En un documento de siete puntos, los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (AlPaís), Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (D x C), el Frente Amplio (FA), el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y el Partido Socialista Cristiano (PSC), estiman que la aprobación por consenso de las leyes de Partidos y de reforma electoral es lo que garantiza la no repetición de elecciones traumáticas, como la del pasado 15 de mayo, y que nunca más un Presidente pueda ser electo con financiación ilegal.
“Hoy más que nunca necesitamos leyes que incluyan sanciones drásticas contra el financiamiento ilícito de la política y elecciones libres de traumas” expresaron en un documento las doce organizaciones políticas.
Informan que ante el intento del Presidente de la República de imponer, a través de la mayoría mecánica de que dispone el PLD en el Congreso Nacional, una Reforma Electoral y una Ley de Partidos como un traje a la medida de sus intereses y del partido gobernante, harán un plan de lucha tendente a movilizar la sociedad para lograr una Reforma Electoral y una Ley de Partidos que fortalezca el sistema democrático y garantice la celebración de elecciones limpias, libres, competitivas.
Señalan también que esa Ley de Partidos debe propiciar el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los partidos y agrupaciones políticas para construir una política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática.
“El financiamiento de las actividades políticas evidenciado de manera escandalosa en el costo multimillonario de las campañas electorales en los tres niveles de elección popular ha facilitado y condicionado la conformación de poderes públicos proclives a los compromisos corruptos y a los pactos de impunidad que hoy carcomen el sistema político y la democracia dominicana”, expresan.
Consideran que el ejemplo más emblemático de la relación corrupción y financiamiento de campañas electorales-obras del Estado, lo representa el escándalo mundial en que ejecutivos de la firma brasileña constructora Odebrecht, han confesado el financiamiento ilegal de diversas campañas en América Latina, incluyendo la República Dominicana.
En ese sentido, citan al señor Fernando Migliaccio, ejecutivo encargado del departamento de sobornos de dicha firma, quien ha declarado ante la Corte Electoral de Brasil que la campaña electoral de la República Dominicana, dirigida por el publicista Joao Santana y su esposa Mónica Moura, fue financiada de manera ilegal por esa empresa.
Añaden que la referida confesión reposa en expediente judicial e interrogatorio como documento público y oficial dado a conocer en esa nación, “lo que representa un grave escándalo mundial y una seria imputación que viene a sumarse a las numerosas irregularidades que caracterizaron el proceso electoral de 2016 y que llevaron a la mayoría de nuestros partidos a cuestionar los resultados de esos comicios”.
Subrayan, además, que para nadie en la República Dominicana resulta aceptable una reforma electoral y una ley de partidos que no garanticen transparencia y controles en el financiamiento de las campañas y límites en la duración de las mismas, la equidad en el acceso a la propaganda y a los medios de comunicación; el control y vigilancia de las contribuciones públicas y privadas y un adecuado régimen de consecuencias.
“Los partidos de oposición reiteramos nuestro compromiso con la aprobación de una ley que obligue a los partidos a cumplir con su importante papel de impedir los comportamientos antiéticos o ilegales de sus integrantes. Resulta imperativo incorporar en la ley la llamada “muerte civil” que significa que los partidos suspenderán la militancia a los involucrados en actos de corrupción y el compromiso de que los condenados por la comisión de actos delictivos no serán nunca más incluidos en las listas de elección popular ni podrán volver a ocupar cargos en el Estado”, precisan.
Estiman que la Ley de Partidos y la Reforma Electoral deben ser el resultado del más amplio consenso entre los partidos políticos, la sociedad dominicana y la Junta Central Electoral (JCE), pero “insistimos en que la preocupación fundamental que nos mueve es la convicción de que no basta con la simple aprobación de esas leyes si las mismas no cuentan con normativas vigorosas para atacar frontalmente el financiamiento ilícito y oculto y con sanciones drásticas que impidan el condicionamiento corrupto en la elección de autoridades presidenciales, congresuales y municipales”.
