Santiago de los Caballeros, RD Herald. – El Ministerio Público presentó un expediente con los informes forenses emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales aportan pruebas determinantes sobre los hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2025 en el sector La Barranquita, donde cinco personas perdieron la vida durante un operativo policial.
El caso ha generado una profunda conmoción nacional, tras conocerse que las evidencias científicas contradicen la versión inicial ofrecida por los agentes actuantes, quienes aseguraron que las muertes se produjeron en medio de un intercambio de disparos.
Pruebas que desmontan la versión policial
Según el expediente presentado por la Procuraduría de Persecución del Ministerio Público, dirigida por Wilson Camacho, los resultados de autopsia, balística, toxicología y análisis de residuos de pólvora son concluyentes:
- Ninguna de las víctimas disparó armas de fuego.
- No se detectaron sustancias controladas en sus organismos.
- Los proyectiles recuperados en los cuerpos corresponden a armas de reglamento asignadas a los policías imputados.
Estos hallazgos, explica el Ministerio Público, apuntan a un patrón de actuación letal y planificada, con uso excesivo de la fuerza, lo que refuerza la calificación de ejecución extrajudicial atribuida al operativo.
Identificación de las víctimas
Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, José Vladimir Valerio Estévez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias El Charly o Charli Chase), Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, todos ultimados durante el mismo procedimiento.
El informe del Inacif indica que las muertes se produjeron por heridas de proyectil de arma de fuego, con etiología médico legal homicida y mecanismo de muerte por shock hemorrágico, lo que revela que los impactos fueron mortales e inmediatos.
Repercusiones judiciales y sociales
El expediente será pieza central en el proceso judicial que el Ministerio Público sigue contra los agentes implicados, quienes enfrentan cargos por homicidio, abuso de autoridad y violación a los derechos humanos.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza policial y la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación, la supervisión interna y la rendición de cuentas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.
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