Santo Domingo, RD Herald. – La investigación sobre el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entró durante las últimas horas en una nueva etapa judicial, luego de que el Ministerio Público depositara una solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas a la más reciente fase del denominado caso SeNaSa 2.0.
La instancia fue depositada a las 11:55 de la noche de este sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y contiene 525 páginas, según las informaciones conocidas durante la madrugada de este domingo.
El órgano persecutor está solicitando prisión preventiva para los imputados y que el expediente sea declarado complejo.
La presentación estuvo encabezada por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a otros miembros del equipo investigador.
Esta nueva ofensiva judicial comenzó el viernes con 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, en los cuales participaron 45 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales.
Inicialmente fueron arrestadas 28 personas. Sin embargo, la solicitud de coerción finalmente presentada comprende a 25 investigados. Entre ellos figuran médicos, empleados de SeNaSa, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con el sector farmacéutico.
Uno de los aspectos más delicados revelados por la Fiscalía es la supuesta facturación a SeNaSa de consultas y procedimientos médicos que nunca habrían sido realizados.
Según la explicación de Ortiz, cuando un procedimiento inexistente era cargado a nombre de un afiliado no solamente se producían desembolsos de recursos públicos, sino que además se reducía la cobertura disponible para ese asegurado.
La investigación incluso ha identificado, según el Ministerio Público, casos de afiliados masculinos a quienes aparecían registradas consultas ginecológicas que posteriormente negaron haber recibido.
Las autoridades investigan diferentes modalidades de un presunto esquema que habría provocado pérdidas estimadas en alrededor de RD$15,000 millones a la aseguradora estatal.
Entre las irregularidades investigadas aparecen doble facturación, utilización de sellos médicos presuntamente falsificados, adulteración de estados financieros, programas especiales sin supuesto sustento jurídico, venta de medicamentos donados y reembolsos fraudulentos.
Corresponde ahora al tribunal fijar fecha y hora para el conocimiento de la medida de coerción.
Las acusaciones presentadas por el Ministerio Público deberán ser demostradas ante los tribunales y todos los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista sentencia definitiva.
