Santiago, RD Herald. – Los motoconchistas arrestados por la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada en Santiago podrían enfrentar penas severas que, en el escenario más grave, alcanzarían hasta 30 años de reclusión mayor, dependiendo de la calificación jurídica que formule el Ministerio Público y de lo que finalmente establezca el tribunal. La Policía informó el arresto de ocho motoconchistas, incluido el señalado como presunto autor de la herida mortal con arma blanca, tras un incidente de tránsito que quedó captado en video y circuló ampliamente en redes sociales.
Bajo el Código Penal actualmente vigente en República Dominicana, el artículo 295 establece que quien mata voluntariamente a otra persona comete homicidio, mientras que el artículo 296 dispone que ese homicidio se convierte en asesinato cuando ha sido cometido con premeditación o acechanza. A su vez, el artículo 302 fija en 30 años de reclusión mayor la pena para los culpables de asesinato.
La legislación también contempla agravantes importantes. El artículo 304 señala que el homicidio se castiga con 30 años de reclusión mayor cuando precede, acompaña o sigue a otro crimen, o cuando ha tenido por objeto facilitar un delito, asegurar su ejecución o procurar impunidad. Ese mismo artículo añade que, en cualquier caso, el culpable de homicidio será castigado con pena de reclusión mayor, lo que confirma que el expediente podría moverse dentro de un marco penal de alta gravedad.
Además, por tratarse de una agresión atribuida a varias personas, la Fiscalía podría valorar también la figura de asociación de malhechores. Los artículos 265 y 266 del Código Penal establecen que todo concierto o asociación para preparar o cometer crímenes contra las personas constituye un crimen contra la paz pública y castigan con reclusión mayor a quien participe en esa estructura.
El caso, de producirse acusación formal, sería conocido bajo el Código Penal vigente hoy, no bajo el nuevo texto promulgado en 2025, ya que esa nueva normativa fue aprobada con una entrada en vigor diferida de 12 meses. Por tanto, para hechos ocurridos en abril de 2026, el marco legal operativo sigue siendo el actual código, salvo las discusiones procesales que puedan surgir en etapas posteriores.
En términos prácticos, esto significa que la pena final dependerá de si el Ministerio Público sostiene un cargo de homicidio o logra elevarlo a asesinato, así como del grado de participación individual que se pruebe contra cada imputado. No todos necesariamente enfrentarían la misma sanción, pero el expediente, por la forma en que ha sido descrito públicamente, se perfila como uno de fuerte impacto penal