Santo Domingo, RD Herald. – La dirigente empresarial y asesora en materia de gestión de residuos sólidos, Circe Almánzar, elogió el esfuerzo de la Cámara de Diputados y del Senado para alcanzar un consenso en torno al proyecto de modificación de la Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, el cual ahora está a la espera de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
“Esta voluntad de diálogo y apertura permitió atender de manera responsable las preocupaciones expresadas por el sector empresarial, particularmente en lo relativo a la moderación de la contribución anual de las empresas. Esto representa un avance en la construcción de una política ambiental equilibrada y sostenible”, expresó Almánzar.
Normativas técnicas y participación
En relación con los porcentajes obligatorios de utilización de residuos en materiales, Almánzar reconoció como “un paso prudente” que estos hayan sido remitidos a futuras normativas técnicas.
Estas normativas deberán ser construidas mediante un proceso participativo y transparente entre los actores involucrados y el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando así criterios técnicos y consensuados para su aplicación”, subrayó.Aclaración sobre plantas de valorización
La asesora empresarial precisó que la nueva definición y distancia establecida en la ley aprobada solo aplica a instalaciones destinadas a la clasificación y separación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
En ese sentido, aclaró que no afecta a las plantas de valorización dedicadas exclusivamente a residuos prioritarios, que continuarán regulándose de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
Gestión de residuos y marco legal
Almánzar destacó que la reforma reafirma que la recolección de residuos sólidos en los establecimientos está reservada a gestores autorizados, incluyendo los ayuntamientos, una disposición que ya estaba contemplada en la legislación actual.
Llamado a la promulgación
Finalmente, Almánzar consideró que tras el consenso logrado entre ambas cámaras legislativas, la ley “merece y debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo”, con el objetivo de avanzar en una gestión de residuos más eficiente, moderna y sostenible para la República Dominicana.
