Guatemala (EFE).- José Manuel y Samuel Morales, hijo y hermano, respectivamente, del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, serán juzgados por un caso en el que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares que supusieron un fraude al Estado en el año 2013.
La jueza encargada del caso, Silvia de León, decidió este viernes que ambos, que estaban bajo arresto domiciliario desde el pasado mes de febrero, sean sometidos a un juicio oral y público por el delito de fraude, y absolvió al hermano del mandatario por el de lavado de dinero.
José Manuel Morales Marroquín, de 23 años, y Samuel Morales fueron arrestados después de que el pasado 18 de enero un Juzgado de Guatemala los procesara por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares.
De León encontró indicios suficientes para abrir juicio a ambos y durante su argumentación le dijo al hijo del presidente que en la vida se cometen “grandes errores”, pero que no entiende cómo “se dejó sorprender” y cómo pudo “involucrar incluso a la empresa de su tío”.
“Yo no le estoy diciendo, José Manuel, que usted se quedó con ese dinero”, le dijo la jueza al hijo del mandatario, aunque sí le advirtió que con la administración pública “no se juega”.
Según la investigación, José Manuel y Samuel no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, pero sí hicieron un “favor ilícito” para beneficiar al exsuegro del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, quien también fue enviado a juicio por lavado de dinero.
Por este causa, la jueza De León, titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, envió también a juicio, en este caso por defraudación tributaria, a Abdy Estrada de Orellana, madre de la exnovia de José Manuel Morales.
Esos tres actos irregulares fueron descubiertos por las autoridades durante una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como “plazas fantasmas” (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama, también fueron hoy enviadas a juicio, en una vista que se prolongó más de 10 horas, más de una veintena de personas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León, según informan medios locales.EFE
