Miami, RD Herald. – El juicio contra el pastor haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon, señalado por fiscales federales como una de las figuras vinculadas a la conspiración que terminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, comenzó en Miami, colocando nuevamente bajo los reflectores uno de los magnicidios más complejos y controvertidos de la historia reciente del Caribe.
Sanon, médico y pastor radicado durante años en Florida, enfrenta cargos federales relacionados con la conspiración que comenzó como un supuesto proyecto para sacar a Moïse del poder y terminó transformándose en la operación armada que lo asesinó dentro de su residencia privada en Puerto Príncipe durante la madrugada del 7 de julio de 2021.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Sanon aspiraba a convertirse en presidente de Haití después de la salida de Moïse y que participó en reuniones y gestiones relacionadas con la contratación de personal armado que viajó desde Colombia hacia Haití.
El acusado se ha declarado no culpable, por lo que corresponde ahora al jurado determinar si los fiscales consiguen demostrar los cargos más allá de una duda razonable.
DE UN SUPUESTO CAMBIO DE GOBIERNO AL MAGNICIDIO
Una de las claves del proceso será establecer hasta dónde llegó la participación de Sanon y qué conocimiento tenía sobre la evolución del complot.
La investigación estadounidense ha establecido que la conspiración no comenzó necesariamente como un plan para asesinar a Jovenel Moïse.
Inicialmente se discutieron diferentes mecanismos para sacarlo del poder, incluyendo secuestrarlo, obligarlo a renunciar y posteriormente instalar una nueva administración.
Según documentos judiciales, Sanon llegó a Haití en junio de 2021 acompañado por varios ciudadanos colombianos contratados inicialmente bajo la apariencia de proporcionar servicios de seguridad.
Los fiscales sostienen que Sanon mantenía aspiraciones políticas y que integrantes del grupo discutieron la posibilidad de colocarlo al frente del país después de la salida de Moïse.
Sin embargo, la conspiración evolucionó.
Planes anteriores para capturar al mandatario fracasaron y posteriormente surgió la operación que terminó con el comando armado entrando en su residencia.
Una cuestión central para el jurado será determinar qué participación tuvo Sanon en esa evolución y qué sabía sobre el objetivo final de la operación.
LOS COLOMBIANOS LLEGARON COMO SUPUESTOS GUARDIAS DE SEGURIDAD
La presencia de exmilitares colombianos constituye una de las piezas fundamentales del expediente.
Aproximadamente 20 colombianos con entrenamiento militar fueron reclutados y trasladados a Haití durante las semanas anteriores al magnicidio.
Algunos fueron contratados inicialmente para proporcionar seguridad privada.
Pero fiscales estadounidenses sostienen que varios terminaron formando parte del grupo utilizado en la operación contra Moïse.
El Gobierno estadounidense sostiene que parte de la planificación y financiamiento de la conspiración se produjo desde el sur de Florida, razón por la cual los tribunales federales de Miami han adquirido jurisdicción sobre numerosos participantes.
EL PLAN PARA COLOCAR A SANON EN EL PODER HABRÍA FRACASADO
Otro elemento importante del caso es que los propios conspiradores aparentemente llegaron a considerar que Sanon no tenía posibilidades legales de asumir la Presidencia haitiana.
Sanon había vivido durante años fuera de Haití.
Según documentos judiciales, los participantes comenzaron entonces a considerar otras figuras para encabezar un eventual Gobierno posterior a Moïse.
Entre ellas apareció el exjuez de la Corte Suprema haitiana Windelle Coq-Thélot, quien fue señalada durante las primeras investigaciones en Haití como una persona que habría mantenido contactos con participantes del complot.
La existencia de diferentes aspirantes al poder constituye una muestra de cómo el plan fue cambiando durante las semanas anteriores al asesinato.
MOÏSE FUE ASESINADO DENTRO DE SU HABITACIÓN
La conspiración alcanzó su desenlace durante la madrugada del 7 de julio de 2021.
Un grupo armado llegó a la residencia privada del presidente en Pèlerin 5, en las afueras de Puerto Príncipe.
Algunos participantes se hicieron pasar por integrantes de una operación de la DEA estadounidense, aunque no pertenecían a esa agencia.
Los atacantes penetraron en la vivienda.
Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado dentro de su dormitorio.
Su esposa, Martine Moïse, recibió múltiples disparos y sobrevivió después de ser trasladada a Miami para recibir tratamiento médico.
El asesinato dejó inmediatamente una pregunta que todavía cinco años después continúa persiguiendo a Haití:
¿Quién ordenó matar al presidente?
EL EXPEDIENTE DE MIAMI HA CRECIDO ENORMEMENTE
El proceso contra Sanon forma parte de una investigación estadounidense mucho mayor.
Numerosas personas han sido procesadas en el Distrito Sur de Florida y varias ya han sido condenadas o se han declarado culpables.
El expediente recibió recientemente un impulso extraordinario con el traslado de 18 acusados desde Haití hacia Estados Unidos, incluidos ciudadanos colombianos y haitianos que permanecían detenidos en territorio haitiano.
Entre ellos se encuentra Joseph Félix Badio, exfuncionario de la Unidad de Lucha contra la Corrupción de Haití y una de las figuras señaladas durante años dentro de la investigación.
El traslado elevó considerablemente la cantidad de personas sometidas ante la justicia estadounidense por diferentes funciones dentro de la conspiración.
DINERO DEL COVID TAMBIÉN APARECE EN LA TRAMA
Las investigaciones federales han revelado además una conexión que parecía inimaginable cuando ocurrió el asesinato.
Parte del dinero utilizado dentro de la conspiración procedía de fondos obtenidos fraudulentamente de programas creados por Estados Unidos para ayudar a empresas durante la pandemia de COVID-19.
Los programas Paycheck Protection Program y Economic Injury Disaster Loan fueron establecidos para proteger negocios y empleos durante la emergencia sanitaria.
Fiscales federales demostraron en otros procesos relacionados con el magnicidio que dinero obtenido fraudulentamente de esos programas terminó ayudando a financiar elementos de la operación.
Uno de los financistas, Keegan Harricharan, fue condenado a 20 años de prisión después de declararse culpable de lavar cientos de miles de dólares procedentes de esos fondos.
CINCO AÑOS DESPUÉS, MIAMI BUSCA RESPUESTAS QUE HAITÍ TODAVÍA NO HA CONSEGUIDO
El contraste entre los procesos judiciales de ambos países resulta particularmente significativo.
Mientras fiscales estadounidenses han conseguido declaraciones de culpabilidad, condenas y juicios, el procedimiento judicial haitiano continúa enfrentando enormes obstáculos.
Jueces han abandonado el expediente por amenazas, estructuras judiciales han sido afectadas por la violencia de las bandas y buena parte de Puerto Príncipe permanece bajo influencia o control de organizaciones criminales.
El juicio contra Christian Emmanuel Sanon puede ayudar ahora a responder una de las grandes interrogantes pendientes.
Los fiscales intentarán demostrar que el pastor no fue simplemente una persona con aspiraciones políticas que terminó rodeada por conspiradores, sino un participante consciente de una operación destinada a sacar por la fuerza al presidente constitucional de Haití.
La defensa tendrá la oportunidad de presentar una versión diferente y cuestionar las pruebas del Gobierno.
Y esa distinción es fundamental: Sanon está acusado, no condenado.
Será el jurado federal de Miami el que deberá determinar su responsabilidad.
Cinco años después del asesinato, el expediente continúa avanzando hacia una cuestión todavía mayor que identificar a quienes entraron aquella madrugada a la residencia presidencial:
quién concibió el plan, quién puso el dinero, quién dio las órdenes y quién esperaba gobernar Haití después de Jovenel Moïse.
