El presidente Danilo Medina suspendió a José Joaquín Domínguez Peña como director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)  y nombró una comisión especial para investigar la operación de compra y venta de terrenos en este organismo del Estado.

La comisión quedó integrada por el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien la presidirá, y los licenciados José Dantés Díaz y Lidio Catet, directores de la Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado y de Etica e Integridad Gubernamental, respectivamente.

Un decreto emitido este viernes en la tarde señala que el grupo deberá rendir un informe a la Presidencia de la República “sobre lo concerniente a la operación de compraventa de terreno” del CEA que “alegadamente se relacionan a los hechos ocurridos recientemente en la provincia de San Pedro de Macorís”.

Indica que dicho informe deberá incluir las recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes.

Agrega además que Héctor Bienvenido Abreu, director de CEAGANA, asumirá de manera provisional la dirección ejecutiva del CEA hasta tanto dicha comisión concluya sus investigaciones

Explica que “las funciones de Director Ejecutivo Interino se limitarán a tareas estrictamente administrativas, porlo que no podrá realiar ninguna operación inmobiliaria de asignación, cesión en usufructo, permiso, donación o venta, o asumir cualquier compromiso en hombre” del CEA.

El Mandatario emitió este decreto menos de 24 horas después de que el exalcalde de San Pedro de Macorís y dirigente reformista Sergio Cedeño denunciara que lo que originó el asesinato de los dos locutores en esa ciudad fue “un entramado de corrupción que hay en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con la venta de tierras” hasta a tres, cuatro y cinco personas al mismo tiempo.

Durante una entrevista a la estación radial Z-101, Cedeño explicó que José Rodríguez (Joselito), sindicado como la persona que disparó contra los comunicadores Luis Manuel Medina y Leonidas Martínez, y que luego supuestamente se suicidó, habría comprado unos terrenos al CEA para instalar un play de ligas menores y luego que había depositado parte del dinero, el CEA echó el negocio para atrás para supuestamente vender los terrenos al hijo de un funcionario del gobierno que no identificó.

Así queda establecido en su reglamento de Disciplina y Ética, que se encuentra en discusión en estos momentos entre los miembros de su Comité Central, quienes tienen hasta el próximo 24 de febrero para hacerle reparos a esta y a otras siete normas internas.

De aprobarse la nueva norma en la reunión del 11 de marzo de los miembros del Comité Central, el Comité Político pasaría a tener facultades excepcionales en materia disciplinaria, que le permitirían expulsar de manera deshonrosa a cualquier miembro del partido que atente contra la unidad del PLD, o que haya cometido faltas disciplinarias graves que violen los principios de la organización.

“Imponer discrecionalmente, y sin necesidad de requerimiento previo, las medidas cautelares previstas por este Reglamento a cualquier miembro de la organización que sea señalado como presunto responsable de haber cometido una falta muy grave que atente contra la moral o la unidad del Partido”, señala el proyecto de reglamento interno en discusión. También quedaría en manos del Comité Político conceder la amnistía a cualquier miembro de la organización que resulte procesado “por la alegada comisión de una falta disciplinaria leve”.

La disposición interna considera como faltas graves el afiliarse a otra organización partidaria, o al asumir candidaturas a puestos electivos por otro partido u organización política distinta al PLD. “Ser condenado por los tribunales de la República, de manera definitiva e irrevocable, por la comisión, en calidad de autor o cómplice, de infracciones penales asociadas a cualquier forma de corrupción administrativa, entre las tipificadas por la legislación penal dominicana. En estos casos, resulta irrelevante la cuantía de la pena”, dice el proyecto de reglamento, a conocer por el Comité Central.

Las sanciones ante faltas graves incluyen la separación temporal de sus funciones partidarias por un plazo no mayor de 4 años; la suspensión temporal de sus derechos como miembro de la organización por un plazo no mayor de cinco 5 años; la separación temporal de las filas de la organización por un período no mayor de 3 años; la expulsión de las filas del Partido y la expulsión deshonrosa y de por vida de las filas de la organización.

La Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional rechazó la recusación en contra del juez que conoce el caso del asesinato del ex rector de la UASD Mateo Aquino Febrillet.

Esta es la segunda vez que los abogados de los acusados recusan al juez Rigoberto Sena Pérez.

César Amadeo Peralta abogado de la familia Febrillet dice que estas recusaciones son realizadas con la intención de retrasar el proceso. El conocimiento del caso tiene previsto continuar el martes 21 de febrero en el Sexto Juzgado de Instrucción.