Santo Domingo, RD Herald. – Las autoridades migratorias de Estados Unidos informaron la deportación del ciudadano dominicano Rudy Orlando Roa Fuentes, señalado por diversos delitos que incluyen asesinato y posesión de propiedad robada, luego de que permaneciera durante años en territorio estadounidense con una orden de expulsión vigente.
La información fue divulgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta oficial en la red social X, donde se indicó que Roa Fuentes, descrito como “un inmigrante ilegal criminal de la República Dominicana”, tenía una orden de deportación definitiva desde el año 2000.
Historial y proceso migratorio
De acuerdo con ICE, el dominicano acumulaba antecedentes penales por delitos graves, entre ellos cargos relacionados con homicidio y posesión de bienes robados, lo que motivó su inclusión en los registros de extranjeros sujetos a expulsión prioritaria.
Sin embargo, por diversas circunstancias legales y administrativas, el proceso de deportación no se concretó durante más de dos décadas, hasta que finalmente fue ejecutado por las autoridades migratorias estadounidenses.
Refuerzo de políticas migratorias
La deportación ocurre en un contexto de mayor presión sobre los sistemas migratorios en Estados Unidos, donde las autoridades han reiterado su intención de priorizar la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales.
ICE ha señalado que estas acciones forman parte de operativos orientados a reforzar la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales migratorias pendientes.
Llegada al país y posibles procesos
Se espera que, tras su llegada a territorio dominicano, el ciudadano sea evaluado por las autoridades locales para determinar si enfrenta procesos judiciales pendientes en el país o si se encuentra requerido por la justicia dominicana.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la cooperación judicial y migratoria entre Estados Unidos y República Dominicana, así como el seguimiento a ciudadanos deportados por delitos graves.
