Santo Domingo, RDHerald.- La parálisis en las obras de construcción de 718 escuelas públicas está en el radar del Ministerio Público, que solicitó información sobre el proceso de contratación de varias decenas de obras, que no fueron concluidas y que arrojan serias dudas en cuanto a la pureza de la selección de los contratistas.
El presidente Luis Abinader informó ayer que el Ministerio Público solicitó y recibió información sobre las escuelas, cuyos procesos de construcción fueron dejados inconclusos en diversas fases y algunos presentan serias irregularidades en los procesos de contratación.
“El Ministerio Público ha solicitado información sobre este proceso… la información la tiene el Ministerio Público desde hace algún tiempo y creo que está investigando”, dijo Abinader a directivos de medios reunidos en el Palacio Nacional.
“Las irregularidades son diversas”, expresó, al explicar los nudos legales que han impedido que la mayoría de esos planteles sean completados este año, como han solicitado diversos sectores políticos y sociales a raíz de la posibilidad ya descartada de que 4,000 millones de pesos del Ministerio de Educación fueran reasignados a otros fines.
En el encuentro, se reveló que 62 proyectos de construcción de centros educativos fueron adjudicados sin contar con el requisito de tener un terreno para la construcción y que en 42 de ellos se dieron adelantos de dinero, lo que podría representar una violación.
El problema de las escuelas detenidas o afectadas por el llamado “nudo legal” viene, en algunos casos, de las administraciones de Hipólito Mejía y Leonel Fernández, pero la mayoría de los casos se dieron en el gobierno de Danilo Medina.
Durante el proceso de sorteo de obras para la construcción de planteles, se destinaron recursos para unos 1,900, de los cuales 718 no fueron acabados.
“¿Por qué empezar tantas escuelas al mismo tiempo? ¿Cuál es el común denominador?, dar un avance”, expresó Abinader. “Todo este proceso estuvo viciado desde todo punto de vista, Hemos tenido que revisar todos los aspectos”, agregó.
De los 718 planteles pendientes de acabarse, 342 están con más del 20 % de construcción y en 268 de ellos sus presupuestos han sido reformulados para concluirse por un monto de sobre 9,000 millones de pesos. De esos, hay 162 planteles que están por encima de un 60 % de ejecución. Mientras, 376 están a menos de 20 % de construcción, por lo que el Ministerio de Educación deberá decidir cuál será su futuro caso a caso.
Para poder destrabar el tranque con los contratistas, el gobierno procuró la aprobación de una ley “antinudo legal”, que le permitió ordenar una renegociación con los contratistas y cumplir con las disposiciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría General.
Al amparo de ese recurso, el Estado ha procedido a negociar contrato por contrato y al investigar han encontrado de todo.
Contratistas que no cumplen con los requisitos de pagar sus impuestos al erario, empresas sin capital, empresarios que murieron y otros que se fueron del país y vendieron sus acuerdos de construcción.
Esa realidad ha complicado el proceso, pero Abinader se comprometió a que cada plantel que se determine puede acabarse, así será hecho ates de que acabe su gobierno en el 2024.
Al día de hoy, nueve contratos han sido rescindidos formalmente por irregularidades en el proceso y se esperan muchas más.
“Muchos de estos contratistas no habían sido contactados por años… En 65 casos ya di personalmente la orden de acabarlos”, sentenció el presidente, al adelantar hacia dónde va el proceso.
