Santo Domingo, RD Herald. – El magistrado Justiniano Montero Montero asumió este martes la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, después de ser juramentado por el Consejo Nacional de la Magistratura durante una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader.
Montero sustituye a Luis Henry Molina, quien decidió no optar por un segundo período al frente del Poder Judicial.
La juramentación también incluyó a seis nuevos integrantes del alto tribunal.
El cambio representa una nueva etapa administrativa e institucional para la justicia dominicana.
UNA DESIGNACIÓN POR UNANIMIDAD
El Consejo Nacional de la Magistratura escogió a Montero por unanimidad.
La decisión se produjo después de un proceso de evaluación y selección que incluyó entrevistas públicas a aspirantes.
El procedimiento también contempló la revisión del desempeño de magistrados que podían continuar en sus funciones.
La renovación del tribunal responde a las disposiciones constitucionales relacionadas con la evaluación periódica de sus integrantes.
SEIS NUEVOS MAGISTRADOS
Los jueces juramentados fueron Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.
También fueron designados los magistrados que ocuparán las posiciones de sustitución de la presidencia.
Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue seleccionado como primer sustituto y Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.
Estas designaciones forman parte de la nueva estructura de dirección del tribunal.
MODERNIZAR LEYES Y TRIBUNALES
Montero ha planteado la necesidad de revisar el marco jurídico que regula el funcionamiento del Poder Judicial.
Entre sus propuestas figura modernizar disposiciones relacionadas con la organización de los tribunales.
Algunas de las normas que estructuran el sistema judicial dominicano tienen antecedentes de varias décadas.
La actualización de ese marco podría permitir ajustes administrativos y mejorar determinados procedimientos.
Sin embargo, las reformas legislativas requerirán la participación de los órganos competentes.
El presidente de la Suprema Corte no puede modificar unilateralmente las leyes.
LA MORA JUDICIAL
Uno de los principales desafíos del sistema es la acumulación de expedientes.
Los retrasos pueden afectar a ciudadanos, empresas y personas involucradas en procesos judiciales.
Una justicia eficiente necesita resolver los casos dentro de plazos razonables, sin sacrificar las garantías procesales.
Montero ha identificado la reducción de la mora como una prioridad.
Para evaluar los resultados de su gestión será necesario conocer indicadores sobre expedientes pendientes, tiempos de respuesta y productividad de los tribunales.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La modernización tecnológica también figura entre los objetivos anunciados.
Los sistemas digitales pueden facilitar consultas, notificaciones y gestión de expedientes.
Sin embargo, su implementación debe considerar la protección de datos y el acceso de personas con dificultades tecnológicas.
La digitalización no debe convertirse en una barrera para ciudadanos que necesitan utilizar los servicios judiciales.
UNA JUSTICIA INCORRUPTIBLE
Durante su toma de posesión, Montero destacó la importancia de la ética y la integridad institucional.
El nuevo presidente manifestó su aspiración de fortalecer una justicia libre de corrupción.
Este compromiso deberá reflejarse en mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
LO QUE SIGUE
La nueva presidencia tendrá que presentar prioridades operativas y definir mecanismos para evaluar los avances.
También deberá coordinar las reformas propuestas con las instituciones correspondientes.
La juramentación y toma de posesión están confirmadas. Las reformas anunciadas constituyen objetivos de gestión que todavía deberán ejecutarse.