Santo Domingo, RDHerald.- El abogado José Ricardo Taveras consideró hoy que en los términos en que ha sido concebido, el acuerdo suscrito por el gobierno dominicano con los Estados Unidos sobre pre-autorización en el transporte aéreo es inconstitucional, ya que en el mismo se han incluido cláusulas inaceptables, principalmente en su anexo, el cual viola el principio de soberanía nacional al establecer una tutela extranjera de la política nacional de refugiados, a cargo de los norteamericanos, mediante la cual, ellos se reservan el derecho de que se les rinda cuenta anualmente al respecto.
El también secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) explicó que en el anexo se impuso a la República Dominicana, proveer medios alternativos conforme a la ley dominicana a favor de las personas que no reúnan los requisitos internos no contemplados en los instrumentos internacionales, lo que obligaría al país a recibir los casos y a brindar la protección necesaria sin considerar las reservas de su legislación interna al respecto, situación que el Tribunal Constitucional está en la obligación de desestimar pura y simplemente. “En eso estoy de acuerdo en el sentido de que deben afrontar sin tapujo, amiguismos y mucho menos debilidades su deber de garantizar la contención de los atentados contra la constitución y la soberanía nacional.”
Taveras Blanco consideró que la naturaleza del convenio no amerita que se trate de soslayo su anexo, que al tiempo que desnaturaliza el acuerdo, nos somete en un tema muy delicado, dadas las circunstancias geopolíticas que nos impactan.
“¿Qué busca un anexo sobre refugiados en un acuerdo de facilidades aeroportuarias mediante el cual se autoriza a los Estados Unidos a operar una estación de control migratorio y aduanal con facultad de pre-autorizar el ingreso de aeronaves, pasajeros y equipajes que se dirijan en operación aérea directa a territorio norteamericano? ¿Porqué ese acuerdo tiene que ser extendido a todo el territorio nacional en lo que respecta a extranjeros con vocación de ser solicitantes de refugio, cuando el ámbito de aplicación de su objeto fundamental es exclusivamente el aeropuerto de Punta Cana?”, se preguntó.
Consideró que “rendir cuentas anualmente a través de puntos de contacto designados por USA para el manejo de las políticas de refugio, cuando la propia convención internacional al respecto establece que las mismas deben ser ejecutadas soberanamente cada Estado, consagraría, repito, una tutela impertinente y odiosa, por lo que resulta lesivo el condicionamiento del acuerdo a la discreción que al respecto pueda tener el gobierno de los Estados Unidos, situación que deviene en desmedro de la soberanía nacional.” Aunque reconoció que Estados Unidos ha suscrito otros acuerdos similares en los que ha incluido el tema de los refugiados, en ninguno se han impuesto cláusulas condicionantes de la naturaleza injerencista que contiene el suscrito por la cancillería dominicana durante la gestión del anterior embajador norteamericano, en todos los casos se les ha reservado a la autoridad nacional la absoluta discreción de conceder o rechazar las solicitudes de refugio conforme a su constitución y sus leyes.
Añadió que el acuerdo tiene otras cláusulas, tales como las de administración de tarifas y multas civiles, así como de decomiso e incautación, que deben ser objeto de reflexión y aclaración por parte de las autoridades nacionales.
José Ricardo Taveras, quién además fungió como director general de migración reconoció que el acuerdo sería útil y pertinente si no se hubiese manipulado para la inclusión de los condicionamientos contenidos especialmente en su anexo. Dijo que existen acuerdos similares con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y algunas islas del Caribe y resulta de gran utilidad para los objetivos de facilitar el acceso del mercado norteamericano a nuestras facilidades turísticas y una herramienta importante de cooperación internacional en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y trata y tráfico de personas.
Al respecto, recomendó a los sectores que inician una campaña de presión y descrédito contra el tribunal constitucional, “que en vez de constreñirlo para que viole la constitución, procuren que las autoridades del gobierno, obviamente mal aconsejadas al firmar semejante acuerdo, se aconsejen mejor y aprovechen los nuevos aires que se respiran en la embajada y el gobierno norteamericano, donde existe un poco más de tacto en el respeto por la soberanía de las naciones en ese aspecto, a fin de que se extirpe ese enojoso requerimiento y se renegocie el acuerdo, que resulta ser absolutamente conveniente para ambas partes.”
