Ciudad de México.- El video donde se ve la aparente ejecución de un supuesto ladrón de combustible herido por un soldado ha provisto evidencia gráfica de una práctica que se sospecha ocurre desde hace tiempo en México y deja en una posición incómoda al gobierno que intenta aprobar una ley de seguridad que, según los críticos, podría proteger a los militares.
Defensores de los derechos humanos ya expresaron su indignación por las imágenes tomadas de una cámara de seguridad y que la prensa difundió esta semana, y afirman que proveen la inusual evidencia de una ejecución extrajudicial perpetrada por las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto ha limitado sus declaraciones públicas a afirmar que debe haber una investigación en torno a los hechos.
Queda como una interrogante la manera como esas imágenes impactantes afectarán la percepción pública sobre la participación de las fuerzas armadas mexicanas en el combate al crimen organizado en momentos en que la cámara baja debate una ley que Peña Nieto asegura es necesaria para dar “certidumbre” a las fuerzas armas en su desempeño de labores policiales.
Grupos defensores de los derechos humanos afirman que la medida legislativa dificultará la rendición de cuentas de los militares por sus acciones y ya algunos comenzaron a vincular el incidente en el video a la iniciativa de ley.
Si aprueban la Ley de Seguridad Interior es predecible que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, dijo el viernes el grupo de derechos humanos Seguridad sin Guerra en un comunicado.
En el video se ve cuando un soldado dispara a quemarropa en la cabeza a un hombre herido que está bocabajo en el piso durante un enfrentamiento el 3 de mayo entre el ejército y hombres armados que se dedican al robo de combustible en la localidad de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, centro de México.
En total, seis civiles y cuatro soldados murieron en la refriega.
Las autoridades mexicanas han defendido este tipo de operaciones militares y las describen como necesarias debido al aumento de robo de combustible por parte de diversos grupos delictivos a menudo vinculados con el crimen organizado, que extraen gasolina o diésel de ductos subterráneos.
El robo de combustible cuesta al país un equivalente de entre 780 millones y 1.000 millones de dólares cada año, según la Secretaria de Hacienda.
Las labores policiales asumidas por el ejército tienen una amplia aprobación entre la ciudadanía.
Los recursos energéticos de México son considerados infraestructura crítica, así que se considera una acción justa utilizar las fuerzas federales para protegerlos, dijo Erubiel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional, democracia y derechos humanos en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.https://youtu.be/eT6TE0nQqp4
Tirado dijo también que el problema ha permanecido tanto tiempo _debido a una caprichosa ignorancia y a una “red de complicidad”_ que ahora quedan pocas opciones.
Las fuerzas armadas han tenido una participación prominente en el combate al crimen organizado y a los carteles del narcotráfico durante más de 20 años y las autoridades han disuelto las fuerzas policiales locales cuando consideran que están muy afectadas por la corrupción.
“El fenómeno no existiría si no hubiera irresponsabilidad y/o complicidad de las autoridades y también el sector privado”, opinó Tirado.
El académico agregó que los abusos de los derechos humanos por parte de los soldados eran previsibles en situaciones de este tipo.
“En una situación de enfrentamiento o de operación en que van en contra de criminales o enemigos, no van a buscar detenidos… Van a matar. Esto es lo que muestra el video”.
La aparente ejecución extrajudicial en Puebla es la controversia más reciente de su tipo.
En abril de 2016, después de la filtración de un video en el que se ve a soldados y policías federales que torturan a una mujer joven, el secretario de la Defensa ofreció una disculpa pública en una acción sin precedentes.
Como no hubo la evidencia de video de otro incidente que dejó un considerable número de personas muertas, no se ofrecieron disculpas similares.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que el 30 de junio de 2014, los soldados ejecutaron por lo menos a 12 sospechosos que se habían rendido en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México.
Las fuerzas armadas dijeron que 22 individuos murieron en el intercambio de fuego, en el que sólo un soldado resultó herido. Sin embargo, The Associated Press encontró evidencia en el lugar de los hechos que contradecía aquella versión.
Siete soldados fueron acusados inicialmente. Un juez desechó los cargos contra cuatro de ellos y después absolvió a los restantes tres. Una corte marcial desechó los cargos contra seis efectivos y condenó a uno por desobedecer órdenes.
En octubre de 2015, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que la Secretaría de la Defensa le indicó que los efectivos carecían de capacitación para efectuar labores policiales y que las fuerzas militares no querían desempeñarlas.
Ra’ad Al Hussein recomendó a México regresar a los soldados a sus cuarteles.
No es seguro que las más recientes acusaciones sobre abusos de los derechos humanos calen entre la ciudadanía.
Según una encuesta de 2012 de la firma Parametría, 62% de los mexicanos cree que no necesitaban respetarse los derechos humanos de los narcotraficantes.
Parametría ha medido la percepción del público sobre el ejército durante años y señala que la confianza oscila entre 52 y 75% desde 2002. Las cifras colocan de manera sólida a las fuerzas armadas entre las tres instituciones más respetadas en México después de la Iglesia católica.
En su valuación más reciente, la firma estableció en 58% el apoyo a las fuerzas militares en enero, comparado con 52% de julio, mientras que 6 de cada 10 mexicanos entrevistados a inicios de este año dijeron que preferían tener al ejército en las calles que a la policía.
Sin embargo, el incidente en Puebla sin duda ocurre en un momento inoportuno para Peña Nieto y las fuerzas armadas, debido a las protestas contra la iniciativa de ley.
Algunos sectores censuran las disposiciones propuestas que otorgarían a las fuerzas militares mayores facultades para la compilación de inteligencia interna y aseguran que hará más difícil a las autoridades civiles investigar los abusos de los militares.
Otros sectores aprovechan el video para criticar la participación de los militares en el combate al crimen organizado.
Estos acontecimientos son una “prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo”, manifestó el colectivo de derechos humanos Seguridad Sin Guerra.
