Desde su llegada hasta la fecha, la empresa constructora Odebrecht ha manejado proyectos que ascienden a los USD$ 4, 795 millones al sumar las adendas
De los 14 proyectos que ha manejado el conglomerado brasileño Odebrecht, en los 16 años que ha operado en República Dominicana, por lo menos 10 sufrieron modificaciones en sus presupuestos o adendas, que les han costado al Estado dominicano unos 830 millones de dólares más del presupuesto original destinado para esas obras, de manera injustificada.
Tal es el caso del Acueducto Línea Noroeste, obra iniciada en gobierno de Hipólito Mejía, la cual costaría a los contribuyentes US$ 220 millones, terminó su construcción con un valor de US$ 251, 500, 000. Es decir, un 14 % más del monto contratado.
Situación similar ocurrió en el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Palomino, que en un principio se planteó en 225 millones de dólares. Sin embargo, en su inauguración, se conoció que había costado unos US$ 400 millones; es decir US$ 175 millones por encima de su costo inicial.
La Hidroeléctrica Pinalito, la cual se programó para costar US$ 131 millones, concluyó en 300 millones de dólares, es decir, 169 millones más al momento de su inauguración, o visto de otra forma, más de un 129 % al monto inicial.
Otro trabajo adjudicado a Odebrecht y que experimentó cambios en su precio fue Ecovías de Santiago, para el cual se dispondría de US$ 270 millones. Parte de este proyecto vial fue la reconstrucción de la Circunvalación Norte, la cual se había estimado en 49 millones de dólares, pero terminó costando 138 millones, 181 % más que el monto inicial. Hasta la fecha, no se ha revelado el costo final del proyecto.
También los precios de los acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal fueron incrementados. El primero por US$ 60 millones, pasando de un presupuesto de US$ 115 millones a US$ 175 millones, y el segundo pasó de US$ 51 millones a US$ 110 millones, para una adenda de 59 millones de dólares. En el caso del acueducto de Samaná, el aumento correspondió a un 52 %, mientras que el de Hermanas Mirabal fue de un 115 %.
“La ley de compras y contrataciones es muy clara y establece porcentaje de un 25 por ciento sobre el cual se puede hacer un addendum que incremente el monto. Pero en varias de las obras de Odebrecht tenemos que es más del 100 por ciento”, asegura Carlos Pimentel, miembro de la institución no partidista Participación Ciudadana, quien señala estos incrementos como una clara irregularidad que a los controles del estado dominicano.
Destaca que si bien, la posibilidad de una adenda a una obra no es una irregularidad, ya que se trata de una modificación dispuesta en la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, los proyectos ejecutados por la empresa, cuyo presidente fue condenado en Brasil por corrupción, no han tenido una justificación y además superan el porcentaje establecido en la normativa.
La ley de compras y contrataciones establece en su artículo 31, numeral dos, que se podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.
“Si varía en un monto superior, probablemente estamos hablando de que no hubo las previsiones necesarias, que no hubo niveles de planificación y que estamos probablemente a la ejecución de una obra distinta a la que se planteó en el contrato original”.
El nueve de julio del 2009, durante un acto encabezado por el entonces presidente Leonel Fernández, junto al ministro de Obras Públicas de su gobierno, Víctor Díaz Rúa, dio inicio la construcción del Corredor Duarte, una ambiciosa obra de ingeniería compuesta por seis elevados y un túnel, con los cuales se agilizaría el tránsito en la entrada y salida de Santo Domingo hacia la zona norte del país, y que según el mandatario, tendría un costo superior a los US$ 163 millones, dinero que sería obtenido a través de un préstamo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil.
Un año después del anuncio de la construcción del proyecto, el ministro de Obras Públicas indicó que costo total sería de US$ 204 millones. Sin embargo, los trabajos ejecutados por el Consorcio Corredor Duarte, formado por la firma Odebecht y la dominicana Ingeniería Estrella, concluyeron en casi US$ 300 millones.
Díaz Rúa, en declaraciones a los medios el miércoles 9 de febrero del 2011, justificó el incremento del costo por la inclusión de dos elevados no contemplados en el diseño original y el túnel que llega hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde la avenida Ortega y Gasset.
No obstante, al momento del anuncio del Corredor Duarte en 2009, se informó que el viaducto estaba incluido en el proyecto.
“Lo que se está presentando es un gran desorden y esto se presta a malos manejos, a desviación de fondos y a mala planificación, lo que no tiene porqué ocurrir”, indica el economista Miguel Ceara Hatton, quien señala que las adendas no han sido justificadas.
Al igual que Carlos Pimentel, el también director de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indica que si bien es normal que obra tenga que ajustar los precios en los costos, en el país se ha mantenido de manera sistemática el incremento del costo de las obras en un 50 o 100 por ciento de lo que se licita.
“Modificar a su antojo”
Las modificaciones han sido también objeto de debate. Carlos Pimentel, director del área de Transparencia de Participación Ciudadana, destaca que las modificaciones a los planes originales, si bien están contempladas en la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones, como una atribución que posee el contratista, los cambios se efectúan de manera poco transparente.
Explica que en un proceso de licitación, una empresa podría presentar una oferta de un monto económico inferior junto con su propuesta técnica y para que le sea adjudica esa obra, pero con la maniobra fraudulenta de que durante la ejecución de la obra, se van realizando adendas por modificaciones para incrementar el monto inicial del proyecto obra.
“Es una modalidad parecida a lo que se conoce como el fraccionamiento del precio, que es para evadir una modalidad de contratación distinta. Obviamente podemos estar ante una modalidad fraudulenta de enriquecimiento ilícito”, sostiene Pimentel.
En ese sentido, asegura que en el caso de Odebrecht, se da una combinación: se utiliza de una forma excesiva las adendas en cada una de sus obras, y regularmente estos anexos incrementan el monto del contrato inicial, y por otra parte se trata de obras, según señalamientos, ya sobrevaloradas.
“Se puede entender la inflación… ajuste en el tipo de cambio…“, indica al otro lado del teléfono, el economista Miguel Ceara Hatton, al ser entrevistado sobre el porqué del aumento de las obras. “A menos que sea una obra que se duplique el tamaño, lo cual no ha sido el caso. Los casos que vemos es que por lo mismo, se va a pagar más”.
En el caso de Pimentel, asegura que debido a que muchos de los contratos entre la empresa Odebrecht y el Estado dominicano involucran endeudamiento con la banca bilateral, se trataría de un endeudamiento ilegítimo, empleado para “financiar sobrevaloraciones, irregularidades, violaciones normativas”, en la dirección de incrementar el monto de la obra, en un porcentaje superior al que la ley de Compras y Contrataciones prevé.
Investigación e indemnización
Desde su llegada hasta la fecha, la empresa constructora Odebrecht ha manejado proyectos (14 presentados en su portal web) que ascienden a los USD$ 4, 795 millones al sumar las adendas. Esta cifra incluye la construcción de las plantas de carbón Punta Catalina, la obra más costosa hasta el momento que ha emprendido la compañía brasileña en el país.
Tras el conocimiento de que la compañía pagó sobornos por US$ 92 millones en República Dominicana en sobornos entre 2001 y 2014 a “funcionarios e intermediarios del Gobierno”, para favorecer la adjudicación de las obras, lo que produjo un beneficio de USD$ 163 millones, la Procuraduría General de la República inició las investigaciones en el país caribeño, sin que hasta el momento haya un detenido.
Dentro de los trabajos que ha encabezado Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República, estuvo el acuerdo alcanzado entre la empresa y la Procuraduría – posteriormente declarado inadmisible por el juez Alejandro Vargas –, además del establecimiento (por ley) del pago del duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos dominicanos.
Sin embargo, y a pesar de que Rodríguez ha asegurado que las investigaciones no se limitan al pago de la multa por los sobornos, que asciende a US$ 184 millones, el funcionario ha recibido numerosas críticas por no exigir la devolución de los US$ 163 millones que la misma empresa confesó haber obtenido gracias al pago de coimas.
Asimismo, ha sido criticado por no investigar las posibles sobrevaloraciones en las que habría incurrido la compañía constructora.
