Lima, Perú, RD Herald. – El Poder Judicial de Perú condenó a Miguel Tupayachi Rivera, identificado como personero durante la segunda vuelta presidencial, por sustraer 261 cédulas de sufragio durante la jornada electoral del pasado 7 de junio.
La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa, que impuso al imputado cuatro años de pena privativa de libertad, convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, luego de que reconociera los hechos.
De acuerdo con el reporte judicial reseñado por medios peruanos, Tupayachi fue hallado responsable del delito de atentado contra el derecho de sufragio, una figura penal vinculada a acciones que afectan la voluntad popular y la limpieza del proceso electoral.
El caso ha generado fuerte repercusión porque se produce en medio de una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Perú, donde la diferencia entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se mantiene al mínimo mientras avanzan el conteo, las revisiones y las impugnaciones.
La sustracción de cédulas en Arequipa se suma a otros incidentes reportados durante la jornada electoral. En Los Olivos, Lima, también fue intervenido un ciudadano por presuntamente manipular o rayar cédulas de votación; sin embargo, en ese caso el Poder Judicial ordenó su liberación al considerar que no existían elementos suficientes para justificar un proceso inmediato.
Juntos por el Perú negó que el detenido en Los Olivos estuviera acreditado para actuar en la mesa donde ocurrió la presunta irregularidad, aunque reconoció que contaba con una credencial asignada a otra mesa. La agrupación pidió que las autoridades investiguen el caso y sostuvo que el hecho podía afectar la imagen del partido.
Estos episodios aumentan la presión sobre las autoridades electorales peruanas, en momentos en que miles de ciudadanos siguen atentos a cada actualización del conteo. La elección presidencial permanece bajo alta tensión política debido a la estrecha diferencia entre los candidatos y a la existencia de actas observadas o impugnadas que podrían influir en el resultado final.
El proceso también ha sido marcado por un clima de sospechas, denuncias y movilizaciones de simpatizantes, especialmente por la demora en conocer un resultado definitivo. Medios internacionales han reportado que el Jurado Nacional de Elecciones podría tardar semanas en revisar las actas pendientes antes de proclamar oficialmente al ganador.
La condena en Arequipa envía un mensaje de severidad frente a cualquier intento de alterar el proceso electoral, pero también confirma la fragilidad del ambiente político peruano en esta etapa decisiva.
En una elección definida voto a voto, cualquier irregularidad adquiere un peso político mayor. Por eso, tanto las autoridades judiciales como electorales enfrentan ahora el reto de actuar con transparencia, rapidez y firmeza para preservar la confianza ciudadana.