Santo Domingo, RD Herald. – Una auditoría practicada al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) ha puesto bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión y administración de recursos de esa institución, luego de identificar que al menos 15 servidores públicos figuraban durante 2024 en el programa Familias de Cariño, pese a recibir salarios en otras dependencias estatales.
Entre los casos examinados aparecen personas cuyos ingresos mensuales en otras instituciones alcanzaban los RD$200,000, situación que ha despertado interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los participantes del programa.
La información adquiere especial relevancia porque Familias de Cariño está dirigido a brindar atención y acompañamiento a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.
El informe también identifica debilidades documentales y administrativas que deberán ser aclaradas por las autoridades responsables.
Un programa destinado a proteger a los adultos mayores
Conape tiene la responsabilidad de desarrollar políticas de protección y asistencia para personas envejecientes, especialmente aquellas que carecen de recursos económicos suficientes o enfrentan situaciones de abandono y vulnerabilidad.
Dentro de esa misión, los programas de acompañamiento social buscan proporcionar apoyo a quienes necesitan atención cotidiana y asistencia institucional.
La presencia de servidores públicos con ingresos relativamente elevados dentro de un programa de esta naturaleza exige examinar la función que desempeñaban, los criterios de inclusión y la naturaleza exacta de los beneficios recibidos.
El hallazgo de una persona en los registros de un programa no demuestra automáticamente que haya recibido dinero indebidamente. Para establecer una irregularidad individual es necesario determinar las condiciones de su participación, los pagos efectuados y las disposiciones que regulaban el beneficio.
RD$162.2 millones con soportes incompletos
Otro de los hallazgos relevantes de la auditoría se refiere a pagos por aproximadamente RD$162.2 millones que, según el documento, no contaban con expedientes de respaldo completos.
La ausencia de documentación suficiente representa una debilidad de control porque dificulta verificar si los desembolsos cumplieron los procedimientos administrativos establecidos.
Sin embargo, debe distinguirse entre un pago sin documentación completa y un desfalco demostrado.
El monto señalado por los auditores no puede presentarse como dinero robado o desaparecido sin que una investigación posterior determine su destino y establezca responsabilidades.
El informe también identifica vehículos institucionales sin la rotulación correspondiente y expedientes de empleados que carecían de determinados documentos.
Estos señalamientos apuntan a deficiencias que pueden afectar la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.
¿Qué corresponde hacer ahora?
La publicación de los resultados plantea la necesidad de que Conape explique las medidas correctivas adoptadas, las razones de las inclusiones cuestionadas y el estado de los expedientes señalados.
También corresponde determinar si los hallazgos fueron subsanados después del período auditado.
La Contraloría puede identificar incumplimientos administrativos y recomendar correctivos, pero la determinación de responsabilidades penales, cuando corresponda, requiere actuaciones de los organismos competentes.
La protección de los envejecientes no debe quedar en segundo plano
Más allá de las posibles irregularidades, el caso pone de relieve la importancia de garantizar que los recursos públicos destinados a los adultos mayores lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.
La población envejeciente enfrenta desafíos relacionados con ingresos, atención médica, alimentación, vivienda y acompañamiento familiar.
Por esa razón, cualquier debilidad en los sistemas de selección y fiscalización merece una respuesta institucional documentada.
El seguimiento de este caso deberá centrarse tanto en el esclarecimiento de los hallazgos como en la continuidad de la atención a los beneficiarios legítimos.
