Santo Domingo, RD Herald. – El Gobierno dominicano aseguró este martes que el empresario haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no ingresará a la República Dominicana, pese a que en Estados Unidos trascendió una orden judicial que contemplaba su traslado al país como destino de deportación. La aclaración fue hecha por el Ministerio de Interior y Policía, que indicó que Vorbe mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejecutada por la Dirección General de Migración.
La posición oficial fue difundida luego de que surgieran versiones sobre la posible llegada del empresario haitiano a territorio dominicano. Según las autoridades, la prohibición sigue activa y, por tanto, no existe autorización para su admisión en el país. Ese pronunciamiento fue respaldado públicamente por la ministra Faride Raful, en un mensaje reseñado por varios medios locales.
La controversia se desató después de que el juez federal Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, aprobara un acuerdo en el que se establecía que Vorbe sería enviado a República Dominicana y no a Haití. De acuerdo con Diario Libre y Listín Diario, la orden judicial, fechada el 12 de mayo de 2026, surgió tras el rechazo de una acción de hábeas corpus con la que el empresario buscaba evitar su deportación a Haití y permanecer en Estados Unidos. Ambos medios también señalan que la solicitud de ser trasladado a República Dominicana partió del propio Vorbe.
Vorbe fue arrestado por ICE el 24 de septiembre de 2025. Reuters reportó en su momento que las autoridades migratorias estadounidenses lo acusaban de apoyar a bandas armadas en Haití y que el Departamento de Estado consideró que su presencia en Estados Unidos representaba un riesgo de política exterior. Medios dominicanos añadieron que la Embajada de Estados Unidos en Haití vinculó su detención a presuntos nexos con la violencia de grupos armados en ese país.
El caso adquiere además un matiz político y migratorio sensible, porque ocurre justo después de que el Gobierno dominicano confirmara que aceptará temporalmente a un número limitado de deportados de terceros países enviados desde Estados Unidos, pero excluyendo expresamente a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados. En ese contexto, la negativa oficial a admitir a Vorbe refuerza la línea que el Ejecutivo ha querido trazar respecto a Haití dentro de su política migratoria.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano marca distancia frente a un caso que mezcla deportación internacional, seguridad, Haití y soberanía migratoria, y evita que la República Dominicana quede convertida en destino automático de una medida acordada fuera de su territorio. Esa última apreciación es una inferencia basada en la orden judicial estadounidense y en la respuesta pública de las autoridades dominicanas.