Santo Domingo, RD Herald. – El expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, aseguró que la Constitución dominicana permite la repostulación de la vicepresidenta de la República, al sostener que no existe ninguna disposición que impida a Raquel Peña volver a figurar en la boleta electoral como candidata a la Vicepresidencia. Su planteamiento fue expuesto en una carta remitida a Diario Libre, en la que comentó un artículo del director de ese medio sobre la eventual reelección vicepresidencial.
Ray Guevara argumentó que la Carta Magna vigente no extiende a la Vicepresidencia la limitación establecida para la reelección presidencial. En su escrito, afirmó que la prohibición constitucional aplica al presidente de la República, pero no al vicepresidente, por lo que entiende que Peña podría repostularse sin violentar el texto constitucional.
El jurista también fue más allá al señalar que, a su juicio, tampoco existe impedimento para que la actual vicepresidenta aspire a la candidatura presidencial. Para sustentar esa posición, invocó el artículo 22 de la Constitución, relativo al derecho de ciudadanía de elegir y ser elegible, y recordó que el artículo 124 fija el límite de repostulación para quien ocupe la Presidencia, mientras que el artículo 125 regula la Vicepresidencia sin establecer una prohibición similar de reelección.
La Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024 establece que el presidente o presidenta podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y luego no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia. En cambio, el texto constitucional define al vicepresidente como un cargo elegido conjuntamente con el presidente, por igual período, pero no consigna en ese artículo una restricción específica para su repostulación.
La postura de Milton Ray Guevara cobra relevancia en medio del debate político sobre el futuro electoral del oficialismo y sobre el papel que podría jugar Raquel Peña en una próxima boleta del Partido Revolucionario Moderno. El exmagistrado presidió el Tribunal Constitucional desde su designación en diciembre de 2011 hasta el 28 de diciembre de 2023, lo que da peso institucional a su interpretación jurídica en una discusión que ya empieza a mover el tablero político nacional.