Santo Domingo, RD Herald. – El Gobierno dominicano aprobó un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos mediante el Decreto 787-26, una disposición que establece obligaciones para las instituciones estatales que utilizan sistemas automatizados en sus operaciones y decisiones administrativas.
La medida fue anunciada oficialmente el martes 3 de noviembre de 2026.
El instrumento fue desarrollado mediante un proceso encabezado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
La normativa incorpora principios relacionados con transparencia, protección de derechos, supervisión humana y prevención de prácticas discriminatorias.
Su alcance comprende instituciones de la Administración pública centralizada y descentralizada.
LOS SISTEMAS DE ALTO IMPACTO ESTARÁN BAJO SUPERVISIÓN
Uno de los elementos centrales del nuevo código es la regulación de los sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar derechos ciudadanos.
Las aplicaciones clasificadas como de alto impacto deberán someterse a evaluaciones éticas y de derechos antes de entrar en funcionamiento.
Entre los ámbitos sensibles figuran las decisiones relacionadas con beneficios sociales y el ejercicio de potestades sancionadoras.
El objetivo es establecer controles antes de utilizar herramientas tecnológicas capaces de influir significativamente en la situación de una persona.
La disposición busca evitar que decisiones administrativas importantes dependan exclusivamente de procesos automatizados sin supervisión adecuada.
PROHIBICIONES EXPRESAS
El código establece restricciones sobre determinadas aplicaciones de inteligencia artificial.
Entre las prácticas prohibidas se encuentra la clasificación social generalizada de personas mediante sistemas de puntuación.
También prohíbe la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial.
Otra restricción afecta al perfilamiento criminal predictivo basado en sesgos territoriales o socioeconómicos.
La normativa incluye, además, prohibiciones sobre la automatización de sentencias penales y las armas autónomas.
Estas disposiciones buscan impedir aplicaciones tecnológicas que puedan comprometer derechos fundamentales o producir decisiones discriminatorias.
LOS CIUDADANOS PODRÁN PEDIR EXPLICACIONES
Una de las novedades más importantes es el reconocimiento del derecho a conocer cuándo una decisión administrativa ha sido respaldada por inteligencia artificial.
Esto significa que las instituciones deberán establecer mecanismos de transparencia sobre el uso de estas herramientas.
Los ciudadanos también podrán solicitar explicaciones comprensibles sobre determinadas decisiones.
La normativa contempla procedimientos de revisión humana.
Este último aspecto resulta especialmente relevante cuando una persona considera que una decisión automatizada contiene errores o afecta injustamente sus derechos.
¿QUÉ CAMBIA PARA LAS INSTITUCIONES?
La aprobación del código obliga a revisar la manera en que las entidades públicas incorporan inteligencia artificial.
No se trata únicamente de utilizar programas informáticos más avanzados.
Las instituciones deberán considerar riesgos relacionados con privacidad, discriminación, seguridad y transparencia.
También tendrán que evaluar la necesidad de intervención humana en procesos sensibles.
El desafío será transformar los principios establecidos en procedimientos administrativos verificables.
EL RETO DE LA IMPLEMENTACIÓN
La inteligencia artificial ofrece posibilidades para mejorar la gestión documental, organizar información y agilizar determinados servicios.
Sin embargo, sus resultados pueden contener errores.
Los sistemas también pueden reproducir sesgos presentes en los datos utilizados para desarrollarlos.
Por eso, la supervisión institucional constituye un componente esencial.
El código representa un marco normativo para reducir esos riesgos, pero su eficacia dependerá de la implementación.
LO QUE SIGUE
Las autoridades deberán precisar los mecanismos de supervisión, evaluación y cumplimiento.
También será importante conocer cómo se capacitará al personal público y qué procedimientos estarán disponibles para recibir reclamaciones ciudadanas.
La aprobación del Decreto 787-26 constituye un paso regulatorio confirmado.
Su aplicación práctica será la verdadera prueba de la capacidad del Estado para utilizar inteligencia artificial sin comprometer los derechos de los ciudadanos.
