Preso por homicidio en el Estado de Alabama (sur de Estados Unidos) desde 1982, Tommy Arthur, de 75 años, espera en una celda de cuatro metros cuadrados por octava vez en su vida la ejecución. Programada para este jueves, desde 2001 se ha fijado y suspendido en siete ocasiones. Arthur fue condenado a muerte en 1983, acusado de haber cumplido el encargo de una amante que le pidió que asesinase a su marido para embolsarse un seguro de vida. Él se declaró inocente.
Desde que Arthur fue sentenciado en 1983, en Alabama han sido ejecutados 58 presos. Y la semana pasada, el congreso estatal votó a favor de una ley que reduce el margen de maniobra para las apelaciones de los reos en el corredor de la muerte.
El pasado 3 de noviembre, Arthur eludió la ejecución por minutos. Estaba prevista para las seis de la tarde. Una hora antes, según dijo el preso a un medio local, “había asumido que me iban a matar”. Pero media hora más tarde, cuando todo estaba preparado, se anunció un retraso de dos horas. El Tribunal Supremo necesitaba revisar la apelación de los abogados de Arthur. Pasaron las horas y antes de las once de la noche se confirmó que la ejecución se había pospuesto.
Antes del caso del asesinato del esposo de su amante, en 1982, Arthur había estado en prisión por un homicidio en segundo grado del que se declaró culpable. Del segundo crimen, por contra, lleva 35 años defendiéndose. Su abogada sostiene que no existen huellas que lo involucren ni tampoco un arma del crimen. Han reclamado que se hagan pruebas genéticas que nunca se llegaron a realizar, pero hasta la fecha los tribunales no se lo han concedido. Arthur ha enviado una carta escrita a mano a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, que dice: “Por favor, no me maten sin haber cotejado las evidencias con pruebas de ADN”. La octava fecha de ejecución de Tommy Arthur, prevista para las seis de la tarde del jueves, podría ser suspendida por la gobernadora o por el Tribunal Supremo.
Otro argumento esgrimido por la abogada de Arthur para paralizar la sentencia tiene que ver con un componente químico que se emplea en Alabama para la inyección letal, el sedante midazolam, considerado ineficaz para evitar sufrimiento al ejecutado –una obligación constitucional–. El preso Ron Smith fue ejecutado el pasado diciembre empleando midazolam y tardó más de media hora en morir, tosiendo y tratando de coger aire durante al menos 13 minutos.
Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976 han sido ejecutados 1.453 ciudadanos en Estados Unidos. En 2017 se han cumplido 11 sentencias. La media de espera entre los sentenciados este año, desde que se firmó su condena hasta que se cumplió, ha sido de 17,8 años. El último ejecutado hasta hoy ha sido J.W. Ledford Jr., en Georgia, el 16 de mayo. Ledford, que había estado 24 años en el corredor de la muerte, pidió que no lo ejecutasen con inyección legal, pues temía una muerte dolorosa, sino por medio de un «pelotón de fusilamiento». Murió por inyección.
