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jueves, noviembre 6, 2025
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Mueren dos en aparente enfrentamiento a tiros, uno buscado por cinco homicidios y otro por drogas

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policia Nacional en accion

Dos hombres murieron en un supuesto enfrentamiento a tiros con una patrulla de la Policía anoche, uno de ellos era buscado por cinco homicidios, mientras el otro por la venta de drogas en el barrio de Cienfuegos , en Santiago.  Los muertos son Carlos Javier Muñoz (El Gordo), de 24 años, buscado por la muerte de cinco personas, y José Edinerson Bueno Espinal (El Willo), de 18.

El hecho, donde falleció El Gordo, se produjo momentos en que los agentes policiales acompañados del Ministerio Público, realizaban un allanamiento mediante la orden  número  1180-2017, a la residencia localizada en la autopista Canabacoa y esas personas les emprendieron a tiros.

En el lugar del hecho las autoridades ocuparon, según el informe, dos pistolas con su cargador con 10 cápsulas, un peine con dos cápsulas, una radio de comunicación, un chaleco antibalas y tres celulares.
El Gordo era era activamente buscado por ocasionar la muerte de cinco personas y de herir a otras dos entre las fechas 10-11-2015, 06-07-2016 y 18-02-2017 durante conflictos por alegados asuntos de drogas” indica la nota, que no ofrece los nombres de las víctimas.
Asismismo, informó que Núñez era señalado por la institución del orden como el cabecilla de una banda que se dedicaba a la venta de drogas en el barrio de Cienfuegos, a realizar robos y asaltos.

La banda estaría compuestos por los mellizos, José Antonio y José Rafael Osoria Diloné, quienes la Policía apresó y envió a justicia y unos tales “Harly” y “Blanco”, quienes son activamente buscados.

Llegan mas repatriados a Santo Domingo, dicen son supuestos narcos

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Unos 116 dominicanos condenados en los Estados Unidos por tráfico de drogas han sido repatriaron por las autoridades estadounidenses en los dos primeros meses del presente año, otros l70 también llegaron repatriados al cumplir condenas por otros delitos.

Informes estadísticos obtenidos por El Nacional revelan que 33 de los criollos que estaban acusados de tráfico de estupefacientes, cumplieron condenas entre diez, doce y quince años de prisión y cuyas edades oscilan entre los 37 a 56 años, incluyendo cuatro mujeres.

Además de los dominicanos que cumplieron condena por narcotráfico, también fueron repatriaron otros 4l que guardaban prisión por robos y asaltos, 36 por crímenes, 28 por falsificación de documentos, 24 por fraudes estatales, 13 por violaciones sexuales, nueve por secuestros y cinco por incendios intencionales.

Otros 14 criollos también llegaron por cumplir condenas por asuntos menores, completando la cantidad de 286 el número de repatriados desde los Estados Unidos en los meses de enero. Esa cifra supera en más de cien, la cantidad de repatriados en el mismo periodo del año pasado.

Los dominicanos cumplieron sus condenas en cárceles de Nueva York, en su mayoría, así como en Boston, Miami, Los Ángeles, California, Filadelfia, Massachusetts, San Antonio, Texas y otros lugares estadounidenses, donde se afirma aun quedan en prisión cientos de miles de nacionales.

Los informes obtenidos en el Aeropuerto de Las Américas por donde llegaron los 286 ex –convictos repatriados indican que muchos de ellos, no llegaron a cumplir por completo los años de condenas establecidos por los tribunales federales, siendo sacados de las cárceles y entregados a las autoridades de Inmigración.

Se precisa asimismo que a muchos de los criollos condenados por tráfico de estupefacientes, las autoridades llegaron a quitarle propiedades millonarias y congelación de cuentas bancarias, bajo el argumento de haber adquirido los bienes con los recursos provenientes de la venta de drogas narcótica.

Entre los bienes se citan empresas ligadas a la venta de vehículos, condominios, apartamentos, vehículos de lujo yates, fincas, villas y otros bienes millonarios. Se asegura que las incautaciones y decomisos se produjeron no solo en los Estados Unidos, sino también en Republica Dominicana.

Chofer de Blas Peralta se desmaya en sala y en plena audiencia

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El imputado Gerardo Félix Bautista, acusado junto a Blas Peralta de la muerte de Mateo Aquino Febrillet, se desmayó la noche de este viernes durante una audiencia que se le conocía en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Tras ser aplazada 12 veces la decisión para ver si se va a un juicio de fondo, el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción, Rigoberto Sena, aplazó la misma para el próximo viernes, tras Félix Bautista desmayarse.
En la audiencia, la Fiscalía del Distrito Nacional presentó formal acusación en contra de Peralta, quien es el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Dominicano (Fenatrado).

Peralta está acusado junto a otros implicados de la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Febrillet.

Derechos Humanos exige mejor trato para dominicanos en Puerto Rico

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José Rodríguez, presidente de la entidad, declaró que se han registrado muchas violaciones civiles y que las más comunes vienen de la Policía y los departamentos de Salud, Educación y  de Justicia.

“Tenemos casos de personas que las han dejado morir en los hospitales por ser dominicanos. En las escuelsa se negaban a inscribir a los hijos de dominicanos. Gracias a la intervención del Comité Dominicano, que junto a la licencia de conducir, logramos se emitieran dos órdenes ejecutivas, la primera para obligar a las escuelas inscribir a nuestros hijos, y la segunda para que los emigrantes se han atendidos en los hospitales”, apuntó.

Alegó que la división de drogas puertorriqueña es la más violenta contra la comunidad dominicana y la más podrida en todo el sentido de la palabra.  “Existe algunos casos de dominicanos asesinados por la Policía que están bajo investigación. Te pongo como ejemplo el caso de Jairo Pinela, asesinado de seis disparos por la espalda en Río Piedras, San Juan”, señaló.

Otro caso muy mencionado es el de Rafael Herrera -añadió- que en una intervención de la policía fungiendo como agentes de inmigración fue asesinado a macanazos, lanzado en la patrulla vivo y pocas horas después lo dejaron morir.

Abusos a comerciantes dominicanos

Rodríguez señaló que el Departamento de Hacienda junto a la Policía montaban un cuartel móvil frente a los negocios de dominicanos, lo que  provocó que algunos quebraran debido a que los clientes no frecuentaban esos lugares por la presencia de agentes policiales.

“Hemos tenido que recurrir al Superintendente para que retiren esos cuarteles rodantes que atemorizan a los clientes”, afirmó.

Tribunales contra emigrantes

Rodríguez reveló que los tribunales puertorriqueños son muy radicales contra los emigrantes dominicanos.

“Cuando un dominicano llega a las cárceles puertorriqueñas, le sucede lo que no le pasa a los que son ciudadanos. Le ponen lo que se llama un deitema de inmigración. El asunto es que no solamente tiene que cumplir todos los años de la condena, sino que también no tiene derecho a libertad bajo palabra, ni tiene derecho a bonificar, y cuando cumplen la pena, los deportan”, reveló.

Pide ayuda del gobierno RD

El activista dominicano solicitó al gobierno de la República Dominicana “un cambio urgente de su política pública en el exterior, ya que nos sentimos huérfanos”.

Atracadores motorizados asesinan vendedor de víveres en sector Mendoza

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Desconocidos asaltaron y asesinaron a un vendedor de víveres de 21 años en el sector Mendoza, de Santo Domingo Este.
Nomberto Quezada vendía sus mercancías en una camioneta y fue tiroteado en la calle José Francisco Peña Gómez, del referido sector, por dos hombres que transitaban en una motocicleta.

El asalto ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la calle José Francisco Peña Gómez, del sector Jarro Sucio.

Los delincuentes cargaron con $12.300 pesos que tenía la víctima.

 

 

Google acusa a Uber de robar secretos del coche sin conductor

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La filial del buscador Waymo acusa a un ingeniero de llevarse consigo 14.000 archivos

Waymo, la empresa de Alphabet, matriz de Google, acaba de interponer una demanda contra Uber por robo de propiedad intelectual. La denuncia, depositada en los juzgados de San Francisco, acusa a Anthony Levandowski, cofundador del coche de Google, de llevarse consigo 14.000 archivos confidenciales o de diseños propios cuando fichó por Otto, la empresa de Uber que inicialmente programaba camiones autónomos y de la que ahora dependen los coches.
El equipo de Waymo ha publicado un post en el blog corporativo donde explican su actuación: “Pensamos que esta acción forma parte de un plan para robar secretos y propiedad intelectual de Waymo”. En la documentación legal se detalla que copió varios elementos como piezas de su sistema, e incluso, la placa sobre la que funcionan los circuitos. Se llevó consigo un total de 9,7 gigas de información que incluían resultados de pruebas. Según Google, se lo envió a sí mismo seis semanas antes de cambiar de trabajo.
Levandowski estuvo en Google durante nueve años para fundar Otto, adquirida por Uber el pasado mes de agosto por 680 millones de dólares. Solo seis meses después de su nacimiento.

De manera concreta se le acusa de clonar el LiDAR, el sensor de luz y láser que permite posicionar y tomar información del exterior que después procesa el vehículo para tomar decisiones. Google nunca ha acusado de nada similar a Tesla y su piloto automático, al considerar su fórmula totalmente diferente a la desarrollada por ellos.

La fuga no termina ahí. Waymo cree que más empleados que cambiaron de camiseta se llevaron datos de interés, entre los que incluyen listas de proveedores o detalles de fabricación. Google hace una vieja comparación: “Apropiarse de este tecnología es similar a hacerse con la fórmula secreta de un refresco”.

Google es como el alumno que va tres cursos por delante y siempre recibe a los nuevos de la clase, ávido por caer bien, abre los brazos y entabla amistad con los recién llegados. Su relación con Uber era cercana. En algunos aspectos fue casi como un mentor. Contar con una nueva generación de gigantes tecnológicos legitima al ecosistema de Silicon Valley y refuerza su posición de liderazgo. Google Ventures, el brazo de capital riesgo del buscador, hizo una inversión de 250 millones de dólares en 2013.

Ese suele ser su comportamiento hasta que, como en el caso de Uber, consideran que no han jugado limpio. La ruptura comenzó a evidenciarse también en agosto, cuando David Drummond, ejecutivo de Google, salió del consejo de Uber.

La empresa de Travis Kalanick, que está en la fase final antes de su salida a bolsa, vive uno de los meses más complicados de su historia. Tras las críticas al fundador por formar parte del consejo económico del presidente Trump, el pasado domingo se vieron envueltos en un escándalo de acoso sexual a una ingeniera. Kalanick dejó su asiento junto al presidente con un saldo de 300.000 usuarios menos, el caso de acoso puede salir todavía más caro. Susan Fowler pasó un año en la empresa y, a pesar de sus reiterados avisos a recursos humanos, no hubo reacción. Uber ha contratado al ex fiscal general, Eric Holder, para investigar el caso y corregir una conducta que no parece un caso aislado en la industria.

Las contradicciones de Estados Unidos sobre las deportaciones

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Mientras Kelly garantiza que no habrá deportaciones masivas ni uso de la fuerza militar, Trump asegura: «Es una operación militar»

 

Las contradicciones entre los mensajes hacia México del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump y el de sus funcionarios, han vuelto a ser notorias este jueves. Mientras el presidente de Estados Unidos se mostraba tajante y hablaba de operaciones militares en la frontera, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguraba en México que no habrá deportaciones masivas ni se empleará la fuerza militar en ninguna operación de este tipo.

“No habrá, repito, no habrá, deportaciones masivas”, aseguró Kelly, junto al secretario de Estado, Rex Tillerson, tras la reunión que mantuvieron con el canciller mexicano, Luis Videgaray, y varios secretarios del Gabinete de Enrique Peña Nieto. “Quiero dejar claro también que no habrá uso de las fuerzas militares en operaciones migratorias”, enfatizó.

Las afirmaciones contundentes de Kelly chocaron frontalmente con las que, unas horas antes, había hecho su jefe, Donald Trump, el presidente que más ha vilipendiado a México. En un acto con empresarios, sentado a la vera de su yerno, Jared Kushner, Trump se refirió a la visita de Tillerson y Kelly a México: “Le dije a Rex [Tillerson] que va a ser un viaje duro, porque tenemos que ser tratados de manera justa por México. Ahí está con el general Kelly, que ha hecho una labor increíble en la frontera, ya veis lo que está pasando ahí. Por primera vez, vamos a echar a los capos de la droga, estamos sacando del país a tipos realmente malos a un ritmo que nadie ha visto antes”, recalcó, para después zanjar: “Es una operación militar. Muchos de ellos son gente que está aquí de forma ilegal, y son duros, pero no son tan duros como nuestra gente, así que los vamos a echar».

La incongruencia obligó a Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, a tratar de aclarar lo sucedido: «El presidente usó [la expresión de operación militar] para describir la forma en que estaba ocurriendo con precisión, de forma impecable a la hora de garantizar que se cumplen las órdenes».

No es la primera vez que Trump actúa de forma contundente contra México mientras los miembros de su Gabinete tratan de limar asperezas. En enero, el mismo día en que Videgaray negociaba la finalmente cancelada visita a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, Trump anunciaba su intención de construir el muro y de pasarle la factura a México, hecho que llevó al presidente de ese país a cancelar su estancia en la capital estadounidense.

El momento más humillante para México, no obstante, se produjo durante la campaña electoral. Horas después de ser recibido por Peña Nieto, Trump, en un acto en la frontera de Estados Unidos, aseguró que el muro que pretende construir lo pagaría su vecino del sur aunque este no fuera consciente de ello.

Exsenador que aseguró haber entregado dinero de Odebrecht a la campaña de Santos, ahora lo niega

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En una carta al Consejo Nacional Electoral, encargado de la investigación, Otto Bula asegura no tener constancia de esa declaración

«Manifiesto que no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos». Son las palabras manuscritas de Otto Bula, el exsenador colombiano que hace una semana, en declaración jurada ante la Fiscalía de Colombia, aseguró haber entregado un millón de dólares, procedentes de un soborno de Odebrecht, a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014 a través de un mediador. La carta, firmada de su puño y letra y con su huella dactilar, ha llegado al mediodía del martes al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de investigar si la campaña del actual mandatario recibió dinero de la constructora brasileña y, por tanto, superó los topes establecidos por la ley.
«Esa ha sido su versión siempre, es posible que el comunicado de la Fiscalía haya dado lugar involuntariamente a otras interpretaciones», dice Alejandro Sánchez, abogado de Bula, a EL PAÍS, asegurando la veracidad de la carta. El texto al que se refiere el defensor fue publicado el pasado 7 de febrero con la firma de Néstor Humberto Martínez, fiscal de Colombia. “El señor Otto Bula tramitó desde 2014 dos giros hacia Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”, se aseguraba. Lo que sí reitera el manuscrito de Otto Bula es que el supuesto beneficiario del millón de dólares es Andrés Giraldo, amigo personal de Roberto Prieto, el entonces gerente de la campaña de Santos.

Otto Bula no solo niega haber mencionado al presidente, sino que también solicita al CNE declarar bajo juramento. A partir de este momento, Ángela Hernández, magistrada del caso, prosigue con el trámite y está acordando con la Policía cuándo podrá tomar testimonio al exsenador. Bula se encuentra preso en un centro carcelario por lo que es necesario la aprobación de la institución penitenciaria de Colombia (INPEC).

La Fiscalía ha emitido un comunicado la mañana del miércoles, horas después de que se conociera la carta de Bula, en el que recuerda que «se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones acopiadas». El organismo se centra en averiguar cómo llegó ese dinero a Colombia, pero ha dejado en manos del Consejo Electoral la investigación sobre la supuesta financiación ilícita de la campaña presidencial. «Con independencia de si este testimonio finalmente sea cierto, el trabajo ya ha comenzado y debe terminarse», ha aclarado Alexander Vega, presidente del CNE.

El caso Zuluaga

La campaña del presidente Santos no es la única que se investiga desde el CNE. El magistrado Carlos Camargo analiza si Óscar Iván Zuluaga, candidato opositor al mandatario en 2014, recibió dinero de Odebrecht a través de un asesor. El juez tenía previsto viajar el jueves 16 a Brasil con el Fiscal para recopilar información sobre el caso, pero finalmente no lo hará. «Al CNE nos recibirán de manera independiente ya que a esta reunión solo acudirán fiscales de la región», ha dicho Vega.

stituyen a director de Policía Preventiva tras reunión con convocantes a marcha

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DeEl director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, destituyó y dejó sin funciones al director de la Policía Preventiva, general Valentín Rosado Vicioso, y en su lugar designó al también general, Héctor García Cuevas.

Aunque las razones del cambio no fueron ofrecidas, fuentes del cuerpo atribuye el movimiento a la reunión que Rosado Vicioso sostuvo con los convocantes a la marcha Fin de la Impunidad en la que se consensuó una ruta distinta a la que se había comunicado inicialmente al Ministerio de Interior y Policía.

En el encuentro, realizado a mediados de la pasada semana en el Palacio de la Policía, además de Rosado Vicioso fue presidida por el general Pablo Arturo Pujols, encargado de la Dirección Central del Distrito Nacional.

De acuerdo con las informaciones suministradas a Diario Libre, los organizadores de la actividad solicitaron el encuentro al director de la Policía, y este a su vez comisionó a los citados oficiales a reunirse con el grupo, entre los que estaba el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), general Frener Bello Arias, quien no asistió y el director general de Investigaciones Criminales (DICRIM), general Ney Aldrin Bautista Almonte, quien se hizo representar por un asistente.

Se espera que en las próximas horas se produzca la designación de un nuevo director de la Policía Preventiva. RR

Tomado de Diario Libre

Protestan por nave para hacer abortos situada en aguas internationes en Guatemalana

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Una embarcación que realiza abortos en aguas internacionales llegó a las costas de Guatemala para ofrecer su servicio a mujeres en el país centroamericano en medio de críticas de sectores conservadores.
Leticia Zenevich, vocera de la organización holandesa «Mujeres en las Olas» (Women on Waves), dijo que el barco atracó el miércoles en el Puerto Quetzal, en Escuintla, en las costas del Pacífico guatemalteco. Se tiene previsto que permanezca cinco días cerca del país.
«Los abortos se realizarían en aguas internacionales bajo la jurisdicción de leyes internacionales, no se infringirán las leyes del país», dijo Zenevich. Sin embargo, en Guatemala el aborto está penalizado por ley.
«El buque cuenta con las condiciones adecuadas con las cuales podría proveer abortos médicos legales gratuitos hasta las diez semanas de embarazo después de navegar aguas internacionales, o sea, 12 millas fuera de las costas guatemaltecas», dijo la organización a través de un comunicado de prensa.
Zenevich explicó que el personal a bordo ya ha realizado estos procedimientos en otros países y que se decidió que Guatemala fuera el primer territorio latinoamericano en virtud de la fortaleza de sus organizaciones de mujeres, donde la libertad de expresión ha crecido.
Mientras el barco se mantiene lejos de la costa, un yate acercaría a las interesadas en realizarse el procedimiento. Sin embargo, el Ejército guatemalteco emitió un boletín de prensa para informar que no permitirían que la embarcación llegue a puerto. «El Ejército de Guatemala como responsable del mar territorial y con instrucciones del Comandante General de Ejército (el presidente Jimmy Morales), no permitirá que está ONG efectúe estas actividades», dijo en su boletín.
La Fuerza Armada también anunció que presentarán una denuncia ante la fiscalía contra el personal que viaje en el yate «ya que no informó de sus intenciones al atracar en el muelle».