Santo Domingo, RD Herald. – Los apartamentos que durante años estuvieron asociados a las estructuras criminales de José David Figueroa Agosto y César Emilio Peralta, “César el Abusador”, fueron vendidos este martes por más de RD$37.65 millones durante la primera subasta pública de bienes decomisados organizada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide).
La venta de estos inmuebles convirtió la jornada en uno de los momentos más simbólicos de la subasta, al tratarse de propiedades que por años figuraron entre los bienes más notorios ligados al narcotráfico y al crimen organizado en la República Dominicana. Los apartamentos ya tienen nuevos dueños, en una operación que marca el paso de esos activos desde el control judicial del Estado hacia su reincorporación al mercado formal mediante el mecanismo de subasta pública.
La actividad formó parte de la primera gran subasta pública de bienes decomisados impulsada por el Incabide, una institución creada para custodiar y administrar propiedades incautadas, decomisadas o sometidas a procesos de extinción de dominio. En esta jornada también se incluyeron bienes vinculados a otros casos de alto perfil, entre ellos propiedades relacionadas con el exdirector de la Oisoe Francisco Pagán, además de aeronaves, yates, apartamentos de lujo, joyas y otros activos.
La subasta había despertado interés desde días antes. Unas 345 personas se inscribieron para participar en el proceso, luego de que el organismo anunciara la inclusión de 147 bienes ligados a expedientes de crimen organizado y corrupción. Ese medio señaló además que los fondos recaudados serían destinados a fortalecer programas de prevención y resarcimiento social, como parte del objetivo de devolver esos recursos a la sociedad dominicana.
La venta de los apartamentos de Figueroa Agosto y César el Abusador no solo tiene un peso económico, sino también un fuerte valor simbólico dentro de la narrativa institucional de lucha contra el narcotráfico. Ambos nombres quedaron marcados en la historia criminal reciente del país por la magnitud de sus operaciones y por el impacto mediático y judicial que tuvieron sus casos. En ese sentido, la subasta proyecta una imagen de recuperación de bienes que antes estuvieron en manos de redes ilícitas y que ahora pasan a formar parte del patrimonio gestionado legalmente por el Estado. Esta última apreciación es una inferencia basada en el carácter público de la subasta y en el perfil de los casos vinculados a los inmuebles vendidos.