Santo Domingo, RD Herald. – El mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre solicitó este jueves su absolución ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al afirmar durante sus palabras finales en el juicio de fondo que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes y pertinentes para sostener la acusación de presunta corrupción administrativa en su contra.
Cáceres, principal imputado en el denominado caso Coral, aseguró que después de cinco años de proceso no se ha podido establecer con quién supuestamente se habría asociado para violar la ley, ni se han presentado evidencias directas que sustenten la acusación de asociación de malhechores. También cuestionó que las imputaciones fueran formuladas de manera general, sin individualizar responsabilidades.
En su defensa, el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) argumentó además que el órgano acusador no logró identificar fondos específicos desviados a su favor ni trazar una ruta financiera que sustentara los cargos. Según su planteamiento, peritajes incorporados al proceso reflejarían que la mayor parte de los recursos manejados en sus cuentas provienen de ingresos lícitos, como salarios e inversiones bancarias.
Durante la misma audiencia, Cáceres rechazó ser propietario de bienes que, según la acusación, habrían sido colocados a nombre de terceros, y negó que las propiedades atribuidas por los fiscales puedan ser vinculadas de manera efectiva a su patrimonio personal. Entre esos bienes figura la Asociación Campesina Madre Tierra, cuya titularidad también negó.
El juicio de fondo concluyó este jueves y el tribunal fijó para el 15 de junio, a las 3:00 de la tarde, la lectura de la sentencia. En el proceso también figuran otros altos oficiales y civiles señalados en el expediente, entre ellos el exdirector de Cestur, Juan Carlos Torres Robiou.
De su lado, el Ministerio Público mantiene la acusación de que la red habría sustraído más de RD$4,500 millones del Cusep, Cestur y Conani, y ha pedido 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para Cáceres y otros de los principales acusados. La Pepca y la Dirección General de Persecución han insistido en que esperan sentencias ejemplares en este proceso