Miami, RD Herald. – Dinero que debía servir para mantener empresas funcionando y preservar empleos durante uno de los momentos más difíciles de la pandemia de COVID-19 terminó ayudando a financiar una conspiración internacional que culminó con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse dentro de su residencia la madrugada del 7 de julio de 2021.
No se trata ya solamente de una hipótesis.
Documentos judiciales, pruebas presentadas durante un juicio federal y el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos establecen que parte del dinero utilizado por los conspiradores procedía de fondos obtenidos fraudulentamente mediante el Paycheck Protection Program (PPP) y el programa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), creados bajo la Ley CARES para auxiliar a negocios afectados por la pandemia.
El dinero fue utilizado dentro de una operación que terminó proporcionando financiamiento, armas, municiones, chalecos antibalas y otros recursos a un grupo integrado principalmente por exmilitares colombianos que finalmente penetró en la residencia presidencial y asesinó a Moïse.
US$175,000 Y EL DINERO DEL COVID
Una de las piezas más reveladoras del expediente aparece en el caso del financiero Walter Veintemilla.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Veintemilla acordó financiar la conspiración mediante una línea de crédito de US$175,000.
¿De dónde procedía parte del dinero?
De fondos derivados fraudulentamente de los programas PPP y EIDL creados durante la emergencia del coronavirus y canalizados a través de una cuenta controlada por otro conspirador.
El dato no procede únicamente de acusaciones iniciales.
Veintemilla y otros tres acusados —Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago y James Solages— fueron declarados culpables por un jurado federal en Miami en mayo de este año por diferentes delitos relacionados con la conspiración para secuestrar o matar al presidente haitiano.
OTRO FINANCISTA YA RECIBIÓ 20 AÑOS
La conexión entre los fondos de la pandemia y el magnicidio quedó todavía más clara con el caso de Keegan Harricharan, de 42 años y residente en Coral Springs, Florida.
En julio pasado, una jueza federal lo condenó a 20 años de prisión después de que se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero.
El Departamento de Justicia afirmó que Harricharan lavó cientos de miles de dólares obtenidos fraudulentamente de fondos de ayuda por COVID-19, dinero que contribuyó a financiar y apoyar la conspiración destinada a derrocar al Gobierno haitiano y que terminó con el asesinato de Moïse.
El fiscal federal Jason Reding Quiñones resumió la gravedad del caso señalando que los recursos concebidos para mantener vivos pequeños negocios durante la pandemia fueron desviados hacia una conspiración que terminó en violencia política y asesinato.
EL PLAN ORIGINAL NO ERA NECESARIAMENTE MATARLO
La investigación estadounidense ha reconstruido además cómo fue evolucionando la operación.
Entre abril y julio de 2021, los conspiradores desarrollaron diferentes planes para sacar a Jovenel Moïse del poder.
Primero consideraron secuestrarlo.
Uno de los planes contemplaba capturarlo en casa de su hermana, drogarlo y obligarlo a renunciar.
Después estudiaron secuestrarlo cuando regresara de un viaje internacional el 19 de junio.
Esos planes fracasaron.
Finalmente, según las pruebas aceptadas por el jurado federal, la conspiración cambió de objetivo y se tomó la decisión de enviar a los mercenarios colombianos a la residencia presidencial para matar a Moïse.
HABÍA UN NEGOCIO DETRÁS DEL CAMBIO DE GOBIERNO
La Fiscalía estadounidense sostiene que el complot no estuvo impulsado únicamente por razones políticas.
Había también intereses económicos.
Según documentos judiciales, empresarios y participantes establecidos en Florida esperaban obtener lucrativos contratos con un futuro Gobierno haitiano después de desplazar a Moïse.
Entre los negocios contemplados figuraban proyectos de infraestructura, servicios de seguridad y suministro de equipos de tipo militar.
El agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles, describió recientemente la motivación de varios implicados como una cuestión de “codicia”, señalando que algunos empresarios esperaban beneficiarse económicamente de un cambio de régimen.
UNOS 20 COLOMBIANOS CON ENTRENAMIENTO MILITAR
Los organizadores contrataron aproximadamente 20 colombianos con entrenamiento militar, incluidos antiguos miembros de las fuerzas armadas, inicialmente bajo la justificación de proporcionar seguridad.
A medida que el complot evolucionó, varios terminaron integrando la fuerza que atacó la residencia presidencial.
La investigación estableció que los conspiradores consiguieron armas y municiones en el mercado negro haitiano y distribuyeron el armamento y los equipos antes de la operación.
La noche del asesinato, algunos participantes utilizaron equipos e identificaciones destinadas a hacer creer que formaban parte de una operación de la DEA estadounidense, aunque no pertenecían a esa agencia.
ENTRARON A LA CASA Y MATARON AL PRESIDENTE
En la madrugada del 7 de julio de 2021, el comando llegó hasta la residencia privada de Jovenel Moïse en las afueras de Puerto Príncipe.
Un grupo de antiguos miembros de fuerzas especiales colombianas penetró en la vivienda.
Moïse, de 53 años, fue asesinado en su dormitorio y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Las pruebas presentadas durante el juicio federal incluyeron análisis balísticos. Según el Departamento de Justicia, proyectiles recuperados durante la autopsia del presidente y otro extraído de Martine Moïse durante una cirugía coincidieron con un fusil utilizado por el denominado “Delta Team” colombiano.
CINCO AÑOS DESPUÉS, 18 ACUSADOS VUELAN DE HAITÍ A MIAMI
Y aquí aparece la razón por la cual el expediente vuelve ahora a ocupar titulares internacionales.
Este fin de semana, 18 acusados detenidos en Haití fueron trasladados a Estados Unidos en una operación extraordinaria ejecutada por agentes del FBI y Homeland Security Investigations.
El traslado se realizó a bordo de una aeronave militar preparada incluso para enfrentar posibles ataques de grupos armados en los alrededores del aeropuerto de Puerto Príncipe.
Los detenidos llegaron a Miami y comparecieron este lunes ante un tribunal federal.
Entre ellos se encuentra Joseph Badio, exfuncionario haitiano acusado de participar en la conspiración. La acusación sostiene que Badio se hizo pasar por agente estadounidense durante la operación.
En total, la Fiscalía estadounidense señala que 30 personas han sido acusadas en Estados Unidos por diferentes funciones relacionadas con el complot.
Al menos nueve habían sido condenadas previamente mediante juicios o acuerdos de culpabilidad antes de esta nueva transferencia de acusados, según AP.
LA JUSTICIA DE EE. UU. AVANZA; LA DE HAITÍ SIGUE EMPANTANADA
La diferencia entre ambos procesos resulta notable.
Mientras Estados Unidos ha realizado arrestos, obtenido declaraciones de culpabilidad, celebrado un juicio y dictado condenas, Haití todavía no ha conseguido llevar el magnicidio a juicio cinco años después.
El propio Ministerio de Justicia haitiano reconoció que el proceso nacional continúa enfrentando enormes dificultades. Jueces asignados al expediente renunciaron por temor a sus vidas y las bandas llegaron a controlar el tribunal del centro de Puerto Príncipe donde se interrogaba a sospechosos.
EL DINERO DE UNA PANDEMIA TERMINÓ EN UNA CONSPIRACIÓN PRESIDENCIAL
La revelación agrega una dimensión extraordinaria a uno de los magnicidios más impactantes de América Latina y el Caribe.
Mientras millones de pequeños empresarios estadounidenses solicitaban desesperadamente ayuda federal para sobrevivir al cierre económico provocado por el COVID-19, fondos obtenidos fraudulentamente de esos mismos programas terminaron dentro del circuito financiero de una conspiración para derrocar al presidente de otro país.
La operación comenzó con planes para remover o secuestrar a Jovenel Moïse.
Evolucionó hacia su asesinato.
Terminó con un comando armado dentro de su dormitorio.
Y cinco años después, el rastro del dinero continúa conduciendo a los investigadores desde Puerto Príncipe hasta Miami.
El asesinato de Jovenel Moïse ya no es únicamente la historia de los hombres que entraron armados a su residencia.
Es también la historia de quiénes organizaron la operación, quiénes pusieron el dinero, de dónde salió ese dinero y quiénes esperaban beneficiarse después de su muerte.
