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Santo Domingo, RD Herald. – El caso Calamar sufrió un giro judicial luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al considerar que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para enviarlos a juicio de fondo.
La decisión fue adoptada por la jueza Altagracia Ramírez, quien concluyó que los elementos presentados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa no sustentaban una acusación con fuerza suficiente contra Castillo y Peralta dentro del expediente de presunta corrupción administrativa conocido como caso Calamar.
El fallo también favoreció con no ha lugar a Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, así como a otros imputados incluidos en esta etapa del proceso. La decisión implica que esos acusados no serán enviados a juicio de fondo por los hechos que les atribuía el órgano persecutor, salvo que una apelación modifique el criterio del tribunal.
En contraste, la magistrada ordenó apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, al considerar que los cargos presentados por el Ministerio Público en su contra deben ser conocidos en una nueva etapa procesal. También fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward, varias de sus empresas y otros implicados señalados por el órgano acusador.
Durante el proceso, la defensa de Gonzalo Castillo insistió en que el exministro de Obras Públicas no participó en ningún esquema de corrupción ni en desvío de fondos públicos, y sostuvo que la teoría del Ministerio Público carecía de sustento probatorio suficiente. De su lado, José Ramón Peralta también defendió su inocencia y afirmó que no se había presentado una prueba concreta en su contra.
El Ministerio Público, sin embargo, anunció que apelará la decisión. El procurador adjunto Wilson Camacho calificó el fallo como una “errónea apreciación de las pruebas” y sostuvo que el tribunal no valoró adecuadamente testimonios y elementos que, a juicio de la Pepca, eran fundamentales para sustentar la acusación.
Camacho afirmó que el órgano acusador entiende que todos los imputados debieron enfrentar juicio de fondo, aunque destacó que 35 personas incluidas en esta etapa sí fueron enviadas a juicio. La Pepca sostiene que apelará los no ha lugar porque considera que existen elementos suficientes para continuar el proceso contra quienes fueron favorecidos por la decisión judicial.
El caso Calamar ha sido uno de los expedientes de corrupción administrativa más voluminosos presentados en los últimos años. La acusación original incluyó miles de páginas y señalaba a exfuncionarios de alto nivel de la pasada administración del PLD por presuntas maniobras fraudulentas, asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios y otros delitos contra el Estado.
La decisión del tribunal no representa necesariamente el cierre definitivo del caso para Castillo y Peralta, ya que el Ministerio Público puede recurrir el fallo ante una instancia superior. No obstante, marca un importante revés judicial para la Pepca en relación con los alegados vínculos de ambos exministros en este expediente.