Santo Domingo, RD Herald. – El Gobierno dominicano emitió el Decreto 714-26, mediante el cual establece nuevas disposiciones para coordinar las inversiones y contrataciones tecnológicas de las instituciones públicas, con el objetivo de reducir la duplicación de gastos, mejorar la seguridad de los sistemas y fortalecer el control del Estado sobre su infraestructura digital.
La medida representa un cambio en la manera en que las dependencias gubernamentales deberán planificar determinadas adquisiciones de tecnología, especialmente cuando se trate de plataformas complejas, servicios digitales estratégicos o proyectos que involucren a varias instituciones.
El reglamento coloca al Ministerio de Administración Pública (MAP) como organismo responsable de coordinar y supervisar los procesos relacionados con la infraestructura digital estratégica del Estado.
El ministro Sigmund Freund explicó que la disposición busca superar la práctica de realizar inversiones tecnológicas de manera aislada, promoviendo una estrategia común para el sector público.
¿Por qué el Gobierno quiere centralizar la coordinación?
Durante años, numerosas instituciones públicas han desarrollado sistemas informáticos destinados a resolver sus propias necesidades administrativas.
Aunque esas herramientas pueden cumplir funciones específicas, cuando no existe coordinación suficiente pueden surgir dificultades para compartir información, integrar plataformas o aprovechar recursos tecnológicos ya disponibles.
También puede ocurrir que varias instituciones adquieran soluciones similares sin evaluar previamente la posibilidad de utilizar sistemas comunes.
El nuevo reglamento pretende reducir esos riesgos.
La coordinación no significa necesariamente que todas las dependencias utilizarán una única plataforma informática.
El objetivo declarado es que las inversiones respondan a criterios compartidos de eficiencia, seguridad y compatibilidad.
Evaluación técnica antes de determinadas compras
Una de las novedades más importantes es la exigencia de evaluaciones técnicas previas para ciertos proyectos digitales complejos o estratégicos de las entidades del Poder Ejecutivo.
Antes de iniciar esos procesos de adquisición, las instituciones deberán contar con una evaluación del MAP, conforme a los supuestos establecidos por el reglamento.
La finalidad es determinar si la inversión responde a una necesidad real, si existe una alternativa disponible y si la solución propuesta podrá integrarse con otras herramientas gubernamentales.
La medida también contempla la posibilidad de coordinar compras conjuntas entre diferentes instituciones.
Este mecanismo podría permitir mejores condiciones de contratación cuando varias dependencias necesitan soluciones semejantes.
Sin embargo, el decreto no elimina las obligaciones establecidas en las leyes de contrataciones públicas, presupuesto, transparencia y protección de datos.
El control de los datos se convierte en asunto estratégico
Otro elemento central de la normativa es la protección de la información que administra el Estado.
Las instituciones públicas manejan grandes cantidades de datos relacionados con servicios administrativos, procedimientos y actividades oficiales.
Cuando esos datos se almacenan o procesan mediante sistemas contratados a terceros, resulta importante establecer condiciones que permitan mantener el control institucional.
El reglamento incorpora requisitos de portabilidad de datos e interoperabilidad.
La portabilidad permite trasladar información entre sistemas o proveedores, mientras que la interoperabilidad facilita que distintas plataformas intercambien datos de manera organizada.
La normativa también busca evitar contratos o diseños tecnológicos que generen dependencias exclusivas de un proveedor.
Esto resulta relevante porque una institución podría enfrentar dificultades económicas y operativas si no puede cambiar de sistema sin perder acceso a sus propios datos.
Inteligencia artificial bajo supervisión humana
El decreto incorpora disposiciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial y sistemas avanzados de automatización en el sector público.
Las soluciones tecnológicas que utilicen estos mecanismos deberán contemplar criterios de transparencia, trazabilidad y supervisión humana.
La intención es evitar que decisiones relevantes para los ciudadanos dependan exclusivamente de procesos automatizados sin controles adecuados.
La trazabilidad permite identificar cómo se desarrollan determinadas operaciones y facilitar su revisión.
La supervisión humana, por su parte, busca mantener la responsabilidad institucional sobre el funcionamiento de las herramientas tecnológicas.
Estas disposiciones adquieren importancia en un momento en que los sistemas automatizados comienzan a utilizarse para procesar información, organizar servicios y apoyar tareas administrativas.
Una comisión para coordinar las inversiones
El reglamento crea una Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas.
La estructura estará coordinada por el MAP y contará con representantes de diferentes organismos gubernamentales vinculados con la administración pública, las finanzas, las contrataciones y la ciberseguridad.
Entre ellos figuran el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
La participación de varias instituciones pretende incorporar criterios técnicos, presupuestarios y de seguridad en la evaluación de los proyectos.
El verdadero desafío será la aplicación
La emisión del decreto constituye el establecimiento de nuevas reglas, pero sus resultados dependerán de la implementación.
Será necesario observar si los controles reducen efectivamente las contrataciones duplicadas, si mejoran la integración de plataformas y si permiten ofrecer servicios más eficientes a los ciudadanos.
También será importante que los procedimientos de evaluación no generen retrasos innecesarios en proyectos urgentes.
La transparencia en las adquisiciones y la protección de la información pública serán elementos esenciales para medir los resultados.
El Gobierno apuesta por una administración digital más coordinada. La efectividad de esa apuesta deberá demostrarse mediante resultados verificables.
