Santo Domingo, RD Herald. – El Ministerio de la Mujer presentó los resultados de una consulta nacional realizada con la participación de 4,707 hombres de diferentes sectores de República Dominicana, como parte de una estrategia para identificar propuestas destinadas a reducir los riesgos de violencia contra las mujeres.
La iniciativa, divulgada el viernes 20 de noviembre, fue impulsada por la ministra Gloria Reyes y se desarrolló bajo el nombre de una consulta sobre soluciones aportadas desde la población masculina.
La institución anunció una hoja de ruta orientada a incorporar la participación y corresponsabilidad de los hombres en las políticas de prevención de la violencia de género.
Un enfoque que busca involucrar a los hombres
La prevención de la violencia contra las mujeres requiere actuaciones institucionales, educativas y comunitarias.
Tradicionalmente, numerosas iniciativas se han concentrado en orientar a las víctimas sobre mecanismos de denuncia y protección.
La nueva consulta busca incorporar también la perspectiva de los hombres en la identificación de comportamientos, factores de riesgo y posibles soluciones.
Esta participación puede resultar útil para diseñar intervenciones preventivas, siempre que sus resultados sean examinados mediante criterios técnicos.
La consulta no debe interpretarse como una encuesta representativa de todos los hombres dominicanos sin conocer previamente su metodología de selección.
Una investigación con acompañamiento técnico
El trabajo fue coordinado por la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano.
También contó con acompañamiento técnico del especialista Luis Vergés y aportes metodológicos de Fausto Suriel.
El Banco Interamericano de Desarrollo participó mediante su División de Género y Diversidad, con el respaldo de Claudia Piras y Aris Balbuena García.
La participación de especialistas y organismos de cooperación puede fortalecer el diseño de políticas públicas, pero los resultados deben evaluarse conforme a los datos y procedimientos utilizados.
Educación y salud pública
La hoja de ruta anunciada contempla intervenciones en el sistema educativo y en áreas relacionadas con salud pública.
Las instituciones educativas pueden desempeñar un papel importante en la promoción de relaciones respetuosas y en la identificación temprana de comportamientos violentos.
Los servicios de salud, por su parte, pueden contribuir a detectar situaciones de riesgo y orientar a personas que requieren atención especializada.
Sin embargo, para que estas acciones produzcan resultados sostenibles necesitan personal preparado, protocolos claros y coordinación entre instituciones.
También deben existir mecanismos para proteger la confidencialidad y seguridad de las personas involucradas.
Participación de instituciones militares
La estrategia incluye actuaciones dirigidas a instituciones castrenses.
Estos espacios reúnen a un número considerable de hombres y cuentan con estructuras de formación y disciplina que podrían facilitar programas de prevención.
Las intervenciones deberán adaptarse a las características de cada institución.
El propósito debe ser promover conductas respetuosas, prevenir abusos y fortalecer los mecanismos de atención ante posibles situaciones de violencia.
Atención conductual y prevención
Otro componente anunciado se relaciona con la atención conductual.
Los programas de intervención pueden abordar patrones de comportamiento, resolución de conflictos y reconocimiento de señales de riesgo.
No obstante, no todos los programas producen los mismos resultados.
La efectividad debe evaluarse mediante seguimiento profesional y métodos que permitan comprobar cambios reales.
La prevención tampoco sustituye la responsabilidad penal cuando se cometen delitos.
Una política que necesitará indicadores
El Ministerio de la Mujer deberá precisar los plazos, recursos y responsabilidades institucionales de la hoja de ruta.
También será importante conocer cómo se utilizarán los resultados de la consulta para diseñar programas específicos.
La participación de 4,707 hombres constituye una base de información, pero no demuestra por sí sola una reducción de la violencia.
El resultado deberá medirse mediante cambios verificables en la prevención, atención y protección de las mujeres.

