Washington< RDHerald.- El Gobierno que preside Donald Trump implementará a partir de este lunes, día 24 de febrero, la regla de carga pública por la cual puede negar la residencia permanente (Green Card) a los inmigrantes que reciban ciertos beneficios públicos.
Bajo esta regla, inmigrantes legales que viven en Estados Unidos serán definidos como una “carga pública” si reciben “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de tres años, según explicó en su momento Ken Cuccinelli, actual subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional.
La medida hace por lo tanto más difícil las reglas y procesos de acceso a la Green Card o a la ciudadanía para inmigrantes legales que han usado servicios como asistencia alimentaria (estampillas de comidas), vales de vivienda, o programas de salud que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
Los oficiales migratorios tendrán que considerar ahora esta nueva definición al momento de evaluar cualquier petición de cambio de estatus migratorio u otras visas.
El documento añade un umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.
La Corte Suprema autorizó al Gobierno para que implemente esta norma a finales de enero, luego de que 14 estados presentaran una demanda el pasado octubre contra la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional.
La administración Trump anunció la medida en agosto de 2019, con el objetivo de que entrara en vigor en octubre. Sin embargo, está quedó bloqueada por decisión de varias cortes de distrito.
La nueva regla entrará en vigor este lunes en todo el país, incluido Illinois, el último estado donde aún permanecía una orden de un tribunal federal que bloqueaba su puesta en marcha, antes de que la Corte Suprema diera luz verde esta semana para implementarla allí también.
“Bajo la nueva regla, USCIS (los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, por sus siglas en inglés) considerará todos los factores requeridos por la ley, como la edad, la salud, el ingreso, la educación y las capacitaciones del inmigrante, entre otros, a fin de determinar si el extranjero podría convertirse en el futuro una carga pública”, indicó la agencia en enero.
Lo que quiere decir que a un inmigrante se le podrá negar una visa o un cambio de estatus migratorio bajo el argumento de que podría convertirse en una carga pública, a pesar de que no haya recibido ningún beneficio público.
En aplicación de la norma, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para la Administración; es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos, reportó la agencia de noticias EFE.
