La Vega, RD Herald. – La mañana de este miércoles fue arrestada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, luego de que la Suprema Corte de Justicia confirmara la sentencia que la condena a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos vinculados al narcotráfico.
El apresamiento se llevó a cabo en su residencia, ubicada en la provincia La Vega, con la participación de agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. Su abogado, Roberto Medina, informó que la exlegisladora se entregó de manera voluntaria para ser puesta a disposición del juez de Ejecución de la Pena.
Condena y fundamentos
Pilarte fue procesada judicialmente por su presunta participación en operaciones financieras destinadas a legitimar capitales provenientes del narcotráfico, cargos que la llevaron a enfrentar un proceso que concluyó con una condena de cinco años de reclusión.
Aunque la sentencia fue emitida en última instancia, la defensa de la exdiputada interpuso un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), alegando la posible violación de precedentes del órgano extrapoder y de derechos fundamentales.
Revisión constitucional en curso
El TC, conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica 137-11, tiene la facultad de examinar decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, siempre que cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, que el derecho fundamental vulnerado haya sido invocado formalmente en el proceso, que se hayan agotado todos los recursos judiciales disponibles y que la alegada violación no haya sido subsanada.
La revisión presentada por Pilarte busca determinar si la decisión de la Suprema Corte respetó estos criterios o si incurrió en vulneraciones que puedan modificar la sentencia.
Impacto del caso
El arresto de la excongresista genera repercusión política y social en la provincia de La Vega y en todo el país, al ser uno de los casos más sonados en la aplicación de la ley contra el lavado de activos. La medida también refuerza el mensaje de que la justicia dominicana pretende actuar sin distinción de cargos ni privilegios, en un momento donde el combate al crimen organizado se encuentra bajo fuerte escrutinio nacional e internacional.
