Entre los años 2009 y 2014 hubo incautaciones de cocaína en 153 países, el 79 por ciento de los Estados soberanos del globo. El dato forma parte del informe anual de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que lanza una alerta sobre el surgimiento de mercados para los traficantes en zonas que antes no se habían visto afectadas por el tráfico de esta droga.
África occidental, que en la última década se convirtió en una de las principales zonas de tránsito de los cargamentos de droga colombiana, se está convirtiendo también en un mercado para los narcos. Según la Jife, la coca que pasa rumbo a Europa y Oriente se calcula en 1.250 millones de dólares por año. Una cifra astronómica para una región que está entre las más pobres y desinstitucionalizadas del mundo.
El problema es peor aún porque parte de la droga se está quedando en la ruta, lo cual potencia un problema de consumo en naciones con escasos recursos para atender, también, ese frente de lucha contra el narcotráfico.
El informe coincide con el entregado esta semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la disparada de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, basado en los registros oficiales entregados por el Estado –96.000 hectáreas, según la medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de la ONU–. Ese aumento de la droga en el mercado genera efectos en todo el mundo.
Así, aunque comparada con la heroína y la marihuana la cocaína es aún una droga marginal en Asia, todas las cifras van en aumento. Entre 1998 y el 2008, en todo el continente se incautó menos de media tonelada del alcaloide. Pero tan solo en el 2015 cayeron en la metrópoli china de Hong Kong 200 kilos de cocaína. Los precios astronómicos de esa droga en el poderoso mercado chino explican esta situación.
En América, además de Colombia, las mayores incautaciones de los últimos años se están dando en Panamá, que registró un aumento del 32 por ciento en esa materia del 2014 al 2015. El año pasado, esa cifra llegó a las 62 toneladas.
El informe dice que, en promedio, nueve de cada diez toneladas de la cocaína que llega a Estados Unidos tocan territorio de países centroamericanos. Esa ruta usa sobre todo el océano Pacífico. Por el Caribe, la ruta más usada parte de Colombia “a través de países como Guyana, Trinidad y Tobago y Venezuela”, precisa el informe.
Además del rastro de violencia y corrupción que deja el narcotráfico en Centroamérica, también se está dando una profunda afectación del ecosistema por culpa de los narcos.
En países como Guatemala, Honduras y Nicaragua se reporta una masiva destrucción de selva para la construcción de carreteras y pistas clandestinas para las avionetas que llegan con droga, sobre todo de Venezuela. Y se reporta también que grupos delincuenciales están ejerciendo presión sobre pueblos indígenas para que abandonen sus tierras y están estableciendo allí zonas de narcocultivos.
En la región, las tasas de interceptación de cocaína son altas, pero la Jife cree que el tráfico persiste por las bajas tasas de judicialización de los responsables.
La junta señala que el acuerdo de paz con las Farc puede constituirse en un punto de quiebre para Colombia en el control de las drogas ilícitas y, sobre todo, en materia de cultivos ilegales.
De hecho, afirma que, además de la suspensión de fumigaciones aéreas, una de las explicaciones del aumento en las narcosiembras en los últimos años es que las Farc crearon en miles de familias campesinas la expectativa de que teniendo coca podrían presionar mayores beneficios en los programas de desarrollo alternativo.
Pero más allá del aumento de los cultivos, el órgano internacional advierte que el reto de los próximos años en toda la región será enfrentar el creciente consumo. “El uso indebido de la pasta base de cocaína se concentra en Suramérica, y la prevalencia anual del consumo de cocaína sigue aumentando, aunque el cannabis sigue siendo la sustancia sometida a fiscalización que más se consume en la región”, se lee en el informe.
Incluso reporta que el consumo de coca entre estudiantes de bachillerato es mayor en la región que en Estados Unidos. En términos generales, un 1,5 por ciento de la población de Suramérica reporta que usó cocaína al menos una vez en el último año.
Alerta por países que permiten cultivos personales de marihuana
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) advirtió que la decisión del Gobierno de Colombia de autorizar el cultivo privado de marihuana para uso personal “no cumple con los requisitos mínimos de control establecidos por la Convención (de Nueva York) debido al elevado riesgo de desviación que representa”.
Por lo tanto indicó que Colombia debe adoptar medidas para prohibir esa forma de cultivo.
La Jife concluye que la Convención de 1961 limita el uso del cannabis a los fines médicos y científicos.
En Colombia, con el Decreto 2467 del 2015, se declaró legal el autocultivo, en “número no superior a veinte (20) unidades, de las que pueden extraerse estupefacientes o psicotrópicos y que se destina exclusivamente al uso personal”.
En cuanto a Uruguay, dice que se “han seguido aplicando medidas encaminadas a establecer un mercado regulado para el uso de cannabis con fines no médicos” y que esta política aún no se ha “aplicado plenamente”. “La junta desea reiterar su posición de que tal legislación es contraria a lo dispuesto en los tratados”, indicó.
Uruguay ha creado tres vías legales para que los particulares puedan obtener cannabis con fines recreativos: cultivo en casa, clubes sociales y farmacias minoristas registradas. También critica la legalización de venta de marihuana en los estados de Alaska, Colorado, Oregón y Washington, en Estados Unidos, donde ya se reporta un aumento en el número de consumidores.
No a la pena de muerte
Francisco Thoumi, miembro de la Junta y quien estuvo esta semana en Colombia, en la presentación del informe, recordó que aunque la Convención de Nueva York de 1961 no establece un límite máximo para las sanciones por delitos de drogas –es decir, la pena de muerte podría considerarse que está dentro del marco de la Convención–, ese órgano está totalmente en desacuerdo con la pena capital.
Insistió en que las políticas sobre drogas deben respetar los derechos humanos y pidió que los Estados eliminen, en los delitos relacionados con la lucha antinarcóticos, la pena de muerte, que aún se aplica en países como China, Indonesia o Arabia Saudí.
