Desconocidos asaltaron y asesinaron a un vendedor de víveres de 21 años en el sector Mendoza, de Santo Domingo Este.
Nomberto Quezada vendía sus mercancías en una camioneta y fue tiroteado en la calle José Francisco Peña Gómez, del referido sector, por dos hombres que transitaban en una motocicleta.
El asalto ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la calle José Francisco Peña Gómez, del sector Jarro Sucio.
Los delincuentes cargaron con $12.300 pesos que tenía la víctima.
Waymo, la empresa de Alphabet, matriz de Google, acaba de interponer una demanda contra Uber por robo de propiedad intelectual. La denuncia, depositada en los juzgados de San Francisco, acusa a Anthony Levandowski, cofundador del coche de Google, de llevarse consigo 14.000 archivos confidenciales o de diseños propios cuando fichó por Otto, la empresa de Uber que inicialmente programaba camiones autónomos y de la que ahora dependen los coches.
El equipo de Waymo ha publicado un post en el blog corporativo donde explican su actuación: “Pensamos que esta acción forma parte de un plan para robar secretos y propiedad intelectual de Waymo”. En la documentación legal se detalla que copió varios elementos como piezas de su sistema, e incluso, la placa sobre la que funcionan los circuitos. Se llevó consigo un total de 9,7 gigas de información que incluían resultados de pruebas. Según Google, se lo envió a sí mismo seis semanas antes de cambiar de trabajo.
Levandowski estuvo en Google durante nueve años para fundar Otto, adquirida por Uber el pasado mes de agosto por 680 millones de dólares. Solo seis meses después de su nacimiento.
De manera concreta se le acusa de clonar el LiDAR, el sensor de luz y láser que permite posicionar y tomar información del exterior que después procesa el vehículo para tomar decisiones. Google nunca ha acusado de nada similar a Tesla y su piloto automático, al considerar su fórmula totalmente diferente a la desarrollada por ellos.
La fuga no termina ahí. Waymo cree que más empleados que cambiaron de camiseta se llevaron datos de interés, entre los que incluyen listas de proveedores o detalles de fabricación. Google hace una vieja comparación: “Apropiarse de este tecnología es similar a hacerse con la fórmula secreta de un refresco”.
Google es como el alumno que va tres cursos por delante y siempre recibe a los nuevos de la clase, ávido por caer bien, abre los brazos y entabla amistad con los recién llegados. Su relación con Uber era cercana. En algunos aspectos fue casi como un mentor. Contar con una nueva generación de gigantes tecnológicos legitima al ecosistema de Silicon Valley y refuerza su posición de liderazgo. Google Ventures, el brazo de capital riesgo del buscador, hizo una inversión de 250 millones de dólares en 2013.
Ese suele ser su comportamiento hasta que, como en el caso de Uber, consideran que no han jugado limpio. La ruptura comenzó a evidenciarse también en agosto, cuando David Drummond, ejecutivo de Google, salió del consejo de Uber.
La empresa de Travis Kalanick, que está en la fase final antes de su salida a bolsa, vive uno de los meses más complicados de su historia. Tras las críticas al fundador por formar parte del consejo económico del presidente Trump, el pasado domingo se vieron envueltos en un escándalo de acoso sexual a una ingeniera. Kalanick dejó su asiento junto al presidente con un saldo de 300.000 usuarios menos, el caso de acoso puede salir todavía más caro. Susan Fowler pasó un año en la empresa y, a pesar de sus reiterados avisos a recursos humanos, no hubo reacción. Uber ha contratado al ex fiscal general, Eric Holder, para investigar el caso y corregir una conducta que no parece un caso aislado en la industria.
Las contradicciones entre los mensajes hacia México del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump y el de sus funcionarios, han vuelto a ser notorias este jueves. Mientras el presidente de Estados Unidos se mostraba tajante y hablaba de operaciones militares en la frontera, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguraba en México que no habrá deportaciones masivas ni se empleará la fuerza militar en ninguna operación de este tipo.
“No habrá, repito, no habrá, deportaciones masivas”, aseguró Kelly, junto al secretario de Estado, Rex Tillerson, tras la reunión que mantuvieron con el canciller mexicano, Luis Videgaray, y varios secretarios del Gabinete de Enrique Peña Nieto. “Quiero dejar claro también que no habrá uso de las fuerzas militares en operaciones migratorias”, enfatizó.
Las afirmaciones contundentes de Kelly chocaron frontalmente con las que, unas horas antes, había hecho su jefe, Donald Trump, el presidente que más ha vilipendiado a México. En un acto con empresarios, sentado a la vera de su yerno, Jared Kushner, Trump se refirió a la visita de Tillerson y Kelly a México: “Le dije a Rex [Tillerson] que va a ser un viaje duro, porque tenemos que ser tratados de manera justa por México. Ahí está con el general Kelly, que ha hecho una labor increíble en la frontera, ya veis lo que está pasando ahí. Por primera vez, vamos a echar a los capos de la droga, estamos sacando del país a tipos realmente malos a un ritmo que nadie ha visto antes”, recalcó, para después zanjar: “Es una operación militar. Muchos de ellos son gente que está aquí de forma ilegal, y son duros, pero no son tan duros como nuestra gente, así que los vamos a echar».
La incongruencia obligó a Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, a tratar de aclarar lo sucedido: «El presidente usó [la expresión de operación militar] para describir la forma en que estaba ocurriendo con precisión, de forma impecable a la hora de garantizar que se cumplen las órdenes».
No es la primera vez que Trump actúa de forma contundente contra México mientras los miembros de su Gabinete tratan de limar asperezas. En enero, el mismo día en que Videgaray negociaba la finalmente cancelada visita a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Trump anunciaba su intención de construir el muro y de pasarle la factura a México, hecho que llevó al presidente de ese país a cancelar su estancia en la capital estadounidense.
El momento más humillante para México, no obstante, se produjo durante la campaña electoral. Horas después de ser recibido por Peña Nieto, Trump, en un acto en la frontera de Estados Unidos, aseguró que el muro que pretende construir lo pagaría su vecino del sur aunque este no fuera consciente de ello.
En una carta al Consejo Nacional Electoral, encargado de la investigación, Otto Bula asegura no tener constancia de esa declaración
«Manifiesto que no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos». Son las palabras manuscritas de Otto Bula, el exsenador colombiano que hace una semana, en declaración jurada ante la Fiscalía de Colombia, aseguró haber entregado un millón de dólares, procedentes de un soborno de Odebrecht, a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 a través de un mediador. La carta, firmada de su puño y letra y con su huella dactilar, ha llegado al mediodía del martes al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de investigar si la campaña del actual mandatario recibió dinero de la constructora brasileña y, por tanto, superó los topes establecidos por la ley.
«Esa ha sido su versión siempre, es posible que el comunicado de la Fiscalía haya dado lugar involuntariamente a otras interpretaciones», dice Alejandro Sánchez, abogado de Bula, a EL PAÍS, asegurando la veracidad de la carta. El texto al que se refiere el defensor fue publicado el pasado 7 de febrero con la firma de Néstor Humberto Martínez, fiscal de Colombia. “El señor Otto Bula tramitó desde 2014 dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”, se aseguraba. Lo que sí reitera el manuscrito de Otto Bula es que el supuesto beneficiario del millón de dólares es Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto, el entonces gerente de la campaña de Santos.
Otto Bula no solo niega haber mencionado al presidente, sino que también solicita al CNE declarar bajo juramento. A partir de este momento, Ángela Hernández, magistrada del caso, prosigue con el trámite y está acordando con la Policía cuándo podrá tomar testimonio al exsenador. Bula se encuentra preso en un centro carcelario por lo que es necesario la aprobación de la institución penitenciaria de Colombia (INPEC).
La Fiscalía ha emitido un comunicado la mañana del miércoles, horas después de que se conociera la carta de Bula, en el que recuerda que «se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones acopiadas». El organismo se centra en averiguar cómo llegó ese dinero a Colombia, pero ha dejado en manos del Consejo Electoral la investigación sobre la supuesta financiación ilícita de la campaña presidencial. «Con independencia de si este testimonio finalmente sea cierto, el trabajo ya ha comenzado y debe terminarse», ha aclarado Alexander Vega, presidente del CNE.
El caso Zuluaga
La campaña del presidente Santos no es la única que se investiga desde el CNE. El magistrado Carlos Camargo analiza si Óscar Iván Zuluaga, candidato opositor al mandatario en 2014, recibió dinero de Odebrecht a través de un asesor. El juez tenía previsto viajar el jueves 16 a Brasil con el Fiscal para recopilar información sobre el caso, pero finalmente no lo hará. «Al CNE nos recibirán de manera independiente ya que a esta reunión solo acudirán fiscales de la región», ha dicho Vega.
DeEl director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, destituyó y dejó sin funciones al director de la Policía Preventiva, general Valentín Rosado Vicioso, y en su lugar designó al también general, Héctor García Cuevas.
Aunque las razones del cambio no fueron ofrecidas, fuentes del cuerpo atribuye el movimiento a la reunión que Rosado Vicioso sostuvo con los convocantes a la marcha Fin de la Impunidad en la que se consensuó una ruta distinta a la que se había comunicado inicialmente al Ministerio de Interior y Policía.
En el encuentro, realizado a mediados de la pasada semana en el Palacio de la Policía, además de Rosado Vicioso fue presidida por el general Pablo Arturo Pujols, encargado de la Dirección Central del Distrito Nacional.
De acuerdo con las informaciones suministradas a Diario Libre, los organizadores de la actividad solicitaron el encuentro al director de la Policía, y este a su vez comisionó a los citados oficiales a reunirse con el grupo, entre los que estaba el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), general Frener Bello Arias, quien no asistió y el director general de Investigaciones Criminales (DICRIM), general Ney Aldrin Bautista Almonte, quien se hizo representar por un asistente.
Se espera que en las próximas horas se produzca la designación de un nuevo director de la Policía Preventiva. RR
Tomado de Diario Libre
Una embarcación que realiza abortos en aguas internacionales llegó a las costas de Guatemala para ofrecer su servicio a mujeres en el país centroamericano en medio de críticas de sectores conservadores.
Leticia Zenevich, vocera de la organización holandesa «Mujeres en las Olas» (Women on Waves), dijo que el barco atracó el miércoles en el Puerto Quetzal, en Escuintla, en las costas del Pacífico guatemalteco. Se tiene previsto que permanezca cinco días cerca del país.
«Los abortos se realizarían en aguas internacionales bajo la jurisdicción de leyes internacionales, no se infringirán las leyes del país», dijo Zenevich. Sin embargo, en Guatemala el aborto está penalizado por ley.
«El buque cuenta con las condiciones adecuadas con las cuales podría proveer abortos médicos legales gratuitos hasta las diez semanas de embarazo después de navegar aguas internacionales, o sea, 12 millas fuera de las costas guatemaltecas», dijo la organización a través de un comunicado de prensa.
Zenevich explicó que el personal a bordo ya ha realizado estos procedimientos en otros países y que se decidió que Guatemala fuera el primer territorio latinoamericano en virtud de la fortaleza de sus organizaciones de mujeres, donde la libertad de expresión ha crecido.
Mientras el barco se mantiene lejos de la costa, un yate acercaría a las interesadas en realizarse el procedimiento. Sin embargo, el Ejército guatemalteco emitió un boletín de prensa para informar que no permitirían que la embarcación llegue a puerto. «El Ejército de Guatemala como responsable del mar territorial y con instrucciones del Comandante General de Ejército (el presidente Jimmy Morales), no permitirá que está ONG efectúe estas actividades», dijo en su boletín.
La Fuerza Armada también anunció que presentarán una denuncia ante la fiscalía contra el personal que viaje en el yate «ya que no informó de sus intenciones al atracar en el muelle».
El vicepresidente del Senado, Dioni Sánchez, propuso hoy la realización de un plebiscito para que sea el pueblo quien finalmente decida si está o no de acuerdo con la penalización del aborto.
Añadió que el plebiscito está contemplado en la Constitución y sería la vía más democrática para dirigir el conflicto que existe con relación al tema.
Vaticinó que por lo sensible y complicado del tema, lo más probable es que sea el Tribunal Constitucional quien finalmente decida lo relativo a la interrupción o no de los embarazos.
Consideró que sin importar la decisión de los legisladores en torno a las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al proyecto en los casos de violación, incesto o cuando la criatura viene con problemas congénitos, las partes enfrentadas acudirán al referido tribunal.
“El artículo 37 de la Constitución garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte, si los legisladores acogen las observaciones del presidente de la República, entonces el sector lo más probable es que busque que sea el Tribunal Constitucional quien decida el diferendo”, sostuvo.
La constructora brasileña Odebrecht financió con tres millones de dólares la campaña electoral del expresidente peruano Ollanta Humala en las presidenciales de 2011 que ganó, según la confesión que hizo en enero el exdirector de esa empresa en Perú Jorge Barata, a fiscales peruanos y que se publicó hoy en la prensa.
Las donaciones se hicieron a petición del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, y algunas fueron entregadas personalmente a la esposa de Humala, Nadine Heredia, según las declaraciones de Barata difundidas por el diario El Comercio y el semanario Caretas.
La Fiscalía peruana investiga a Humala y a Heredia, ambos líderes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), por lavado de activos al supuestamente haber gestionado una financiación ilegal de su formación política durante las campañas electorales para las presidenciales de 2006 y 2011.
Barata, quien se acogió en Brasil a la figura de la delación premiada para colaborar con las investigaciones a cambio de suavizar una futura condena, confesó a un grupo de fiscales peruanos que inicialmente entregó a Heredia un millón de dólares en una vivienda que Humala tiene en Lima.
Posteriormente la esposa de Humala lo llamó para pedirle más aportes, que se tramitaron mediante remesas procedentes de Brasil a las oficinas de Odebrecht en Lima, mientras que otras cantidades similares eran entregadas a los publicistas brasileños Luis Favre y Valdemir Garreta para que las llevaran hasta Perú.
Según Barata, las donaciones cesaron en el primer semestre del año 2011, una vez que Humala se proclamó como presidente electo del Perú.
Durante el período presidencial de Humala, el Gobierno peruano adjudicó a Odebrecht millonarias obras públicas como el Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión fue devuelta al Estado después de que la compañía no pudiera garantizar la financiación íntegra del proyecto ni tampoco vender sus acciones.
Sin embargo, en su declaración, Barata afirmó que ninguno de estos pagos fue para garantizar que Odebrecht obtuviera el citado gasoducto “ni hubo solicitud” de dinero en este sentido por funcionarios peruanos.
Además, también descartó que Odebrecht hubiera pagado dinero al Partido Nacionalista para su campaña electoral de 2006.
Odebrecht reconoció a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Toledo es la primera gran figura de la política peruana implicada en el caso de Odebrecht por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos, por lo que ahora se encuentra en busca y captura para que se ponga a disposición de la Fiscalía peruana.
Obreros que se ganan la vida en el hospedaje Yaque, transportando cargas en carretillas y que son impedidos de realizar esa labor por policías municipales, provocaron este jueves desórdenes en los alrededores, en reclamo de que la Alcaldía deje sin efecto la medida.
La quema de basura y neumáticos, así como la colocación de obstáculos en las vías públicas, provocaron el taponamiento de los vehículos que intentaron desplazarse por la avenida Circunvalación Sur y calles periféricas.
La situación motivó que interviniera un contingente de la Policía Nacional que, con bombas lacrimógenas, provocaron el despliegue de los protestantes.
Carretilleros queman gomas en protestas. Foto Roberto Reyes
Sin embargo, los gases se dejaron sentir en el colegio Santa Ana, ubicado en la calle 16 de Agosto y próximo al hospedaje Yaque, afectando a estudiantes, profesores y personal administrativo, por lo que hubo la necesidad de suspender la docencia.
Los carretilleros del principal centro de acopio agrícola del Cibao comenzaron a ser perseguidos el pasado martes por policías municipales, por razones que, de manera oficial, hasta la mañana de este jueves la Alcaldía no había dado a conocer.
Ante la persistencia de la medida, esos obreros, mayormente de nacionalidad haitiana, decidieron hoy crear un caos en el mercado Yaque y sus alrededores, con el objetivo de que la medida sea dejada sin efecto.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó este miércoles una norma proclamada por su antecesor, Barack Obama, y que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen.
Las autoridades del estado de Tamaulipas, en el norte de México, cancelaron un concierto del cantante Alfredo Ríos «El Komander» con el argumento de que su música podría estar glorificando a los narcotraficantes.
Ríos es parte de una nueva generación de cantantes conocidos como el «movimiento alterado», que interpretan baladas explícitas sobre las realidades del narcotráfico y la violencia descontrolada.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dijo que «no había las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo dicho evento y por tanto podría ponerse en riesgo a los asistentes». También hizo mención de una ley estatal que penaliza la apología o promoción del crimen.
Rodríguez no brindó detalles específicos, pero los promotores habían publicado anuncios sobre un espectáculo encabezado por El Komander, a realizarse el próximo sábado en Tampico.
Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados por las cruentas disputas territoriales entre grupos de narcotraficantes.
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