Washington, D.C. RD Herald. – El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó esta semana una nueva orden ejecutiva que impone fuertes restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos de más de una docena de países, destacándose en la lista Cuba, Venezuela y Haití. La medida, que entrará en vigor el próximo lunes 9 de junio, tendrá repercusiones directas en millones de personas con vínculos familiares, educativos y comerciales con EE. UU., especialmente en el Caribe y América Latina.
Según la proclama presidencial, los ciudadanos haitianos enfrentan un veto total de entrada a territorio estadounidense, sin distinción de categoría migratoria. En contraste, a los ciudadanos de Cuba y Venezuela se les impone una prohibición parcial, aplicable a varias categorías comunes de visas, principalmente aquellas utilizadas para turismo, negocios, estudios y programas de intercambio.
Categorías de visa afectadas (Cuba y Venezuela)
La prohibición afecta específicamente las siguientes categorías de visa:
B-1: Viajes de negocios
B-2: Turismo o visitas familiares
B-1/B-2: Combinación de turismo y negocios
F: Estudiantes académicos y sus dependientes
M: Estudiantes vocacionales/técnicos y sus dependientes
J: Participantes en programas de intercambio cultural o académico
Estas restricciones no aplican a:
Personas con residencia permanente legal (green card)
Ciudadanos con visas ya emitidas y vigentes antes del 9 de junio
Extranjeros que ya se encuentren dentro del territorio estadounidense
Impacto regional y preocupación diplomática
La medida ha generado inquietud en distintos sectores diplomáticos, educativos y comerciales de la región, particularmente entre comunidades que mantienen lazos históricos con Estados Unidos. Observadores señalan que la decisión puede complicar aún más las relaciones bilaterales y afectar los flujos de remesas, turismo y cooperación académica.
En República Dominicana, donde reside una numerosa comunidad de inmigrantes haitianos y existen fuertes vínculos con las diásporas venezolana y cubana, la orden ejecutiva ha sido recibida con atención. Diversas organizaciones de derechos humanos y plataformas de asistencia a migrantes han comenzado a evaluar sus implicaciones.
