El programa de protección temporal para los haitianos, que se ha ampliado en varias ocasiones, expira el 22 de julio. El gobierno de Trump debe decidir sobre su futuro antes del 23 de mayo para avisar de sus planes con un margen de 60 días.
Cuando está a punto de vencerse la extensión (o no) del programa de protección humanitaria que acoge a 50,000 haitianos en Estados Unidos, afectados por el sismo que arrasó su país en 2010, The Associated Press reveló que el gobierno de Donald Trump tomó la inusual medida de buscar pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos.
Otros países como Guatemala y Honduras se benefician del Estatus de Protegido Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que concede un permiso de residencia temporal y algunas ayudas públicas, a ciudadanos de terceros países afectados por la guerra o alguna catástrofe natural.
Estos permisos se van renovando periódicamente y en el caso de los haitianos vencerá el próximo julio. La decisión sobre el regreso de los beneficiarios del TPS se basa en si las condiciones en el país de origen mejoraron los suficiente, aunque según sugieren estos correos, el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly, podría estar avaluando otros criterios.
La petición del historial delictivo de los miembros de esta comunidad se hizo a través de comunicación interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) en correos electrónicos obtenidos por The Associated Press.
Los correos muestran además cómo el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber cuántos de los 50,000 haitianos enrolados en el TPS se benefician de ayudas públicas, sin cumplir los requisitos.
“Quiero avisarles (…) la secretaría va a enviarnos una petición para que seamos más receptivos”, escribió Kathy Nuebel Kovarik, directora de política y estrategia de la USCIS, el 27 de abril.
“Sé que parte de los datos no están registrados, pero tendremos que encontrar una vía para sacar más datos de nuestro sistema”, señaló respecto a la dificultad para recopilar la información solicitada sobre los delitos.
Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar su permanencia en el país, tampoco si es algo que afecta sólo a los haitianos o si la agencia solicitó información similar de otros beneficiarios de la protección temporal, que incluye a inmigrantes de Honduras y El Salvador.
La solicitud de los registros delictivos de toda una comunidad es una medida poco ortodoxa. La ley no aclara si debería tenerse en cuenta para conceder el TPS y el gobierno nunca dijo que utilizaría los datos criminales para decidir si los ciudadanos de un país pueden seguir en el programa.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, Kelly no ha tomado una decisión definitiva sobre el TPS para Haití y declinó comentar el proceso.
El gobierno de Barack Obama incluyó a Haití en el programa poco después del sismo de enero de 2010 en el que murieron 300,000 personas y arrasó escuelas, hospitales, viviendas y vecindarios enteros.
Desde entonces, los haitianos pueden permanecer en Estados Unidos independientemente de cómo ingresaron -de forma legal o ilegal- siempre y cuando residieran en el país antes del 12 de enero de 2011.
El programa para los haitianos se ha ampliado en varias ocasiones y expirará el 22 de julio. El gobierno de Trump debe decidir sobre su futuro antes del 23 de mayo para avisar de sus planes con un margen de 60 días.
Haití es uno de los países más pobres del mundo, al terremoto le sigió una mortal epidemia de cólera y la isla se ve afectada todos los años por las inclemencias de la temporada de lluvias y huracanes.
Según un informe del 10 de abril publicado por USA Today , el director interino del USCIS, James McCament, señaló que Haití ya no está en crisis a pesar de su pobreza e inestabilidad política y recomendó el fin del programa.
