Santo Domingo, RDHerald.- Para cometer los ilícitos que le atribuye el Ministerio Público, la supuesta estructura de corrupción que se describe en la Operación Calamar habría orquestado un esquema para distraer fondos públicos que implicó falsear documentos, excluir herederos y hasta poner a firmar a los muertos.
Segun el PEPCA, además de los funcionarios públicos que habrían actuado en el esquema, su operatividad también contó con la participación de abogados especializados en la gestión de cobros al Estado dominicano, el que habría sido desfalcado con más de 19,000 millones de pesos, conforme plantea la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA
En la totalidad de estos casos se emplearon contratos de cesiones de créditos simuladas, sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes»
Los exministros Donald Guerrero (de Hacienda), Gonzalo Castillo (Obras Públicas) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia) encabezan la lista de las 20 personas detenidas hasta el momento en la Operación Calamar, a las que se les debe conocer medidas de coerción el próximo domingo.En la solicitud de medida que hace la Pepca se indica que, ante la necesidad de recursos para financiar las campañas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entonces, en el Gobierno, la estructura ideó darle salida de expedientes de expropiación de terrenos que tenían años.
Asegura que Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, ante un señalamiento que le hizo Donald Guerrero, le indicó a Fernando Crisóstomo que tenía los expedientes a través de los cuales se podían adquirir los fondos públicos.
A Fernando Crisóstomo lo define como alguien que se dedicaba al cobro de deuda administrativa y quien asumió la responsabilidad de captar e identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos, en particular de obligaciones económicas contraídas por el Estado por expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos a través de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Afirma que la estructura manejada por Crisóstomo distrajo RD$10, 067.7 millones.
¿Acuerdo con una difunta?
El relato empieza con la compra en 1956 de unos terrenos de parte del Estado a los señores Carmen Peña Batlle, Osvaldo J. Peña Batlle y Noemí Peña Vda. Mella. Eran unos 55,969 metros cuadrados dentro del inmueble parcela núm. 613, del Distrito Catastral # 32, que son parte de las tierras del Aeropuerto Internacional de las Américas.
Tras una litis por derechos de herederos, se amplió la propiedad de los mismos a otras personas, incluido el señor Agustín Reyes O Ben, con cuyos sucesores, el fenecido Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales, acordó, en febrero de 2019, pagar la suma de RD$515.3 millones.
El pago se haría en efectivo en dos partidas, una de RD$266,000,000.00, a la firma del contrato, y el otro por el saldo, en el segundo trimestre del año. Según la Pepca, casi la mitad de los fondos públicos entregados a los sucesores de Agustín Reyes O Ben terminaron en manos de cesionarios por concepto de supuestos préstamos.
Cita los casos específicos de la Constructora Ovajor, S.R.L., que fue favorecida con RD$111,786,958 y la entidad Vectra Consulting, S.R.L., que recibió RD$91,955, 598. Esas empresas, asegura el Ministerio Público, pertenecen a la estructura de Fernando Crisóstomo, a través de los prestanombres José Andrés Familia y Efraín Santiago Báez Fajardo.
