la Policía, tres adolescentes tomaron sus pertenencias alrededor de las 7:20 de la noche del 27 de agosto y saltaron la verja de seguridad del hogar, tras lo cual comenzó su búsqueda.
El caso tuvo desenlaces diferentes.
Jacqxiel M. Jamil Valentín, de 16 años, fue localizado posteriormente en buen estado en Guayama. Damon Córdova Rivera, de 15, también fue encontrado con vida el 11 de septiembre en un residencial de Juana Díaz. Yadiel Torrales Lazú, sin embargo, apareció asesinado.
Otro adolescente de 14 años que había abandonado el mismo hogar un día después fue localizado previamente en casa de una familiar en Guaynabo.
El asesinato de Yadiel transformó el debate: dejó de tratarse exclusivamente de menores que abandonan instalaciones gubernamentales y colocó sobre la mesa qué ocurre con ellos durante el período en que permanecen fuera de la supervisión del Estado.
FAMILIA EXPLICA EL PROTOCOLO DE BÚSQUEDA
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, explicó que cuando un menor bajo custodia se evade se activa inmediatamente un protocolo de localización.
Se genera una Alerta de Protección, se presenta la correspondiente querella ante la Policía y se realizan notificaciones al National Center for Missing & Exploited Children e INTERPOL. Además, permanecen activas las tarjetas del Programa de Asistencia Nutricional y de servicios de salud, debido a que su eventual utilización puede proporcionar pistas para localizar al joven.
Las autoridades sostienen que continúan trabajando conjuntamente para encontrar a quienes siguen fuera del sistema.
UN PROBLEMA MAYOR QUE LOS 39 CASOS
Las cifras disponibles muestran que el fenómeno de menores reportados desaparecidos es más amplio que los casos vinculados directamente al Departamento de la Familia.
Entre enero y agosto de 2026, la Policía de Puerto Rico recibió 154 reportes de personas menores de edad desaparecidas. De acuerdo con cifras citadas públicamente, 132 habían sido localizadas, mientras 22 continuaban sin aparecer al momento de ese balance.
Esas cifras no deben confundirse con los 39 menores y jóvenes bajo custodia estatal que actualmente figuran como evadidos, pues corresponden a universos y momentos de medición diferentes.
El Gobierno mantiene además un registro público de personas reportadas como desaparecidas, destinado a facilitar información que pueda contribuir con su localización.
Registro oficial de personas desaparecidas de Puerto Rico
¿POR QUÉ ABANDONAN LOS HOGARES?
El caso también está provocando preguntas más profundas sobre el funcionamiento del sistema de protección.
Especialistas en trabajo social han señalado que algunos jóvenes llegan a estas instituciones después de experiencias familiares traumáticas, separación de hermanos, pérdida de vínculos comunitarios y otras situaciones complejas. El desafío, sostienen, no consiste solamente en proporcionar alojamiento y alimentación, sino también en atender las causas emocionales y sociales que pueden impulsar a algunos adolescentes a escapar repetidamente.
La controversia probablemente continuará creciendo porque existe una pregunta difícil de ignorar: si el Estado asumió la custodia de esos jóvenes precisamente para protegerlos, ¿qué mecanismos deben fortalecerse para impedir que abandonen los hogares y queden expuestos nuevamente a situaciones de peligro?
La muerte de Yadiel Torrales Lazú convirtió esa interrogante en una urgencia.
Mientras tanto, 39 menores y jóvenes bajo custodia gubernamental permanecen evadidos, y las autoridades puertorriqueñas continúan intentando localizarlos.
