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Operación Cattleya: Cae una Red de Trata y Se Hace Justicia a las Víctimas

Un hito en la lucha contra la trata de personas en República Dominicana.

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Santo Domingo, RDHerald.- La Operación Cattleya, que desmanteló una red de trata y explotación sexual de mujeres extranjeras en agosto de 2022, ha culminado con un veredicto histórico. El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó este martes sentencias condenatorias contra los implicados, marcando un precedente sin precedentes en la defensa de los derechos humanos en el país, según calificó el Ministerio Público. Este caso, que ha conmocionado a la sociedad dominicana, demuestra el compromiso creciente de las autoridades en la lucha contra este flagelo.

Condenas ejemplares y resarcimiento a las víctimas

Diez individuos fueron sentenciados a 20 años de prisión y al pago de 150 salarios mínimos. Entre ellos se encuentran José Alberto Rosario Soriano, Melvin José Valentín Peguero, Oscar Wilcenne, Dionicio Mieses de la Cruz, María Paula Murillo Vargas, Zafiro Natal Sánchez González, Engel Neftalí Vargas Soto, Alejandro Arturo Batista Bustamante, Robert Lee Eleuterio Paniagua y Oscar Wilcenne. Todos fueron declarados culpables de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Mieses de la Cruz recibió una condena adicional por delitos de alta tecnología (Ley 53-07), mientras que Murillo Vargas también fue condenada por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El tribunal demostró sensibilidad hacia las víctimas, acogiendo parcialmente su querella. Se ordenó el pago de RD$3,000,000.00 de indemnización por daños y perjuicios a dos víctimas, a ser pagados de manera conjunta y solidaria por varios de los acusados. Otra víctima recibirá la misma cantidad, a ser pagada por otros dos condenados. Esta indemnización representa un paso crucial en el camino hacia la reparación del daño sufrido por las mujeres víctimas de esta red criminal.

Otras condenas y absoluciones

Otros implicados, José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, recibieron condenas de tres años de prisión por proxenetismo y una multa de RD$50,000.00. Oliver Arnaud Lewinsky (Timothy Willian Case Renee) fue sentenciado a seis meses de prisión suspendida por posesión de marihuana.

En un giro significativo, Carlos Jonathan Walwyn Campusano fue declarado no culpable por falta de pruebas, marcando un importante recordatorio de las garantías procesales en el sistema judicial dominicano.

El Hotel Oscar Inn y el decomiso de bienes

El Hotel Oscar Inn Santo Domingo fue declarado penalmente responsable por su complicidad con la red criminal y se ordenó su disolución. Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes incautados durante la investigación, incluyendo dos vehículos: un Hyundai Sonata N20 y un Honda Accord ELX. Esta acción envía un mensaje claro: la impunidad no será tolerada.

Reacción del Ministerio Público y próximos pasos

La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) calificó la sentencia como un «hito sin precedentes», fruto de una investigación exhaustiva basada en evidencia forense y testimonios protegidos. La procuradora general de corte apelación, Yoanna Bejarán, resaltó el trabajo coordinado entre fiscales, cuerpos de seguridad y la cooperación interinstitucional. La lectura íntegra de la sentencia está fijada para el 24 de abril de 2025, fecha a partir de la cual las partes podrán recurrir la decisión.

Un precedente para el futuro

La Operación Cattleya y su consecuente veredicto representan un triunfo significativo en la lucha contra la trata de personas en República Dominicana. La contundencia de las condenas y el resarcimiento a las víctimas establecen un precedente importante que disuadirá a futuras redes criminales y fortalecerá la protección de los derechos de las personas vulnerables. Este caso destaca la necesidad de una cooperación continua entre instituciones para combatir eficazmente este crimen transfronterizo y garantizar que la justicia prevalezca.

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