¨Las revelaciones hechas en las últimas dos semanas durante la declaración de los ejecutivos de Odebrecht al Tribunal Superior Electoral (TSE), dieron una pequeña muestra del volumen del daño que se avecina¨.

Brasil.- En espera de las solicitudes de las investigaciones del procurador general de la República, Rodrigo Janot, se encuentran los ciudadanos brasileños.

Relatan que el Tribunal Supremo Federal está preparando las unidades de disco duro para almacenar los testimonios de 77 ejecutivos de Odebrecht. Mientras Lava Jato llega, finalmente, a la clase política y empieza el fin del mundo.

Detentor de los secretos más íntimos capaces de sacudir a la República, el Procurador General Rodrigo Janot lleva un semblante que de tan sereno y tranquilo, contrasta con el de la abrumadora mayoría de los políticos.

El jueves 9, mientras el ambiente político estaba esperando en un estado de tensión y pánico una abarcadora lista de solicitudes de investigación basadas en las 77 delaciones de la Odebrecht, Janot almorzaba en un restaurante de sushi en Brasilia, con el traje colgado en la silla.

Fue un descanso en medio del agitado ritmo de trabajo. Desde el carnaval, Janot y su equipo apiñados sin descanso sobre las peticiones que se presentarán ante el Tribunal Supremo, posiblemente el lunes día 13 −una fecha sugerente−, y revelarán pruebas veraces de pagos de sobornos a más de un centenar de políticos, incluyendo la cúpula de gobierno, de miembros del más alto calibre del PT, como los expresidentes Lula y Dilma Rousseff, y de líderes del PMDB y el PSDB.

El documento se encuentra en la fase de ajustes finales. Ante la expectativa de un colosal volumen de testimonios, el Tribunal Supremo Federal recomendó a los medios de comunicación que entregasen, cada uno, en la última semana, dos unidades de disco duro de 1 terabyte, para grabar las solicitudes de las investigaciones y las declaraciones.

El gesto importante y la transparencia es una prueba inequívoca de que el tribunal está en espera listo para lo que se ha dado en llamar el “principio del fin del mundo”. Sea el que sea, el momento en el que el Lava Jato alcanza definitiva e incuestionablemente a la clase política, sin distinción partidista. Por esta razón, Brasilia se sale de su eje habitual y se estremece.

Nitroglicerina pura

Las revelaciones hechas en las últimas dos semanas durante la declaración de los ejecutivos de Odebrecht al Tribunal Superior Electoral (TSE), dieron una pequeña muestra del volumen del daño que se avecina. Primero fueron los R$150 millones −R$50 millones solo en sobornos− destinados por Marcelo Odebrecht a la campaña de Dilma Rousseff en 2014, siendo 4/5 partes de ese monto a través de la “caja dos” (fondos no declarados legalmente), incluidas las transferencias a la cuenta en Suiza de su publicista.

A continuación, las cifras alcanzaron el nivel astronómico después de que otro exempleado de la compañía, Hilberto Mascarenhas, estimara que el “departamento de sobornos” de Odebrecht gastó cerca de US$3,4 mil millones entre 2006 y 2014 sólo en pagos de soborno.

Fuentes escuchadas por ISTOÉ también consideran que el testimonio de Marcelo Odebrecht será devastador para el expresidente Lula, acusado ya en cinco procesos. Es pura nitroglicerina. Como preveía esta revista, el empresario detallará los pagos en efectivo al PT.

Otro ingrediente en este caldero agrió el clima político en la capital. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, el martes 7, recibió una denuncia presentada por Janot contra el senador Valdir Raupp (PMDB-RO) por cargos de soborno y lavado de dinero basado en la donación oficial de R$500,000 hecha por la empresa constructora Queiroz Galvao.

Hubo divergencia entre los ministros en relación con la imputación de lavado de dinero: Dias Toffoli y Gilmar Mendes opinaron en el sentido de no rechazar la imputación, al mantener solo el de corrupción.

“Aquí, en este caso, no hay ocultamiento, porque hubo depósito en la cuenta del partido, cuentas que son sindicadas por el Tribunal Electoral” dijo Toffoli. Acabaron vencidos por el ponente Fachin y los ministros Ricardo Lewandowski y Celso de Mello. El Congreso Nacional entró en picada debido a que el Supremo señaló la posibilidad de criminalizar los pagos registrados oficialmente con el Tribunal Electoral. Es decir, internamente. Posteriormente, los políticos de la mayoría de los partidos produjeron un rosario de críticas a la decisión del Supremo. Por supuesto, recelosos de la jurisprudencia creada para acusaciones generalizadas contra todos.

Para el abogado de Raupp, Daniel Gerber, la recepción de la denuncia abre la posibilidad de penalizar las donaciones, pero una condena solo podría ocurrir si se comprobara una consideración hecha por el político para beneficiar a la empresa, el llamado acto de oficio. “La demostración de legitimidad de la donación pasará por la prueba de inexistencia de la promesa indebida a cambio de recibir dinero”, dijo Gerber.

Aun cuando la famosa lista llegue al STF, el suspenso no terminará de inmediato. Janot ya adelantó que va a solicitar la eliminación de material confidencial que acompaña a las peticiones, pero el ministro del STF, Edson Fachin, relator actual de la Lava Jato también pretende volcarse sobre la documentación para evaluar si autoriza o no la apertura de investigaciones y la divulgación de contenido explosivo de las acusaciones.

No hay fecha límite para que Fachin despache las solicitudes de Janot, si bien su equipo ya está a la espera de resolver el asunto lo más rápido posible. La expectativa es que decenas de interrogantes se abran en el Supremo y que otra parte importante de las investigaciones se envíe a la primera instancia en los Estados, por no implicar políticos con jurisdicción especial. Lula y Dilma, por ejemplo, no tienen privilegios especiales.

Sólo los casos relacionados con Petrobras quedarán en Curitiba, bajo la conducción de juez federal Sergio Moro, mientras que otras sospechas de actos ilícitos deben ser distribuidas a abogados y fiscales por todo el país, de acuerdo con la ubicación de los hechos delictivos.

El miedo se extiende en el Congreso Nacional a medida que los parlamentarios asisten atónitos a la desgracia de sus antiguos colegas, que hoy lidian con rutinas espartanas en la cárcel. Para estos, el

juicio final ya llegó. Uno de los casos más emblemáticos, el del exgobernador de Río, Sergio Cabral (PMDB) ha acumulado tantas acusaciones que despunta como el símbolo nacional de la corrupción. Él ya está acusado en seis actos.

La última revelación fue que recibió sobornos hasta en euros, en el mismo Palacio Guanabara, según el testimonio que dio el martes 7 Alberto Quintaes, un exejecutivo de la compañía Andrade Gutiérrez. Como la moneda vale tres veces más que el real, era más fácil recibir sobornos en euros, según el informe. “Había pocas notas y un gran volumen de reales”, dijo el ejecutivo.

Pero el exministro José Dirceu del PT, también exdiputado, parece que se enmohecerá en la cárcel: acumuló su segunda condena en la Lava Jato, esta vez a 11 años de prisión por recibir un soborno por el contrato de la empresa Apolo Tubulars con la Petrobras. En mayo del año pasado, ya había sido condenado por el juez Sergio Moro a 23 años de prisión, la mayor pena impuesta por la Lava Jato.

El exdiputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) también está lejos de volver a ver la luz del día fuera del Complejo Médico Penal en Curitiba. Se le negó además un hábeas corpus En situación igualmente complicada está el exministro de Hacienda, Antonio Palocci. La semana pasada, se comprobó lo siguiente: él es el “italiano”, de las hojas de cálculo de Odebrecht, acusado de mover R$128 millones en sobornos. Así como João Santana fue identificado como “Feira” y Lula como el “Amigo” por sus relaciones con Emilio Odebrecht.

Caja uno y caja dos

Las formas de pago a los políticos y la penalización de las donaciones serán debatidos en detalle una vez que la caja de Pandora −el artefacto de la mitología griega del cual salieron todos los males del mundo− de Odebrecht esté abierta, ya que las delaciones abordarán los pagos registrados en el Tribunales Electoral y también los realizados a través de la “caja dos”. Las implicaciones de los partidos políticos deberán ser generalizadas, lo que lanzará más sospechas sobre las figuras principales de partidos como PT, PSDB y el PMDB.

Además del primer escalón de Temer y de los expresidentes Lula y Dilma, Odebrecht también debe involucrar a dirigentes “tucanos”. En este escenario, incluso, comienza a ventilarse el nombre del alcalde de São Paulo, John Doria (PSDB), como un posible candidato a la presidencia, por estar considerado como un “outsider” de la política, un forastero, “anti-estabilishment”, y no estar involucrados en las pesadas acusaciones que han surgido en la Operación Lava Jato.

Uno de los principales blancos de Odebrecht, el gobierno de Temer, intenta blindarse. Dirige su atención a las medidas económicas, como el anuncio de un programa de concesiones en infraestructura. Al participar en una cena el martes 7, Temer dijo que no estaba preocupado por la lista de Janot. “Si yo me preocupara con eso, no haría otra cosa. No estoy preocupado. Cada Poder se preocupa por una cosa”, dijo el Presidente.

A pesar de sus declaraciones, la presión sobre el ministro de Gobernación, Eliseu Padilha es grande, después de que el abogado José Yunes, un amigo cercano de Temer, hizo pública la confirmación de que recibió un paquete Odebrecht en su despacho a petición de Padilha, que habría sido entregado por el cambiador de dinero Lucius Funaro, designado como operador del sistema en la Caja. Poco después de la entrevista de Yunes, Padilla pidió permiso para someterse a una cirugía, pero aún no ha vuelto al gobierno.

En medio de este escenario de tierra arrasada, le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial agilizar las investigaciones para permitirle al país, finalmente, pasar la página. Todos los delitos son delitos y los corruptos deben ser juzgados y castigados conforme a la ley y el Estado democrático de derecho, pero es necesario separar el grano de la paja, distinguiendo los que

recibieron donaciones políticas de los que recibieron sobornos y montaron un proyecto estructurado de poder para desangrar al Estado durante los 13 años de gobierno del PT.

Definitivamente, la “caja dos”, sobornos para beneficio personal y un esquema de Petrobras elaborado por un gobierno para perpetuarse en el poder no constituyen caras de una misma moneda. Quién desee igualar a todos quiere, en verdad, un salvoconducto para regresar al poder en 2018 y repetir las prácticas delictivas que pusieron en movimiento. El criminalista Eugenio Pacelli, autor de libros sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, advierte que no se puede hacer una “desmoralización temprana de las personas y las instituciones”. “El Ministerio Público tiene instrumentos legales para impedir esto. El castigo de las personas físicas no puede paralizar a la persona jurídica”, dijo.

Para ello, se han cosido acuerdos de indulgencia que salvarán a las empresas de sufrir un duro castigo al punto de verse obligadas a cerrar las puertas. Las personas jurídicas también tendrán que pagar multas y cooperar con las investigaciones, pero están a salvo de la prohibición de contratar con el poder público y otras más perjudiciales. Estos acuerdos se han negociado con el Ministerio Público Federal y el Gobierno Federal, bajo la conducción del Ministerio de Transparencia y Contraloría General de la Unión.

En el caso de los acuerdos con el Gobierno, cabe a la gestión actual desbloquear las negociaciones con las empresas, que tropiezan en las debilidades de la legislación, y finalmente proceder a la firma. Estas negociaciones se han prolongado durante más de un año, sin conclusión. Solamente el MPF ha conseguido firmar acuerdos con las compañías, pero la medida no es suficiente para librarles de sanciones administrativas del Gobierno federal.

La agenda del país no puede limitarse a las páginas policiales y precisa dedicarse también a las reformas y debates pertinentes para poner la economía de nuevo en marcha. Sumado a esto, cabe al ambiente político permitir el surgimiento de liderazgos que no estén contaminados por sospechas de corrupción, para que el País pase la página y pueda tener alternativas viables de poder para 2018.

El juicio final significa el fracaso de un sistema político basado en la limosna y necesita ser reconsiderado y reformado para apartarse de una vez por todas de la corrupción de la sociedad brasileña. Que vengan las delaciones.