Santo Domingo, RD Herald. – Una revelación contenida en un informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití ha generado nuevos cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones haitianas para enfrentar las redes de abastecimiento de las bandas armadas que mantienen bajo amenaza a amplios sectores de la población del vecino país.
El documento señala que tres ciudadanos haitianos detenidos en territorio dominicano en junio de 2025, por su presunta participación en operaciones destinadas a adquirir drones y otros equipos para organizaciones criminales haitianas, fueron posteriormente puestos en libertad por las autoridades de Haití.
La información adquiere especial relevancia porque los sospechosos habían sido localizados mediante actuaciones de seguridad e inteligencia realizadas en República Dominicana y entregados formalmente a las autoridades haitianas para continuar las investigaciones.
Según los expertos internacionales, la liberación ocurrió pese a la existencia de elementos probatorios que vinculaban a los detenidos con actividades de suministro de equipos para grupos armados.
¿Quiénes eran los tres detenidos?
Los ciudadanos haitianos fueron identificados como Saint-Fleur Sténio, Roudley Étienne y Sony Pierre.
Los tres fueron entregados a las autoridades haitianas el 7 de junio de 2025, después de actuaciones desarrolladas en la zona fronteriza de Dajabón.
Las investigaciones los relacionaban presuntamente con una operación para adquirir equipos tecnológicos destinados a organizaciones criminales que operan en Haití.
Uno de los principales objetivos de la operación habría sido conseguir un dron comercial DJI Mavic 3 en una tienda de Santo Domingo.
De acuerdo con la información examinada por Naciones Unidas, el equipo estaba destinado a Johnson André, conocido como «Izo», dirigente de la banda 5 Segond, una de las estructuras armadas que han adquirido notoriedad por su participación en la violencia haitiana.
Los investigadores también identificaron conexiones con redes vinculadas a la coalición criminal Viv Ansanm.
Sin embargo, es necesario precisar que los tres ciudadanos fueron señalados como sospechosos de participar en una red de abastecimiento. La información disponible no permite afirmar que existiera una condena judicial firme contra ellos ni que todos fueran miembros formalmente identificados de una misma banda.
Fueron entregados a la Policía haitiana
La operación que condujo a su detención involucró actuaciones de organismos dominicanos y cooperación con las autoridades haitianas.
Después de los arrestos, los tres ciudadanos fueron puestos a disposición de los representantes policiales de Haití en la frontera.
En aquel momento se informó que quedarían bajo investigación de los organismos judiciales y policiales haitianos.
La entrega fue presentada como parte de los esfuerzos de cooperación entre ambos países para impedir que el territorio dominicano fuera utilizado como punto de adquisición o tránsito de materiales destinados a organizaciones criminales.
Sin embargo, la información conocida ahora revela que los detenidos no permanecieron bajo custodia de las autoridades haitianas.
Naciones Unidas revela que quedaron en libertad
El informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas indica que los tres sospechosos fueron posteriormente liberados por las autoridades haitianas.
La revelación plantea interrogantes sobre el tratamiento judicial del expediente, las actuaciones realizadas después de recibir a los detenidos y las razones que motivaron su puesta en libertad.
Hasta el momento, la documentación consultada no establece de manera suficientemente clara si la liberación respondió a una decisión judicial, una medida administrativa, insuficiencias procesales u otras circunstancias.
Por esa razón, no sería correcto atribuir la decisión a corrupción, complicidad o intervención de funcionarios específicos sin contar con pruebas adicionales.
No obstante, el caso evidencia las dificultades que enfrentan las investigaciones relacionadas con el abastecimiento de grupos armados en un país donde la violencia y la debilidad institucional continúan afectando el funcionamiento de los organismos de seguridad y justicia.
República Dominicana aparece en las rutas de abastecimiento
Uno de los aspectos más delicados del informe es la identificación de operaciones destinadas a adquirir desde territorio dominicano equipos que posteriormente podrían ser utilizados por bandas haitianas.
Las investigaciones internacionales han señalado el interés de estas organizaciones en obtener drones comerciales, equipos de vigilancia y dispositivos que puedan ser adaptados para operaciones violentas.
Los drones representan una preocupación creciente debido a su capacidad para realizar reconocimientos aéreos, observar posiciones de seguridad y, cuando son modificados, transportar objetos peligrosos.
La documentación de Naciones Unidas también ha advertido sobre los intentos de determinadas redes de adquirir equipos con visión nocturna y mecanismos que permitirían lanzar explosivos desde aeronaves no tripuladas.
Estas informaciones no significan que todos los equipos tecnológicos comercializados en República Dominicana tengan destinos ilícitos. El problema señalado por los investigadores se concentra en las redes que intentan desviar productos de uso civil hacia organizaciones criminales.
La seguridad fronteriza vuelve al centro del debate
El caso coloca nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación judicial, policial y migratoria entre República Dominicana y Haití.
La detención de personas sospechosas de abastecer a organizaciones criminales constituye solamente una etapa del proceso.
Para que estas actuaciones tengan consecuencias judiciales efectivas, resulta necesario preservar las evidencias, compartir información entre instituciones y garantizar que los expedientes sean procesados conforme a la ley.
También se requiere establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer qué ocurre con las personas entregadas a otro país cuando existen investigaciones relacionadas con delitos graves.
En este caso, la posterior liberación de los tres sospechosos demuestra que una detención inicial no necesariamente conduce a un proceso judicial concluido.
¿Qué ocurrió después de su liberación?
Uno de los principales interrogantes pendientes es determinar si los tres ciudadanos permanecen en Haití, si fueron nuevamente investigados o si existen órdenes judiciales posteriores relacionadas con las actividades que motivaron su detención.
La información pública examinada no permite establecer su paradero actual ni confirmar que hayan regresado a participar en actividades delictivas.
Tampoco se ha documentado una explicación oficial suficientemente detallada sobre las circunstancias de su liberación.
El informe internacional vuelve a llamar la atención sobre un problema que trasciende las fronteras: la capacidad de las bandas haitianas para utilizar intermediarios y redes comerciales con el propósito de conseguir recursos y tecnología.
Para República Dominicana, el desafío consiste en impedir que su territorio sea utilizado como plataforma de abastecimiento criminal y, al mismo tiempo, exigir mecanismos de cooperación que permitan dar seguimiento a los casos transferidos a las autoridades del país vecino.
La revelación deja una pregunta de interés público: ¿qué mecanismos de seguimiento existen para garantizar que las investigaciones contra presuntos abastecedores de bandas armadas no queden inconclusas después de su entrega a Haití?
