Santo Domingo, RD Herald. – La República Dominicana podría iniciar una nueva etapa en su lucha contra la violencia hacia las mujeres con la presentación ante el Congreso Nacional del anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, denominado Ley Mirabal, una propuesta que pretende transformar la manera en que las instituciones públicas previenen, investigan y atienden estos hechos.
La iniciativa fue entregada a la Cámara de Diputados por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, con la participación de representantes del Gobierno, el sistema judicial, el Congreso Nacional y organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres.
La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, explicó que uno de los principales objetivos es superar la fragmentación institucional que obliga a muchas víctimas a acudir a diferentes dependencias para obtener orientación, presentar denuncias y solicitar medidas de protección.
La propuesta parte de una preocupación fundamental: una mujer amenazada necesita una respuesta oportuna y coordinada, no un recorrido interminable por instituciones que trabajan sin suficiente comunicación entre ellas.
Una respuesta coordinada desde el primer momento
El anteproyecto plantea establecer responsabilidades claras para las instituciones que intervienen en casos de violencia contra las mujeres.
La intención es que los organismos encargados de recibir denuncias, evaluar riesgos, investigar los hechos y brindar protección puedan actuar de manera articulada.
Este enfoque busca reducir las dificultades que enfrentan las víctimas cuando deben explicar repetidamente sus experiencias ante distintas autoridades.
También procura evitar que la falta de coordinación retrase actuaciones urgentes.
La iniciativa contempla mecanismos de prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación.
Sin embargo, estas disposiciones forman parte de una propuesta legislativa. Todavía no constituyen nuevas obligaciones legales vigentes, pues el texto debe superar el proceso correspondiente en el Congreso.
Violencia digital, vicaria y otras manifestaciones
Uno de los aspectos más relevantes es la intención de actualizar el marco jurídico para responder a modalidades de violencia que han adquirido mayor visibilidad durante los últimos años.
Entre ellas figura la violencia facilitada por tecnologías digitales, que puede manifestarse mediante amenazas, hostigamiento y otras formas de agresión a través de plataformas electrónicas.
También se contempla la violencia vicaria, concepto utilizado para describir situaciones en las que una persona intenta perjudicar a una mujer mediante daños o amenazas dirigidos contra sus hijos u otras personas cercanas.
La propuesta incorpora, además, aspectos relacionados con la violencia ginecoobstétrica y medidas destinadas a fortalecer la evaluación de riesgos.
Los promotores consideran necesario armonizar estas disposiciones con el Código Penal y el Código Procesal Penal para evitar contradicciones y facilitar su aplicación.
El alcance definitivo de cada figura dependerá de la redacción que aprueben los legisladores.
Protección para los hijos y familiares de las víctimas
La iniciativa no se limita a las mujeres directamente afectadas.
Sus promotores también plantean fortalecer la protección de sus hijos e hijas, especialmente cuando existen amenazas, dependencia económica o riesgos asociados con la convivencia familiar.
La atención integral exige considerar las consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden sufrir las familias.
En los casos de violencia grave, la respuesta institucional puede requerir la intervención coordinada de organismos judiciales, sanitarios y de protección social.
Por eso, el proyecto pretende que la protección no dependa exclusivamente de una denuncia penal, sino de un sistema más amplio de prevención y acompañamiento.
Solicitan que sea aprobada en noviembre
Durante la presentación, los impulsores solicitaron que el Congreso Nacional otorgue prioridad al conocimiento del anteproyecto.
También propusieron la conformación de una comisión bicameral especial para estudiar su contenido y armonizarlo con las disposiciones penales vigentes.
La intención expresada es conseguir su aprobación definitiva durante noviembre de 2026, mes en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
No obstante, esa fecha constituye una aspiración de los promotores, no un calendario de aprobación garantizado.
Los legisladores deberán examinar el texto, debatir sus disposiciones y completar los procedimientos constitucionales correspondientes.
El legado de las hermanas Mirabal
La propuesta lleva el nombre de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Su historia convirtió a las hermanas dominicanas en símbolos internacionales de resistencia frente a la violencia y la opresión.
Durante la presentación, Minou Tavárez Mirabal destacó la importancia de actualizar la Ley 24-97 a partir de las experiencias acumuladas durante su aplicación.
También participó la diputada Kinsberly Taveras, impulsora de la iniciativa legislativa Déjala Ir, junto con representantes de distintas comisiones congresuales.
La propuesta recoge años de trabajo de instituciones públicas, organizaciones de mujeres y especialistas en justicia y protección social.
El desafío será convertir la ley en protección real
La eventual aprobación de una nueva legislación no resolverá automáticamente todas las manifestaciones de violencia.
Su efectividad dependerá de la disponibilidad de recursos, la formación del personal, la coordinación institucional y la capacidad de responder oportunamente a las situaciones de riesgo.
También será necesario establecer mecanismos que permitan evaluar si las medidas funcionan y corregir sus deficiencias.
La presentación de la Ley Mirabal representa un paso importante dentro del debate legislativo dominicano.
Ahora corresponde al Congreso determinar su contenido definitivo y decidir si el país contará con un nuevo marco integral de protección frente a la violencia contra las mujeres.
