Caraz, Perú, RD Herald. – El asesinato de la periodista y candidata regional Susy Isabel Aponte Polo, conocida popularmente como “La China Polo”, ha estremecido a Perú y abierto una investigación que va mucho más allá del hombre señalado como presunto autor de los disparos.
Aponte Polo, de 43 años, candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, fue asesinada el sábado 19 de septiembre mientras desarrollaba una actividad proselitista en las inmediaciones de un mercado de Caraz, provincia de Huaylas.
La candidata caminaba junto a simpatizantes y entregaba propaganda electoral cuando un hombre se aproximó y abrió fuego. Aponte resultó gravemente herida y posteriormente falleció. Varias personas que la acompañaban también resultaron heridas.
El asesinato ocurrió apenas unas semanas antes de las elecciones regionales y municipales peruanas del próximo 4 de octubre, convirtiendo el caso en un asunto de seguridad pública, libertad de prensa y garantías para la participación política.
HABÍA ADVERTIDO QUE QUERÍAN MATARLA
Uno de los elementos que mayor conmoción ha causado es que Aponte había denunciado públicamente amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada.
El 10 de septiembre, la periodista aseguró haber recibido llamadas procedentes de tres centros penitenciarios en las que, según su relato, le advertían sobre un supuesto plan para atentar contra ella. Afirmó además que había presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades.
En esas declaraciones, Aponte hizo graves señalamientos contra el entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo Farfán, a quien responsabilizó anticipadamente si sufría un atentado.
Es imprescindible precisar que esas fueron acusaciones realizadas por la propia periodista y no hechos judicialmente establecidos.
Las autoridades investigan ahora si aquellas amenazas guardan relación con su asesinato.
Aponte había adquirido notoriedad por su programa periodístico “China Polo Dominical”, desde el cual realizaba denuncias sobre presuntos hechos de corrupción y cuestionaba a autoridades políticas, policiales y fiscales.
TRES DETENIDOS Y SOSPECHAS DE UN CRIMEN POR ENCARGO
La investigación avanzó rápidamente durante las horas posteriores al asesinato.
El fiscal de la Nación de Perú, Tomás Gálvez, informó que tres personas habían sido detenidas por su presunta vinculación con el crimen. Las pesquisas buscan establecer no solamente quién disparó contra Aponte, sino también quién habría organizado y financiado el ataque.
Entre las personas bajo investigación figuran ciudadanos venezolanos. La Policía informó que uno fue detenido en Caraz y otro posteriormente en Lima y trasladado bajo custodia policial hasta la zona donde ocurrió el asesinato.
Las detenciones y señalamientos son parte de una investigación en desarrollo; los sospechosos conservan su presunción de inocencia mientras no exista sentencia judicial.
Las autoridades han inspeccionado la escena del crimen, la presunta ruta utilizada para escapar y un establecimiento donde habrían permanecido personas investigadas.
UNA PISTOLA ROBADA, OTRA PIEZA DEL ROMPECABEZAS
La investigación produjo además un hallazgo que está siendo sometido a peritajes.
La Policía incautó una pistola Glock calibre 9×19 milímetros presuntamente relacionada con el ataque.
De acuerdo con los registros policiales citados por El Comercio, esa arma figura con una denuncia por hurto presentada el 15 de noviembre de 2023 en una comisaría de Villa El Salvador.
Los investigadores realizan pruebas balísticas para determinar si el arma corresponde efectivamente a la utilizada contra Aponte, comparándola con los casquillos recuperados en la escena.
Por tanto, su utilización en el asesinato todavía debe quedar establecida pericialmente.
CAMBIOS EN LA CÚPULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
El caso adquirió una dimensión todavía mayor este lunes.
El general Víctor Revoredo, mencionado por Aponte en sus denuncias antes de morir, dejó la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal, Dirincri, y fue destinado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.
La resolución oficial justificó los movimientos por “necesidad del servicio” y comprendió a más de veinte oficiales generales, por lo que no establece que el traslado de Revoredo constituya una sanción ni determina relación alguna entre él y el asesinato.
Su sustituto será el general Ricardo Espinoza Cuestas.
Al mismo tiempo, el nuevo comandante general de la Policía Nacional, Fredy López Mendoza, fue enviado personalmente a Caraz para encabezar las operaciones y coordinar la investigación junto con unidades especializadas.
EL CRIMEN SACUDE LA POLÍTICA PERUANA
Las consecuencias llegaron también al Congreso.
Legisladores de oposición anunciaron una moción de censura contra el ministro del Interior, cuestionando la respuesta de las instituciones frente a las amenazas denunciadas por la candidata antes de su asesinato.
El Jurado Nacional de Elecciones condenó el crimen y reclamó una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables, al tiempo que defendió la necesidad de garantizar un proceso electoral pacífico y seguro.
El asesinato plantea una pregunta que comienza a dominar la discusión pública peruana:
¿Por qué una periodista y candidata que había denunciado públicamente amenazas contra su vida terminó asesinada durante una actividad electoral?
Determinar si aquellas amenazas estaban vinculadas directamente con el ataque constituye ahora una de las líneas fundamentales de la investigación.
CUATRO DÍAS ANTES HABÍA PARTICIPADO EN UN DEBATE
El contraste resulta dramático.
El 15 de septiembre, apenas cuatro días antes de morir, Susy Aponte había participado junto a otros aspirantes al Gobierno Regional de Áncash en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.
Cuatro días después estaba nuevamente en campaña.
Esta vez caminaba por las calles de Caraz repartiendo propaganda y buscando votos.
Un hombre armado apareció.
Disparó.
Y una campaña electoral se convirtió en una investigación por asesinato.
Ahora Perú intenta determinar no solamente quién apretó el gatillo, sino la pregunta mucho más importante que rodea al caso:
quién, si alguien, ordenó matar a “La China Polo” y por qué.
